El Partido Popular Democrático (PPD) debe ser rebautizado como el Partido Popular Dictatorial. Ante el tenebroso panorama del desplome del territorio-colonial, los(as) herederos(as) de la oligarquía política se atornillan al poder, al costo que sea. Tirándose por la borda con el salvavidas de puestos que les garantice su “dolce vita”, inventan toda suerte de excusas para no perder sus privilegios de clase. Como revancha en su “powerplay”, de forma dictatorial se amordaza a la ciudadanía.
Socavando los principios elementales democráticos para que la participación ciudadana ejerza su libertad de expresión en vistas públicas legislativas, el PPD dio su “golpe de Estado” contra un gobierno “por el Pueblo y para el Pueblo”. El PPD intenta justificar lo injustificable. Se alude a un “chisme de pasillo”. Una alegada conspiración por parte de jueces asociados(as) en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) se cocinaba. Supuestamente “tomarían por asalto” la presidencia de la Rama Judicial rompiendo con el “uso y costumbre” de que el gobernante le designara con el “consejo y consentimiento” del Senado.
La confirmación por descargue de la licenciada Maite Oronoz Rodríguez como presidenta del TSPR es una afrenta a nuestra precaria democracia por parte del PPD, el Senado de PR, y si no se retracta, la propia recién confirmada jueza presidenta. ¿Dónde quedó la preparación académica de quien tanto se alabó por estudiar en la Universidad de Villanova, Escuela de Derecho de la UPR y una maestría de la Universidad de Columbia? ¿Dónde está el conocimiento en derecho constitucional en torno al cotejo de balance de poderes en un sistema republicano de gobierno? ¿Dónde queda su capacidad interpretativa de la ley para presidir la rama del poder como el “último interprete” de los fundamentos democráticos de nuestra Constitución; respetando el más elemental derecho a la libertad de expresión?
La designación y confirmación de quién presidirá la Rama Judicial no es un asunto de poca monta. En nuestro sistema republicano de gobierno, tres de las cuatro cabezas (dos en la Rama Legislativa) de las tres Ramas del Poder, son electas. Aunque con funciones diferentes, las tres Ramas del Poder son de igual jerarquía en el ejercicio de sus poderes. La Rama Judicial en PR se constituye por designación de la Rama Ejecutiva, para pasar por el filtro del Senado, electo por el Pueblo. Dicho “consejo y consentimiento” senatorial tampoco puede usurpar los derechos democráticos del Pueblo, el soberano, amordazando su participación activa en vistas públicas.
Quienes reclaman que le corresponde al pleno del TSPR seleccionar a su presidente(a), tienen una visión miope de la letra de ley. Si el argumento esbozado para cuestionar la autoridad legal de parte del Ejecutivo, en nombrar a quien presidirá la Rama Judicial, es el silencio que guarda la Constitución del ELA de PR, ello funciona en ambas direcciones. La Constitución también guarda silencio con respecto a si le corresponde al pleno del TSPR nombrar a su presidente(a). Ante la laguna, ¿correspondería al pleno “interpretar”, o de intentar hacerlo, usurparía el poder, ya no del Senado, sino del Pueblo en enmendar mediante referéndum su Constitución? Por otra parte, en vista de que no tienen autoridad constitucional para usurparle a la Rama Ejecutiva la designación de jueces, ¿se esperaría que la curia estuviese compuesta por completo para entre los 9 jueces asociados “seleccionar” quién les presidiría? Sin haberse llenado la vacante existente en la curia, ¿se pretendía usurparle el potencial de “voz y voto” de quién pudiese ocuparla? No me podría imaginar que llegasen al extremo burdo, a nombrar a un(a) presidente, sin haber sido tan siquiera designado a la judicatura por el gobernante, pasando por el filtro del “consejo y consentimiento del Senado”.
Honorable jueza Oronoz Rodríguez, si se respeta a sí misma, abra camino para que mujeres ocupen la judicatura de forma proba. No permita que la utilicen oportunistamente en contravención a lo que su función judicial exige. Todavía está a tiempo para renunciar. Repudie con valentía las acciones anti-democráticas que amordazaron la participación a la ciudadanía a expresarse libremente mediante vistas públicas sobre su confirmación; lográndose atropelladamente apenas con el mínimo de votos necesarios. Acoja con brazos abiertos los cuestionamientos, bien o mal, que en derecho mediante demanda incoada, se harán siguiendo el debido proceso de ley en el trámite judicial. Tiene la oportunidad histórica de dar cátedra para restituir la confianza en la Rama Judicial, y sobre todo, en la democracia. Como usted bien dice, ¡“hay que bajar del Estrado”, para darse a respetar!
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