El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) reconoció ayer que el gobierno de Puerto Rico no tendrá liquidez a partir de junio, por lo que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica desarrolló amplias medidas para reducir el déficit fiscal.
Según el informe publicado, el gobierno mantendrá un déficit de liquidez de $923 millones y el informe reconoce que la deuda de Puerto Rico sobrepasa la deuda ante cualquier estado de EE.UU. y es insostenible . No tener suficiente ‘cash’ evitaría que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones fiscales.
“Para hacer frente a este déficit, el Grupo de Trabajo desarrolló amplias medidas de ingresos y gastos proyectados, para dar lugar a aproximadamente lo que reduciría el déficit fiscal a aproximadamente $34.0 mil millones”, explica el informe.
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También, añade que el BGF no puede ser una fuente de liquidez para el Estado o las corporaciones públicas porque, “se espera que su dinero en efectivo se agote”.
Si el Congreso no actúa, el informe propone que el gobierno central deberá proponer soluciones concretas para proteger la para proteger la salud, el bienestar y la seguridad de sus residentes.
De igual forma, el informe recordó que el economista de Moody ‘s, Mark Zandi, propuso que los legisladores deben considerar la reasignación del Capítulo 9 para las corporaciones públicas de la Isla y la adopción de un marco más amplio para la reestructuración todas las deudas del País.
“Sin esta reestructuración más amplia, es probable que el Capítulo 9 no sea suficiente para poner a Puerto Rico en un camino fiscal sostenible”, añade el economista.
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El informe reconoce que el acceso al Capítulo 9 para los municipios es insuficiente. “El Capítulo 9 por sí solo no puede hacer frente a la deuda que depende en última instancia de los ingresos del gobierno central”, reza el informe.
Así las cosas, el Grupo de Trabajo explicó que el gobierno necesita de un régimen de reestructuración eficaz y recomendó implementar elementos de un régimen de reestructuración.
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Ante la necesidad de medidas, propusieron buscar una reestructuración de toda la deuda dirigida en un solo procedimiento coordinado.
Además, reiteraron que Puerto Rico deberá continuar las negociaciones con sus acreedores sin intervención judicial y actuar de manera unilateral.
El informe se produce en momentos en que Puerto Rico busca un mecanismo de reestructuración fiscal que le permita hacerle frente a su deuda pública de $71.000 millones. Pero para alcanzarlo deberá facilitarle al Congreso los estados financieros auditados, los cuales podrían facilitar la aprobación de un proyecto que ayude a Puerto Rico resolver su crisis fiscal.
Lee el informe aquí
Paola Arroyo Guzmán, EL VOCERO
Periodista digital de El Vocero de Puerto Rico desde diciembre del 2014. Graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón (USC).
Condendan intromisión del gobernador en otogración de préstamos del BGF
El representante Antonio ‘Tony’ Soto, levantó bandera roja sobre unas declaraciones del gobernador Alejandro García Padilla, en las que admite que tiene participación en la aprobación de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a los municipios.
“La confesión hecha por el gobernador de que él decide a qué municipios se le otorgan préstamos es una impropia, contraria a la reglamentación vigente y es una intromisión de la política en las decisiones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Este tipo de decisiones son las que tienen sin liquidez al BGF”, sentenció hoy el representante.
El legislador criticó que no exista un procedimiento estándar para evaluar toda solicitud en sus méritos y conforme a esos parámetros aprobar o denegar la misma.
“Aquí el gobernador Alejandro García Padilla admitió públicamente que él fue el que le consiguió los empréstitos a los municipios de San Juan y a San Germán, cuando eso debe ser aprobado en sus méritos por un comité o por la junta del BGF, según lo establezcan los procedimientos. Por consiguiente, García Padilla intervino, influenció y logró la aprobación de los empréstitos mencionados, en clara violación de los procedimientos internos del BGF, sin él ser miembro del comité o de la junta”, agregó.
Según Soto, la Junta de Gobierno del BGF está en la obligación de decir si hubiesen aprobado esos préstamos sin la intervención del gobernador y cuántos casos adicionales a estos se aprobaron por instrucciones del gobernador.
” Qué situación cambió en esos municipios que merecían otorgarle esos empréstitos o agrandar los mismos es una pregunta que el Gobernador, los respectivos Alcaldes y los miembros de la Junta del BGF y su Presidenta deben aclarar”, sentenció.
“La alcaldesa de San Juan nunca levantó su voz de protesta hasta que le conseguí el préstamo ese en el BGF para poder operar el municipio de San Juan”, había dicho García Padilla en entrevista con un rotativo del país.
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