En los últimos años, el fraude en tarjetas de crédito se ha elevado notablemente, siendo uno de los principales causales el crecimiento significativo que han registrado las transacciones por Internet.
Según estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), a septiembre de 2015, se registraron 1,247 casos de fraude de tarjetas de crédito, que superaron los $1.9 millones. Los casos más comunes son en fraude de órdenes por correo, falsificaciones y reclamaciones, partida que alcanza poco más de $1 millón en 82 casos reportados, de los cuales 45 correspondieron a Visa, con un monto de $73,892.16.
En tanto, la Consumer Sentinel Network, establece que el fraude con las tarjetas de crédito es la segunda forma más común de robo de identidad reportada, estando el 14% de los casos vinculados a las tarjetas de crédito.
No empece la tendencia alcista en dicha práctica, los gastos en el comercio electrónico siguen creciendo a pasos agigantados en la región de Latinoamérica y Puerto Rico, impulsados en gran medida por el alza en impuestos y los altos costos de los artículos, según un estudio comisionado por Visa Inc. y llevado a cabo por Euromonitor, donde la región de Latinoamérica obtuvo 44% de crecimiento entre 2011 y 2013, periodo en el cual Puerto Rico registró un alza de 16%. A la Isla, esa cifra la llevó a ocupar la posición número 12 en la región, con ventas ascendentes a los $1,100 millones.
Se estima que entre los años del 2013 al 2018 las ventas sigan en ascenso, y se proyectan gastos en el comercio electrónico ascendentes a los $1,615 millones para el 2018. De dicho gasto, la partida de las ventas por Internet son las de mayor crecimiento con ventas ascendentes a los $1,183 millones. A ello se suma el avance que igualmente reflejan las compras en el segmento de viajes y turismo, que se estima alcancen los $432.1 millones al 2018.
Para este año, la proyección de gastos de comercio electrónico se proyecta en $1,266.5 millones, lo que representará un alza de 9%, si se compara con el 2014, cuando los gastos totales alcanzaron los $1,166.6 millones.
Solimar Cedeño, gerente de Banca de Crédito del Consumidor y Vidriana Leal, gerente de Control de Riesgo de Fraude, ambas de Banco Popular, coincidieron en que el fraude de tarjetas de crédito es algo de todos los días, en todos los bancos. “No hay nada en particular que no veamos que ocurre todos los días. Lo importante es trabajar de manera proactiva para evitar la continuidad y lograr que los comercios puedan estar comprometidos en un esfuerzo común”, indicó Cedeño.
Leal aseguró que en el caso de Banco Popular tienen unos sistemas que monitorean el comportamiento de esas tarjetas las 24 horas los 365 días, y una vez identifican un patrón que no es usual, de inmediato se comunican con el cliente. Si las transacciones son ilegítimas, de inmediato proceden a cancelar la tarjeta y reemplazarla. “Este tipo de fraude no es de un banco en particular, es a través de toda la industria. Si la acción se refleja en un comercio en particular, donde hayan entrado a sus sistemas, procedemos a reemplazar todas las tarjetas que fueron utilizadas ese día en ese comercio, para evitar cualquier tipo de acción ilegal futura. A través del monitoreo diario y constante, hemos logrado detectar sobre el 80% de los casos, procediendo a cancelar dichas tarjetas”, explicó Leal.
Las ejecutivas sostuvieron que la práctica prolifera con la tendencia alcista en el uso de la Internet para efectuar transacciones, lo que permite que mucha de esa información viaje de manera remota y ocurra fraude desde cualquier parte del mundo.
Para protegerse de caer víctima de este delito, recomiendan: siempre solicitar un recibo de compras, reportar el robo de una tarjeta de crédito inmediatamente, revisar los antecedentes del negocio donde proyecta efectuar algún tipo de transacción electrónica, tomar medidas inmediatas contra el fraude y evitar usar tarjetas de crédito en ciertos lugares u ofrecer información de las mismas por teléfono, entre otras.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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Valde de agua fría al sector privado
El sector privado fue responsabilizado de asumir la agenda del gobernador Alejandro García Padilla y no trabajar en una propuesta amplia que atienda el problema estructural del aparato gubernamental, al margen de los planes del gobierno para atender la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA).
El señalamiento directo fue hecho por los economistas Carlos Colón de Armas y José Joaquín Villlamil, como oradores principales durante un almuerzo de la Asociacción de Ex Alumnos de Administración de Empresas-UPR (AFAE), lo cual levantó de inmediato la objeción de representantes de la Coalición del Sector Privado, que estaban presentes en el restaurante Antonio´s.
“A mí me decepciona más el sector privado en Puerto Rico porque tienen que dejar de hacer lo que tradicionalmente han hecho. Son acomodaticios con el gobierno de turno. Yo espero mucho de los políticos, pero espero mucho más de los CPA, de los abogados, de todos”, sostuvo Colón de Armas, luego de hablar que tiene dudas de que una junta de control fiscal con miembros nombrados por el Congreso de Estados Unidos, tenga la capacidad para entender la complejidad de Puerto Rico.
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Dijo que si el sector privado quiere contribuir “tiene que pautar los asuntos y no seguir la pauta del gobierno… y aquí nadie hace una propuesta de cerrar una agencia del gobierno y de qué gasto público se debe reducir. Mientras tanto, toda discusión de deuda, de la junta, lo que hace es distraernos”, resaltó enérgico Colón de Armas, lo cual causó molestia entre algunos presentes.
Por su parte, Villamil, quien dijo le ofende la imposición de una junta fiscal pero no ve otra alternativa cercana, coincidió con Colón de Armas y señaló que “el sector privado tiene la responsabilidad de proponer una alternativa y han sido extraordinariamente tímidos en atender el asunto público”.
“Las organizaciones del sector privado no están respondiendo a los retos del momento”, sentenció Villamil, mientras Colón de Armas fue más contundente y agregó sobre la Coalición del Sector Privado que “adelantan la agenda del gobierno, los intereses particulares y (están) perdiendo el tiempo”.
Zulmarie Urrutia, presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, que pertenece a la Coalición, estuvo presente y a preguntas de EL VOCERO rechazó el análisis de los economistas. Indicó que la Coalición, que ha hecho tres viajes a Washington, se ha involucrado en diversas gestiones para que si llega una junta de control fiscal, se incluyan medidas de desarrollo económico para la Isla. “Estamos asumiendo un rol de liderato mucho más activo y más fuerte”, agregó Urrutia.
“Este consenso no es absoluto. Hay propuestas que unos están más de acuerdo que otros. Pero el consenso está en las cosas que ayuden más al bienestar para la economía del país, la productividad, la competitividad económica y se liberalicen más los mercados”, abundó la CPA.
Igualmente, Ralph A. Kreil Rivera, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, también presente en el almuerzo, comentó que “en las 27 organizaciones que están unidas en una sola voz no hay interés particular ninguno, excepto que el desarrollo de Puerto Rico vuelva a reestablecerse”.
Kreil Rivera planteó que han destacado tres puntos en sus gestiones en el congreso y es la búsqueda de credibilidad para que haya transparencia, atender el asunto del costo energético para impulsar la economía y en la parte de salud que se atiendan los retos por recortes en Medicare y Medicaid. “Los líderes del congreso nos han atendido primero que a otros sectores y ellos sí están muy al tanto de lo que está ocurriendo en Puerto Rico”, afirmó.
Ebtre tanto, el nuevo presidente de AFAE, Ismael Falcón Ortega, presentó la propuesta “P.R. te llama”, con cuatro puntos. Eso es una junta de supervisión fiscal y no de control con amplia participación del gobierno local, se presente legislación para reestructurar la gobernanza pública, que los contratos para encaminar esos cambios recaigan en firmas locales y que esos cambios se financien con un fideicomiso que se solvente de las economías que se produzcan en el camino.
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