EL VOCERO/Archivo

El deterioro social que se materializa en actos de violencia, como parte intrínseco de la debacle fiscal, corren en carriles paralelos. Dependiendo de los delitos, estará por verse dónde y cómo se entrecruzan. Ambos temas van a la médula de la falta de gobernanza y legitimidad de las entidades llamadas a tomar cartas en el asunto. Por más que el gobierno de turno pretenda abrogarse bajar las estadísticas de los delitos Tipo I en Puerto Rico, evitan analizar las razones tras la supuesta disminución. La superficialidad con que se pretende dar vida propia a estadísticas, denota la falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Tampoco se analiza qué papel, si alguno, juega en el patrón de migración al Norte la falta de seguridad que experimentamos en Puerto Rico. Diariamente el recuento de la gama de delitos perpetrados en Puerto Rico nos jamaquea la conciencia. Por más que se intente manipular la percepción pública, incluyendo las propias estadísticas, con respecto a la falta de seguridad, no se puede “tapar el cielo con la mano”. Veamos.

Informes periodísticos recientes señalan que Jorge M. Sánchez (34 años) enfrenta cargos criminales por alegadamente golpear con un palo de escoba a su pareja, hasta hacerla caer en la calle, mordiéndola en el cuello, cual si fuese un perro rabioso. En otro incidente, Norberto Díaz Vega alegadamente agredió con puños en el rostro y pateó a su pareja, amenazando de quemarla con encendedor. También sale a relucir otro caso en que la falta de diligencia adecuada en el procesamiento criminal de Brian Molina Rodríguez, presunto agresor sexual, le permitió reincidir. Una fiscal de forma discriminatoria se negó a radicarle acusación por agresión sexual en agosto 2015, supuestamente porque la alegada víctima era una “bailarina exótica”. Continuar en “la libre comunidad”, le permitió seguir perpetuando agresiones sexuales. Entre éstas alegadamente se declaró culpable de una acusación, recibiendo una sentencia suspendida, cuya aparente lenidad sirvió poco para disuadirle. Nuevamente fue apresado al acechar a una estudiante holandesa.

La aparente dejadez con que se trabajan estos casos a nivel local, contrasta con la ligereza y firmeza con que agresores sexuales son encausados criminalmente, aunque por otros delitos por falta de jurisdicción en el ámbito de violencia sexual. Recientemente, el juez federal José A Fusté sentenció a Carlos Cruz Rivera a cumplir cerca de 72 años de prisión, por hechos de carjacking contra mujeres ocurridos en junio y julio del 2015. De igual forma, ante la lenidad en el trámite a nivel local de un violador, secuestrador, alegado maltratante de violencia doméstica, entre su patrón de violencia, posteriormente convertido en asesino, la jueza presidenta Aida Delgado dictó una sentencia de encarcelamiento perpetuo en el 2013 a Lashuan Casey, convicto por asesinato de un agente encubierto.

La serie histórica de estadísticas oficiales de la Policía de PR en el ámbito de violación, demarca la aparente falta de diligencia de las entidades llamadas a fortalecer a las sobrevivientes de violencia sexual para informar a la Policía. Lejos de que las estadísticas reflejen una baja en la perpetración de dicho delito, podría deberse al cambio drástico de una voz crítica a una de silencio sepulcral, y falta de confianza en agencias como el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), las unidades de Delitos Sexuales de la Policía y del Departamento de Justicia, como la Oficina de Asistencia a Víctimas. Interesantemente, en 1940 se informaron 63 casos de violación, cuya tendencia estadística fue aumentando hasta llegar a un máximo de 792 casos informados a la Policía en el 1977. Posteriormente, la tendencia fue reduciéndose, hasta llegar a 26 casos informados a la Policía en 2013. En 1977 hubo mayor activismo público cuando se inauguró el CAVV, retratándose un alza de casos informados a la Policía. En aquel entonces se criticaba contundentemente a las autoridades que discriminaban contra las víctimas, y la necesidad de establecer un protocolo médico-legal, incluyendo servicios de terminación de embarazos para las sobrevivientes de violación. Aumentar el número de casos informados a la Policía era indicador de efectividad del “apoderamiento” para que las sobrevivientes enfrentaran el discrimen en el trámite de justicia criminal. Por tanto, lejos de reclamar que la reducción en casos informados a la policía sea señal de una baja en la comisión de delitos en PR, puede que sólo refleje la disminución en la calidad de servicios y el aumento en la desconfianza en las autoridades. Soluciones reales de gobernanza ante el deterioro social requieren aceptar la verdad, ¡por dolorosa que sea!

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