Si la administración de Alejandro García Padilla quiere salvar el Sistema de Retiro de Empleados del gobierno, debe comprometer al menos $352 millones de las economías que genere cualquier reestructuración o moratoria del pago de la deuda pública, para hacer las aportaciones adicionales que corresponden a este año fiscal.
El presidente de la Comisión de Sistemas de Retiro en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, así lo exigió ayer al argumentar, en entrevista con EL VOCERO, que cualquier economía que redunde de una reestructuración o moratoria de la deuda del gobierno central, debe ser utilizada de forma urgente y prioritaria para salvar el Retiro, cuyos activos netos se agotaron en el año fiscal anterior y los activos brutos proyectan agotarse en tres años.
Santa abogó para que el gobierno priorice una inyección de $352 millones en aportaciones adicionales tal como indica el actuario que son necesarios para evitar una disminución de $1,000 millones en activos brutos.
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“Si no se paga en su totalidad y la reserva de $1,000 millones no se mantiene, el sistema tendrá problemas de liquidez y puede estar obligado a vender activos ilíquidos, en una pérdida significativa a un mayor detrimento del sistema”, advierte el actuario.
A la luz del propio informe actuarial preparado por la firma Milliman, los activos netos están siwn fondos desde el año fiscal 2015. Si las contribuciones especiales y los aumentos en las aportaciones patronales, que aprobó este gobierno en la reforma del retiro, “no se pagan en su totalidad en una base anual, el Sistema de Retiro de Puerto Rico se seguirá descapitalizando rápidamente y sus activos brutos se agotarán”, advierte el actuario.
La proyección que reitera el gobierno, conforme al informe actuarial, es que los activos brutos se agotarán en el año 2019. Esas proyecciones son, sin embargo, bastante conservadoras puesto que el gobierno, para seguir su operación, ha estado vendiendo activos brutos y para pagar las pensiones. “El gobierno sigue operando solo porque el gobernador autorizó más de un billón en acciones costosas, a corto plazo y de emergencia para poder tener liquidez”, entre otras cosas porque “los activos de las pensiones, ya severamente empobrecidos, se están vendiendo para financiar la operación del gobierno”, reveló el principal asesor del Tesoro, Antonio Weiss, en vista congresional.
Un análisis de la Service Employees International Union (SEIU), Capítulo de Puerto Rico, estima que los activos brutos se agotarán en un período de ocho meses, dado a que los informes cuentan con “activos ilíquidos”, que son más difíciles de vender.
El representante Santa aseguró a este rotativo que ha sostenido conversaciones con la principal oficial financiero del gobierno, Melba Acosta Febo, por lo que puede dar fe que la administración García Padilla está consciente de la necesidad de atender los sistemas de retiro para evitar que perjudiquen aún más la economía de la Isla. Acosta Febo indicó a preguntas de EL VOCERO que “el proceso de la reestructuración de deuda fue diseñado incluyendo la Aportación Adicional Uniforme contemplada en la Ley 160-2013 como parte de los gastos que tienen que ser financiados por el gobierno central y los demás patronos para asegurar la solvencia del Sistema. También en la reestructuración de la deuda del gobierno central, además de Cofina, GOs, etc, se está incluyendo los $3 mil millones de los Pension Obligation Bonds que son los bonos propios de Retiro, lo cual tendría un impacto positivo en su estado de situación y cash flows”.
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Sin inyección de dinero, el sistema quedaría insolvente a mayor prontitud, lo cual le inhabilitaría para pagar sus pensiones. El gobierno necesitaría entonces presupuestar el pago de pensiones al Fondo General, lo cual a su vez limitaría otros servicios, advirtió Santa.
El Sistema de Retiro paga unos $1,400 millones al año en pensiones, según datos provistos por el administrador Pedro Ortiz Cortés, quien dijo que “sacar ese dinero de la economía en caso que el sistema quede insolvente, no es conveniente para nadie”. En las vistas congresionales, el republicano Mick Mulvaney, de Carolina del Sur, se expresó furioso con la propuesta de la Casa Blanca de priorizar el pago de pensiones sobre los bonos, mientras el republicano Scott Tipton, de Colorado, cuestionó la posibilidad de recortar las pensiones. Sin embargo, el analista económico de Moody’s, Mark Zandi, quien participó como panelista, marcó un contraste entre el recorte a los bonistas frente a los pensionados del gobierno. “Los pensionados son residentes de la Isla. Los acreedores se distribuyen en todo el mundo. El dolor sería mucho más fuerte en la Isla”, sensibilizó.
Aún cuando las conversaciones sobre reestructuración de la deuda del gobierno central se encuentran en una etapa muy preliminar y el Congreso de Estados Unidos aún no cuenta con los votos para legislar a favor de esta herramienta, desde la Cámara de Representantes en Puerto Rico se anticipan otros proyectos.
El representante Santa informó que trabajan en un borrador de un proyecto de ley que radicará a finales de marzo o principios de abril, para dar herramientas que permitan aumentar el rendimiento de la cartera de inversiones.
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