El gobernador García Padilla contempla denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la afirmación del gobierno del presidente de Barack Obama de que, como territorio de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado (ELA) está bajo los poderes plenarios del Congreso; una reiteración de lo que han sostenido públicamente al menos cinco anteriores presidentes de Estados Unidos y los informes de la Casa Blanca (2005, 2007 y 2011) sobre la situación política de Puerto Rico.

El problema con esa proeza del gobernador es que, para evidenciar que el ELA no está bajo los poderes plenarios del Congreso en virtud de la cláusula territorial (Art. IV, Sec. 3, Cl. 2 de la Constitución federal), tendría que responder varias espinosas preguntas que seguramente le harían sus interlocutores. Como las siguientes:

¿La Constitución del ELA que aprobó el Congreso federal en 1952 fue la misma que habían aprobado en San Juan los delegados constituyentes? Su respuesta tiene que ser “no”. Por su gusto y gana, sin consultar constituyente alguno, el Congreso eliminó completamente la sección 20 de la Carta de Derechos que establecía una serie de derechos de salud, vivienda, vestido y bienestar de los puertorriqueños. Enmendó además, inconsultamente, la sección 5, también de la Carta de Derechos, para agregar que la garantía de la enseñanza gratuita en las escuelas que se incluía en la Constitución no sería aplicable a los estudiantes de escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales.

¿Rebatieron los constituyentes ambas enmiendas? No. A pesar de haber levantado sus trabajos, se reunieron a la carrera nuevamente y aprobaron las órdenes del Congreso.

¿Puede enmendarse la Constitución del ELA –a pesar de ser una Constitución de limitante gobierno interno– sin la aprobación del Congreso?, le preguntarían al gobernador. Su respuesta tendría que ser “no”.

Los constituyentes puertorriqueños habían incluido en el documento magno –que estaban obligados a enviar al Congreso para poder ponerlo en vigencia–, en su Art. 3, Sec. 3, [De las Enmiendas a la Constitución] que “[n]inguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos”. El Congreso también le enmendó la plana a la constitución del ELA en ese apartado. Le agregó (no poca cosa): “Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución será congruente con la Resolución aprobada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución; con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos; con la Ley de Relaciones Federales, y con la Ley Pública 600 del Congreso”. Atadita, bien atadita por el Congreso, la constituci�n del ELA.

¿Objetaron los constituyentes puertorriqueños ese desmembramiento de la constitución de “su propia hechura”? No. Raudos y veloces se convocaron para aprobar el ucase congresional. Es decir, hasta la aprobación de cualquier enmienda a nuestra Constitución queda bajo los poderes plenarios del Congreso.

Bernier sigue mintiendo con el ELA como República Bananera Chavista que le controle la Ciudadanía a USA. El ELA es Peor de lo Peor – AGP/PPD No han podido definirlo en 62 años – El ELA Soberano es la República Bananera y regresar al Componte, a ser como Haití.

Podrían preguntarle al gobernador: bajo el ELA, ¿puede Puerto Rico suscribir acuerdos (no meros acuerdos protocolarios y trililís de deportes y cosas así) con otras jurisdicciones, sin la aprobación del Congreso y del gobierno federal? La respuesta tendría que ser “no”. No más recuérdese al secretario de Estado estadounidense George Schultz en 1986, ordenándole al entonces gobernador Rafael Hernández Colón desechar sus “acuerdos comerciales y contributivos” con Japón. Le tuvo que recordar Schultz al gobernador que por disposición congresional, “Estados Unidos es responsable internacionalmente por Puerto Rico”. ¿Siguió adelante Hernández Colón con sus “acuerdos”? No. Los descartó obedientemente.

Recuérdese también al secretario de Estado Collin Powell descartando en 2001 la solicitud de la gobernadora Sila María Calderón para que el ELA fuera tratado como “país soberano” y que se le aceptara en organismos como la Asociación de Estados del Caribe. Powell descarriló el plan de la gobernadora y envió un cable a todas las embajadas estadounidenses recordándoles que “Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos” y que “es el gobierno federal el que rige las relaciones internacionales de sus territorios”.

Una pregunta final que podrían hacerle al gobernador: ¿Tiene capacidad legal y política el ELA para declararse en quiebra sin la intervención del Congreso? La respuesta tendría que ser “no… ni para eso”.