El Origen de La Bandera de Puerto Rico – Por Dr. Roberto H. Todd – Y Otros Escritos sobre Todd

El Origen de La Bandera de Puerto Rico – Por Dr. Roberto H. Todd

Estos son libros o escritos de la Biblioteca del Dr. Wilfredo Santiago Valiente – Líder Estadista de Nueva York y ahora residente de Nuevo Mexico
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  • Juez Presidente de 1951 a 1952

    Nació en Nueva York el 6 de marzo de 1891. Cursó la carrera de Derecho en National University de Washington de donde se graduó en 1912. De 1912 al 1914 realizó estudios postgraduados en Derecho en la Universidad Central de Madrid. A partir de 1917 se dedicó al servicio público. Fue Oficial Jurídico en el Departamento de Justicia (1917-1923), Procurador General Auxiliar (1923-1925), Juez de la Corte de Distrito (hoy Superior) de Ponce (1925-1938) y de San Juan (1938-1941). El 20 de febrero de 1941 fue nombrado por el Presidente Roosevelt para el cargo de Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 29 de agosto de 1951 el Presidente Truman lo nombró Juez Presidente, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1952. En junio de 1958 recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Puerto Rico. Falleció el 10 de Junio de 1973.

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Puerto Rico entre siglos: Historiografía y cultura

junio 2, 2015

Política y estatus: el estadoísmo en las dos primeras décadas del siglo 20

  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

El estadoísmo en la década de 1910

Los acontecimientos acaecidos entre 1909 y 1921 fueron decisivos en el diseño del estadoísmo anexionista de la década del 1930. Todo parece indicar que a ello se debió, en buena parte, su triunfo electoral previo al imperio del popularismo. Durante aquel periodo, la conciencia de que el “futuro americano” de Puerto Rico no estaba a la vuelta de la esquina, hizo necesario el desarrollo de la paciencia política dentro de aquel sector exigente. Algo análogo ocurrió con la idea de la independencia al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Esperar sin desesperar parecía una actitud lógica. Pero una cosa era lo que la lógica exigía y otra lo que las pasiones políticas provocaban en un sector tan desesperado como el nacionalista treintista.

Aquella crisis estuvo marcada por tres episodios poco discutidos. En primera instancia, la huelga legislativa de 1909 que estuvo centrada en el contencioso asunto del presupuesto estatal. El otro incidente fue la respuesta del Congreso de Estados Unidos a la actitud de reto de la elite colonial. La natimuerta Enmienda Olmstead a la Ley Foraker en 1909, se insertó a modo de un castigo paternal a una comunidad política que se consideraba pretenciosa e infantil. La propuesta de Marlin Olmstead, Republicano por Pennsylvania, tenía por objeto limitar los pocos poderes de la Cámara de Delegados de Puerto Rico al arrebatarle la facultad para dejar sin presupuesto al Estado como mecanismo de presión política. Se trataba de un escarmiento ejemplar: si exiges más de lo debido, esto es lo que te espera.

banderaDemás está decir que para el republicanismo puertorriqueño, adoptar una postura consistente ante aquella actitud no iba a ser fácil. La reprimenda autoritaria del Congreso beneficiaba políticamente a los unionistas independentistas y autonomistas, sin duda. Pero la rebatiña de Olmstead laceraba las esperanzas del partido que quería un “People of Porto Rico” que viera en Estados Unidos un signo benévolo y comprensivo. La situación guarda paralelos con la cargada atmósfera que dejó el primer proyecto de independencia de Myllard Tydings a raíz de los sucesos sangrientos de 1936.

Precisamente, la culminación de aquel resquebrajamiento fue el curioso episodio del Proyecto Olmstead de estatus en enero de 1910, suscrito con el propósito de sustituir la Ley Foraker. El “castigo” para la colonia pareció excesivo para muchos observadores, incluso para gente como Samuel Gompers. Los socialistas en Puerto Rico habían solicitado, por medio de Santiago Iglesias Pantín, la inclusión de ciertas reformas laborales básicas proyectadas en la Carta Orgánica de 1910. Ese solo hecho demuestra que muchos amigos de Estados Unidos en la isla cuestionaban la finalidad de la cruzada de Olmstead. Refiriéndose al proyecto HR 19718 del  61er. Congreso, Gompers aseguraba que el mismo daba la impresión de que “the Secretary o War and perhaps some other members of the administration are not willing to grant any practical reforms in the way of benefitting the masses of the workers of Porto Rico”. El asunto era espinoso porque la clase obrera puertorriqueña era reconocida como la base fuerte del estadoísmo anexionista emergente desde principios del Siglo 20. Gompers no guardaba reparos en argumentar que “the working people of Porto Rico stand committed to the constructive American method of our trade union movement, and are acknowledge to have done more for the Americanization of Porto Rican people than all other elements combined”. Las posibilidades de que lo que aquí denomino como la “actitud Olmstead”, causaran tensiones entre los obreros, eran muchas.

Todo esto, unido a la Crisis Económica de 1913, dejó al estadoísmo anexionista, integrado en el Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Socialista, en una situación incómoda. En aquellos años, como se sabe, el proteccionismo azucarero fue amenazado por el impulso renovador del Mercado Libre. La Ley Underwood pretendía abolir la protección que disfrutaba el azúcar local en Estados Unidos. La “mano invisible” de Adam Smith no consideraba las hipotéticas necesidades del capital azucarero local en la medida en que ponía a esa industria en igualdad de condiciones que la del café. Los efectos políticos de aquella disposición podían ser desastrosos. Hay que apuntar que la rebeldía de los unionistas no sirvió de mucho en aquel contexto. Si la meta de su reto radical era estimular la configuración de una relación más democrática y de más soberanía para Puerto Rico, el 1917 debió ser desilusionante para su liderato.

El Estadoísmo en la oposición: tácticas y fisuras

El campo de opiniones dentro del estadoísmo anexionista, cimentado en un aparente monolitismo, siempre ha sido rico y diverso. Me parece que esa es una premisa crucial para desarrollar un entendimiento plausible de las ideas radicales en Puerto Rico, independientemente de la dirección de los proyectos estratégicos que se propongan. El affaire Olmstead de 1910 es un buen modelo para comprender el asunto. Por aquellos azarosos días circuló en los medios políticos una carta firmada por José Guzmán Benítez, Presidente del Comité Territorial del Partido Republicano, dirigida al General Clarence Edwards, Jefe del Insular Bureau of the War Department y publicada el 15 de abril de 1910 por el Committe of Insular Affairs de la House of Representatives. En la carta, Guzmán Benítez aseguraba que el Partido Republicano estaba “in accord with Bill No. 19718”. La correspondencia previa entre Guzmán y Manuel F. Rossy en el mes de marzo de aquel año, confirmaba las simpatías que el Proyecto Olmstead despertó en algunos sectores del estadoísmo anexionista. La razón para el apoyo se comprende porque la versión original de la pieza disponía la extensión de la ciudadanía americana en forma colectiva a los puertorriqueños. Muchos pensaban que esta concesión aseguraba el camino de Puerto Rico a convertirse en un estado de la unión.

En una carta de Cayetano Coll y Cuchí a Roberto H. Todd del 15 de abril de 1910, se censuraba a Guzmán Benítez por su “audacia” o “atrevimiento” al ofrecer su sentir como la opinión del Partido Republicano “when he knows that this statements are at an absolute variance with the attitude of said party”. Todo parece indicar que las tensiones dentro del movimiento estadoísta anexionista, eran comunes y que, en ocasiones, sobrepujaban las luchas ideológicas y jurídicas. A nadie debe sorprender el hecho, se trata de algo consustancial a la naturaleza de las organizaciones políticas modernas, cimentadas en una hipotética unidad de propósitos que nunca es, ni puede ser, total o real.

En junio de 1911, Roberto H. Todd, alcalde la Capital y separatista anexionista, recibió unas cartas anónimas que criticaban con severidad su criterio al elegir funcionarios para ciertos puestos públicos claves en la Capital. La disciplina del partido había sido violada. Los argumentos para la censura anónima eran diversos. Una nota fechada el día 17, apelaba a la necesidad de que Todd fuese agradecido con quienes le habían servido bien en el pasado: “(D)ebo decirle al amigo Don Roberto, que mas de las veces no debe echarse en el olvido el pasado, y tener en cuenta mayormente a los que con gratitud, voluntad, buena fe y sin interés alguno expusieron su tiempo y esfuerzos para lograr que el amigo Roberto llegara [a] la posición Social que hoy ocupa”. El reclamo de que los puestos públicos pagaban favores políticos era obvio. Se trata de una tradición política de todos los tiempos en los ancestrales términos del quid pro quo más vulgar. El uso del recurso de la anonimia puede ser interpretado de una diversidad de modos: miedo al poder, pudor, respeto a la figura pública. Sin embargo, la situación deja por sentado que la política en la colonia tenía mucho de seducción y manipulación.

El 29 de junio un nuevo anónimo criticaba el nombramiento del Sr. Carballeira como Director de los Hospitales Municipales de Santurce. La extranjería del nombrado, ser español era ser foráneo después del 1898, resultó ser la manzana de la discordia. El secreto remitente preguntaba retóricamente: “¿No cree [usted], que en el número de profesionales en medicina y cirugía que hay de Puertorriqueños dentro del partido Republicano haya quien tenga más meritos contraídos, tanto intelectual como profesional para desempeñar ese cargo con más acierto que el Sr. Carballeira?”. La oposición no se limitaba al nombramiento de peninsulares:

Y, ¿qué me dice [usted], amigo Roberto, del nombramiento del Sr. Lippitt? . . . ¿porqué en lugar de nombrar á un Americano, no nombró [usted] aunque fuese de los quintos Infiernos a un galeno Puertorriqueño fuese quien fuese?.

William F. Lippitt, coronel del ejército, médico y masón grado 33, había llegado a Puerto Rico en 1903. Lippitt, casado con una puertorriqueña, fue Comisionado de Salud del Puerto Rico en 1912. El prestigio de Lippitt en los anales perdidos de la americanización puertorriqueña se puede equiparar al que poseen el doctor Paul G. Miller y el doctor Bailey K. Ashford, entre otros. La lección más sugestiva de todo esto es que el nacionalismo de los estadoístas anexionistas poseía características muy particulares. Contrario a lo que se acostumbra pensar, la defensa de lo “puertorriqueño” es un asunto que hay que abrir más allá de los estrechos márgenes del independentismo.

El efecto más significativo, desde la perspectiva de una historia política renovada, se encuentra en otro lugar. La idea de la Estadidad que animaba al estadoísmo anexionista fue revisitada a la luz de las relaciones contradictorias entre táctica y estrategia, también fueron examinadas y atenuadas al socaire de los tiempos. La polisemia de la Estadidad como la de la Independencia, es un asunto que no puede ser pasado por alto.

El estadoísmo en la década de 1920

El 1917, la Gran Guerra y la ciudadanía americana, forzaron la revisión del lenguaje político en Puerto Rico. Concesión o imposición, la ciudadanía movilizó la opinión política en una diversidad de direcciones. Cuando se evalúa aquel acto jurídico de cara a la opinión formulada por diversos autores estadounidenses durante la década subsiguiente al año 1898, el contraste es enorme. El Dr. José Anazagasty y yo hemos discutido ese problema en dos libros recientes a los que remito al interesado: We the People: La representación americana de los puertorriqueños, 1898-1927 (2008) y Porto Rico hecho en Estados Unidos (2011).

“Ambos a dos” (Rossy y Barbosa), caricatura de Mario Brau

Es cierto que el valor geoestratégico del territorio fue crucial en la decisión. Los portavoces del imperialismo neoaristocrático y la Marina de Guerra de Estados Unidos, reconocían, incluso antes de 1898, el valor militar de Puerto Rico en el Caribe. Pero es una postura frágil partir de ese aserto para desembocar en la hipótesis moral de que la ciudadanía se aplicó con el fin de usar a los puertorriqueños como “carne de cañón”. Cuando se observa el periodo referido desde una perspectiva panorámica, la impresión que queda es que la crisis legislativa de 1909 a 1910 y el interesante pugilato que produjo, incidió en el cambió de actitud de la clase política estadounidense ante el problema de los puertorriqueños.

En 1911, el asesor militar y Secretario de Guerra del Presidente Woodrow Wilson, Henry L. Stimson (1867-1950), sugirió revisar la relación de la metrópoli con su posesión tropical. La relación se examinaría a la luz de varias consideraciones de política internacional. Por un lado estaba el valor geoestratégico del territorio. Por el otro, se hallaban las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos sobre la América Latina y la futura apertura del Canal de Panamá en 1914. Puerto Rico cumpliría una función de relevancia en aquel contexto. Stimson fue una de las figuras más interesantes de aquel periodo. Laboró al servicio de administraciones lo mismo republicanas que demócratas, fue Secretario de Guerra y de Estado, tenía experiencia colonial dado que sirvió en Filipinas y Nicaragua y fue el impulsor de la Doctrina Stimson que se oponía a la expansión japonesa en oriente. La lógica de Stimson sugería que un Puerto Rico “American” garantizaría la seguridad del Canal de Panamá. Asegurar esa asociación fue lo que trajo el tema de la ciudadanía americana al tapete.

Sobre esa base, la Inteligencia Militar recomendó la necesidad de reconocer la ciudadanía americana colectivamente para los puertorriqueños. Lo más interesante de aquel proceso fue la insistencia en que se dejara claro que la ciudadanía no debía interpretarse como un compromiso de Estados Unidos a conceder la Estadidad. Hacer a los puertorriqueños ciudadanos, no equivalía a la incorporación. De hecho, se trataba de procesos distintos y distantes. Tenía que estar claro que sólo la incorporación como territorio implicaba un compromiso concreto en aquella dirección. La impresión de que Estados Unidos podía reconocer y legitimar aspectos parciales de equiparación para Puerto Rico sin comprometerse con la Estadidad y los estadoístas se hizo evidente. El sabor que quedó en muchos observadores fue que el estadoísmo estaba en retroceso.

La elite política y la ciudadanía americana

Diversos sectores de opinión aspiraban a la ciudadanía americana desde 1898, premisa importante para comprender las actitudes de la clase política colonial. Durante el 1912, año en que madura el Partido de la Independencia y precede a la crisis económica de 1913 al palio de la discusión de la Ley Underwood, la conmoción de algunos y el entusiasmo de otros era palpable. El Partido Republicano Puertorriqueño y el Partido Obrero Socialista, que se hallaba en camino a su revisión ideológica de 1915, respaldaron la posibilidad de la concesión. En ambos casos, la anexión por medio de la ciudadanía era visto como un acto de equiparación jurídica que mejoraría la imagen de Estados Unidos en Puerto Rico y adelantaría la causa estadoísta. Jurídicamente la decisión tenía especial relevancia: la veían como una garantía de unión permanente con Estados Unidos. La idea de que después de ello ya no habría un paso atrás, dominaba. La semántica del concepto “unión permanente” estaba entonces vinculada casi con exclusividad a la Estadidad y el estadoísmo. La ciudadanía era un escalón en el camino de la Estadidad, argumento que contradecía la postura de la Inteligencia Militar. Los estadoístas, para consumo electoral, alegaban que la decisión comprometería a aquel país con la integración total en un futuro mediato. El argumento era más la expresión de un deseo que una realidad.

El Partido Unión de Puerto Rico enfrentó el proceso con sumo cuidado. La “Ciudadanía Portorriqueña”, emanada de la Ley Foraker de 1900, había sido motivo de orgullo para parte del liderato independentista de la organización, en particular el abogado y escritor José De Diego. Es probable que, dada la situación de que se trataba de una decisión que se presumía inevitable, respaldaran la misma no sin imponer ciertas condiciones. Su situación de partido en el poder les daba un margen de movimiento que no poseían los partidos de minoría.

Con todo, si bien los defensores del self-government del unionismo convenían en que la ciudadanía era aceptable si se le reconocía mayor autonomía a Puerto Rico, los independentistas tenían reservas. Para figuras como De Diego y Luis Muñoz Rivera, el problema se reducía a una cuestión de principios: la “Ciudadanía Portorriqueña” estaba por ser sustituida por la “Ciudadanía Americana”. La lógica del liderato de la Unión resulta curiosa. En 1913, eliminaron la estadidad de la Base Quinta de su programa, y concentraron en la meta del self-government y la independencia con protectorado. En ello había una contradicción palmaria: elself-government era interpretado, dentro del marco de un progresismo vulgar, como un paso necesario hacia la independencia. Esa condición reducía al unionismo a la situación de un partido autonomista y a la independencia en una utopía moral. El radicalismo de Muñoz Rivera y de Diego se expresaba en otros ámbitos: en que se eliminara el Tribunal Federal de Puerto Rico, y en que se sacara a la isla del control de las Leyes de Cabotaje. La Gran Guerra (1914-1918), confirmó la opinión de la Inteligencia Militar. La ciudadanía fue extendida colectivamente a los puertorriqueños en marzo de 1917. De Diego había muerto en 1918 y Muñoz Rivera en 1916.

“A la vera de la Cámara” (Matienzo), caricatura de Mario Brau

Después de la ciudadanía y la Gran Guerra ¿qué?

Desde 1917 en adelante, el independentismo y el estadoísmo reevalúan sus posiciones ideológicas. La fundación de un Partido Nacionalista en 1922, y la consolidación de la Alianza de 1924, son prueba al canto de ello. En gran medida, la ciudadanía tuvo un efecto tranquilizador. Era como si las opciones radicales -Estadidad e Independencia- hubiesen sido canceladas en nombre de la voluntad estadounidense de mirar hacia las posibilidades de una evanescente tercera vía.

Una carta de Roberto H. Todd a Ogden L. Mills, asesor del gobierno de Estados Unidos, fechada el 24 de mayo de 1920, servirá para ilustrar la incómoda situación por la que pasaban los estadoístas. Se trata de una lógica análoga a la de los unionistas: “(if) Statehood is temporarily withheld, the Porto Rican should be entitled to at least as much self-government as the people of the Territory.” El asunto de la No-Incorporación de Puerto Rico como Territorio de Estados Unidos, y el hecho de que la Isla no fuese un candidato para el status de Estado, estaba en la médula del dilema.

La correspondencia política de José Celso Barbosa y Todd de los primeros años de la década del 1920 está plagada de observaciones en torno al peligro que representaba el independentismo para una relación sana con Estados Unidos. Muerto De Diego, las acusaciones de subversión se concentraban en Antonio R. Barceló y José Coll y Cuchí, entre otros. Unionismo e independentismo eran sinónimos para el liderato estadoísta republicano. Lo que preocupaba a aquel liderato era que el retraso en integrar a Puerto Rico a Estados Unidos mediante la incorporación o su transformación en un Territorio organizado tuviese resultados desastrosos. Para Todd, ello:

…has resulted in keeping alive the agitation for independence, autonomy, a protectorate, any sort of a scheme that makes of Porto Rico an old-time, old-fashioned “Republic”, with a few politicians riding big, white horses, with plumes and helmets, while the masses toil to support the “dignity” of this sort of nonsense. It has resulted in resisting the growth and use of the English language, a resistance that has at times developed into bitterness.

La situación de incertidumbre también afectaba otras zonas de la incómoda relación entre la metrópoli y la colonia.Todd insistía en que esa inseguridad había provocado que, a la altura de 1920, “this language (english) is use less in government court and offices, and there is less ambition to acquire it in the country than was the case fifteen years ago.” La ausencia de voluntad del Congreso americano atentaba contra el futuro de la relación entre ambos países. Todd quería colocar la responsabilidad de la situación en manos del Otro -el Congreso- con el fin de forzar la situación a favor del estadoísmo.

El otro aspecto que le molestaba era algo que ya se había manifestado en los textos americanos sobre Puerto Rico que ya he comentado en los dos volúmenes aludidos: la precariedad y la inmadurez de la praxis de la clase política insular. Todd se había tomado muy en serio el lenguaje paternalista que justificaba el tutelaje colonial de los puertorriqueños. Para demostrarlo resaltaba el carácter extravagante de la administración unionista desde 1904, el patronazgo político, y el hecho de que la cuota de empleados del Estado alcanzaba la friolera de 5,000 personas. No sólo eso:

Our Governor draws down $22,000 with the old “Palace” for a residence, a summer home in the mountains, a Packard automobile, with all accessions; and if callers present themselves at the Palace, and are regaled with cheese sandwiches and pink lemonade, the People of Porto Rico pay for the entertainment…

Todd, un hombre que había vivido la política del siglo 19, reconocía que las convenciones, miradas e inflexiones de aquel segmento de la clase política vinculada al unionismo y al independentismo, no habían cambiado tras el 1898: “…we have maintained in Porto Rico an old Spanish or British Colony, instead of a simple territorial government…”. El fantasma de la Autonomía Radical tipo Canadá y del 1887, seguía vivo en el país. El desplazamiento de la culpa era evidente: la responsabilidad del atraso estaba en el desinterés del Congreso, actitud que a veces era interpretada como debilidad. El estadoísmo se sentía abandonado a su suerte por el Imperio. La imagen que tenían los estadoístas sobre los americanos estaba cambiando. La ilusión que había despertado la invasión de 1898 había llegado a su fin.

Nota: Publicado originalmente en dos partes es  80 Grados-Historia  el 20 de enero de 2012 y en 80 Grados-Historia el 17 de febrero de 2012

mayo 29, 2015

El 1898, la alternativa radical y el apogeo del estadoísmo

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  • Mario R. Cancel Sepúlveda
  • Historiador y escritor

El separatismo puertorriqueño del siglo 19 fue un semillero de proyectos innovadores. El anexionismo, el independentismo, y el confederacionismo en todas sus dimensiones culturales, ya fuese hispanizante o pluricultural, surgieron del seno del separatismo. Las interconexiones entre aquellas propuestas fueron numerosas. El separatismo confederacionista, por ejemplo, se propuso la integración de las Antillas a Estados Unidos o a la Gran Colombia. Su interpretación como una forma del anexionismo más allá de la Nación es legítima. Pero la construcción de una confederación soberana no le fue extraña. La necesidad de asegurar la independencia de las pequeñas naciones ante la rapacidad de los imperios Europeo-Americanos, explicaba su disposición a disolver la nacionalidades en un hipernacionalismo nntillano de lógica kantiana.

Los fundamentos del separatismo eran simples: había que apartarse de España a toda costa por el carácter retrógrado de las prácticas políticas, jurídicas y económicas hispanas. La Monarquía representaba la negación del Progreso y la Modernidad. La forma final que tomara la Res Publicae, no era una prioridad, por lo que el asunto de la anexión o la independencia futuras, fuese individual o colectiva, resultaba lesivo para la causa. Las cuestiones de táctica y estrategia estaban sobre la mesa: lo que importaba era la separación. Lo demás podía esperar.

La riqueza ideológica del separatismo, sin embargo, ha sido obscurecida por la insistencia a vincularlo con el independentismo y el nacionalismo, tal y como maduraron en la segunda parte del siglo 19. Se confía más en el testimonio de Ramón E. Betances que en el de Roberto H. Todd, con un cierto maniqueísmo simplificador. Por otro lado, si anexión e independencia eran los extremos ideológicos en disputa, el balance de ambas dentro del separatismo nunca se ha discutido. La idea de que el anexionismo dominó el separatismo puertorriqueño, como ocurrió en ocasiones en la experiencia cubana, sigue siendo una aporía para la interpretación nacionalista, pero no deja de ser una idea tentadora.

En mayo de 1868, el Gobierno Superior Civil de la Isla de Puerto Rico sospechaba que la conjura que se cernía sobre Puerto Rico y Cuba, la que condujo a los gritos de Lares y Yara, buscaba la anexión a Estados Unidos. Se sospechaba que los activistas de Nueva York mantenían un comité en Madrid. El separatismo anexionista de 1868 se nutría del mito de la América Libre joven y poderosa, capaz de retar a la “vieja Europa (…) llevando adelante la célebre doctrina Monroe”. Aquellos ideólogos estaban lejos de concebir a Estados Unidos como un imperialismo amenazante. Se sostenía que el futuro de las islas había “sido trazado por la sabia mano de la naturaleza”, el Dios de la Ilustración. La imagen de que cierto Destino Manifiesto Antillano se hallaba detrás de la ansiedad anexionista, no resulta excesiva. La anexión era inevitable por dos razones: por su “posición geográfica”, y por las “necesidades de la política”.

El temor de que “los voraces yankees nos absorverían” (sic) era ridiculizado. La argumentación era terminante: “los que temen la absorción tiemblan ante una quimera forjada por su propia mente”. El argumento cultural que esgrimía la oposición no tenía validez alguna para estos teóricos, ante los beneficios políticos y económicos que reportaría. Lo que estaba detrás de la tesis anexionista era la esperanza de que la integración de Puerto Rico y Cuba a Estados Unidos, fuese por el mecanismo que fuese, las liberaría del empantanamiento histórico-social, y las pondría en la ruta del Progreso y la Modernización. Como decía Betances en otro contexto, España no podía dar lo que no tenía. La anexión era la garantía de la libertad, el sueño hegeliano y liberal, incluso si Estados Unidos tuviese que recurrir al vulgar recurso de una compraventa como se propuso bajo la administración de James Buchanan (1857-1861).

1898_1_NY_TimesEn 1903 el intelectual puertorriqueño J. J. Bas publicó el artículo “La Confederación Antillana” en respuesta a unos cuestionamientos del señor Carlos Casanova. Bas era un hostosiano y un confederacionista convencido. Pero el contenido de su confederación tomó otro cariz tras la separación de España. El periodo pos invasión cambió el lenguaje político radicalmente. Para Bas, la unidad de Cuba y Puerto Rico sería la clave de una futura Unión de las Antillas. En ello no difería de Betances o de Hostos. Bas decía que la Confederación era “cosa tan fácil, como que la hacen los Estados Unidos”. La ruta de la idea había hecho su periplo: de gestión de los Antillanos, la Confederación había evolucionado a gestión del Congreso y la Presidencia. El acicate de unas Antillas Unidas estaba ligado al hecho de que, en ambos territorios, Estados Unidos había hecho de las suyas, diseñando una relación neocolonial en Cuba, y concretando el tutelaje colonial mediante la Ley Joe Foraker de 1900 en Puerto Rico. Lo mismo en 1868 que en 1903, la culminación del relato liberal -la libertad- se consumaba de modos que contradecían el imaginario romántico de la lucha heroica por la independencia. La libertad se equiparaba a la integración al “otro”.

Un problema de la interpretación de estos asuntos en la historiografía puertorriqueña ha sido que la conveniencia o inconveniencia de un proyecto político como la anexión, se evalúa a la luz de una complicada postura moral. El compromiso de defenderla u oponerse a ella se convierte en una camisa de fuerza. Filosóficamente, se plantea un problema mayor: ¿puede la sujeción de la nación al “otro” leerse como la consecución de la meta de la Libertad? Es cierto que para los anexionistas esa pregunta es fácil de responder. Pero para los independentistas, la idea de la Libertad y la de la anexión son mutuamente excluyentes.

Una (re)visita a la opinión vertida al filo de la invasión del 1898 por los testigos del proceso podría resultar interesante. Prescindir de la postura nacionalista que ve la anexión como una opción retrógrada y reaccionaria, resultaría saludable. La condición de la independencia como signo exclusivo de la idea de la Libertad, limita las posibilidades de interpretación de un proceso complejo que sigue despertando pasiones entre los comentaristas.

La conmoción del 1898 produjo un fenómeno interesante: las voces públicas más visibles de la elite política local favorecieron la anexión y solicitaron la estadidad para el país. La anexión había sido un concepto quefijaba el protagonismo del proceso en Estados Unidos: o nos invaden o nos compran, qué más da. La Estadidad-Statehood o “condición de estado”- traducía la situación a un lenguaje jurídico. No bastaba con ser anexados: la invasión de 1898 lo había hecho, pero la estadidad no estaba en el horizonte. Los anexionistas convencidos como José Celso Barbosa, tuvieron que reconocer que el camino hacia la Libertad no estaría exento de tropiezos.

Un lugar común en la historiografía del 1898, una vez aclarados los nudos de resistencia a los invasores, es reconocer la celebración del hecho una vez consumado. La elite política local alcanzó un tipo peculiar de consenso. Luis Muñoz Rivera y José De Diego, que habían militado en el Partido Unión Autonomista; Barbosa quien dirigió el Partido Autonomista Ortodoxo, se acomodaron de inmediato a la nueva situación. La petición de que se diera a Puerto Rico la “condición de Estado”, figuró en el programa del partido Republicano y del Federal. Del mismo modo, el liderato de la Sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, encabezado por Julio Henna y el señor Todd, coincidieron. Los Separatistas fueron consecuentes con su actitud: ofrecieron su “Plan de Invasión” y un cuerpo paramilitar de apoyo -los Porto Rican Scouts– a los invasores. Incluso, informaron sobre las defensas de España en Puerto Rico en la Oficina del Secretario de la Marina, Theodore Roosevelt, y en julio de 1898, Antonio Mattei Lluveras y Mateo Fajardo Cardona, presionaron para que los exiliados acompañaran a los americanos en la aventura. Como organización la Sección… se comprometió a no solicitar la soberanía tras la invasión. El mismo Betances en una carta escrita a Henna el 16 de abril de 1898, desde su lecho de enfermo en Arcachón, Gironde, llegó a afirmar que “valdría más llegar a formar un estado en la Unión que seguir siendo españoles”. En esto no difería nada de los anexionistas de 1868.

La culminación de la anexión con la estadidad disfrutó también del apoyo popular: artesanos y obreros urbanos, los ensoñados herederos de los libertos de 1873, abrazaron con sinceridad el ideal. Numerosos trabajadores diestros y no diestros de la ruralía, mostraron una inusitada confianza en que la democracia americana reconocería sus derechos laborales y restablecería el orden. La clase profesional y una parte de la intelectualidad, confiaron en la promesa de Progreso lanzada por los estadounidenses. Incluso las “fuerzas vivas” de la colonia, los productores de azúcar, café, tabaco y frutas, la vieron como una oportunidad para el crecimiento. Los azucareros pensaron que la nueva soberanía podría sacar a la industria de su larga crisis. Y los caficultores y torrefactores estuvieron contestes en que después de la paces, se abriría el mercado del café en aquella nación. Resulta interesante la plasticidad de los boricuas de entonces. En Ponce los comerciantes medianos y pequeños, intentaron adaptarse con celeridad al cambio y comenzaron a presentar sus ofertas en inglés con el propósito de atraer / seducir al invasor / consumidor. Atribuir estos hechos a la confusión o al arribismo político, resulta insuficiente.

Es cierto: el 1898 significó una cosa para el 1930. Pero el 1898 del 1898 identificó la invasión con el esperado sueño de la modernización. Lo que me parece es que, para los puertorriqueños del 1898, el evento significaba que se cerraban las puertas de la independencia y de la autonomía. Incluso, intelectuales de la talla de Rosendo Matienzo Cintrón y Rafael López Landrón, llegaron a conceptualizar el 1898 como una revolución única porque se trataba de una revolución sin sangre. Pare ellos el 1898 equiparaba y superaba al 1789 francés. En el fondo, ambos pensaban el problema como los anexionistas del siglo 19, y como aquellos y como Betances, manifestaron un vigoroso menosprecio al carácter retrógrado y oscurantista de España.

La impresión que queda al cabo es que la estadidad fue no solo la respuesta colectiva más visible, sino la alternativa radical a la desaparición de la soberanía española en 1898. Aquel era el momento para anexar a Puerto Rico sin la menor resistencia. En ese sentido, la conveniencia de la anexión y la estadidad, y su conexión con el relato liberal, debe ser reevaluada desapasionadamente. Si el Puerto Rico que la reclamaba era masa amorfa o pueblo consciente, es indiferente. Se trata de una consideración que enmascara el hecho de que la imagen de la estadidad en 1898 y hoy, son distintas. La pregunta que queda en el tintero es ¿cuándo la estadidad dejó de ser la alternativa radical? A esa pregunta intentaré responder en otro momento.

Nota: Publicado originalmente en 80 Grados-Historia el 23 de Septiembre de 2011.

EL Boricuazo. POR SI NO LO SABIAN.

3 COSAS QUE TIENES QUE SABER… Sobre Eugenio María de Hostos:

1)   A finales de los 1800’s construyeron la primera línea ferroviaria que cruzaba las gigantescas montañas de Los Andes desde Argentina hasta Chile.  Mientras unos periódicos de la época le llamaban el TRANSANDINO, otros le llamaban el TRANSOCEÁNICO (del Atlántico al Pacífico).  Cuando bautizaron e inauguraron esta joya de la ingeniería no le llamaron George Washington, Simón Bolívar ni Abraham Lincoln… el primer tren que cruzó Los Andes se llamó Eugenio María deHostos.

2) Luchó, luchó y luchó como nadie para que las mujeres tuvieran el mismo derecho que los hombres a estudiar y hacerse profesionales, en una época que eso no se permitía, ni se veía bien.  Cuando la primera clase graduanda de mujeres se graduó en Chile, TODAS decidieron dedicarles sus tesis a una misma persona: Eugenio María de Hostos.

3) Hace unos años se publicó en Londres y Nueva York un libro titulado “Fifty Major Thinkers on Education”; en él se recogía la vida y las contribuciones de lo que se entendía eran los 50 educadores más grandes en la historia de la HUMANIDAD; del calibre de Jesucristo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Confucio y Locke, entre otros.  El ÚNICO latinoamericano que honran no es mexicano, ni cubano, ni argentino, ni colombiano… es el puertorriqueño Eugenio María de Hostos….

Un día 11 de enero, hace 174 años nació en Mayagüez, Puerto Rico, el educador más grande de toda la América Latina, tanto así, que un famoso historiador argentino escribió: “Hostos enseñó a pensar a América”.

(Eugenio María de Hostos fue quien redactó el Borrador de la Proclama que leyó en Ponce el General Nelson Miles a la llegada de las Fuerzas Liberadoras de USA a Puerto Rico.)

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