A la corta o a la larga, el resultado deberá ser el mismo y se trata de una baja en la clasificación de los principales créditos del Estado Libre Asociado (ELA), que aunque ya tienen la poco honrosa clasificación de CC, el paso hacia la D, o “imposibilidad de cobro”, es cuestión de tiempo. El impago es virtual.
Eso es lo que se desprende del análisis de un artículo publicado por la agencia Standard & Poor´s, donde reafirma el crédito CC de varios emisores del gobierno local, lo cual se refiere a un nivel especulativo alto, y elabora sobre las perspectivas negativas y eventuales impagos.
“En nuestra opinión, toda la deuda respaldada por impuestos de Puerto Rico es altamente vulnerables a la falta de pago”, afirmó David Hitchcock, analista de S&P.
Sea que el gobierno de Alejandro García Padilla opte por no pagarle a sus acreedores, o porque finalmente obtenga algún mecanismo para reestructurar la deuda pública, lo cual ven con posibilidad, el resultado es un impago con las consecuencias de una baja crediticia hasta que se consiga recuperar la confianza inversora nuevamente.
De esta manera, es poco lo que queda para que créditos otrora altamente estimados, como los de las obligaciones generales (GO´s) o de la corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), respaldado por impuestos, hayan continuado en desgracia crediticia.
Sobre COFINA, la proyección de Hitchcock es que la fragilidad en la liquidez y la pronunciada renuencia del gobierno a priorizar pagos sobre gastos operacionales, “nos lleva a concluir que la separación anual del recaudo de impuestos para COFINA programado para julio 1 podría no ocurrir”.
Hasta ahora, la peor nota la cargan las emisiones de la Corporación de Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), con D, al dejar de ser pagadas el año pasado.
Hitchcock entiende que aquellos créditos con reservas en sus fideicomisarios como la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones ($9.5 millones) y la Autoridad de Carreteras y Transportación ($224.6 millones), deberán cumplir con pagos pendientes a julio. Pero reconoce que “es incierto para nosotros” si podrán ir en impago para las obligaciones pendiente a enero de 2017.
Añadió que el ELA ha proyectado fragilidad en sus finanzas en diferentes informes, lo cual podría sugerir falta de pagos en los vencimientos de intereses del Banco Gubernamental de Fomento para abril y mayo. EL VOCERO anticipó esta semana que el BGF está cerca de que se le asigne un síndico, gestión que debe ordenar al gobernador, gestionar el Secretario de Hacienda aprobarlo un tribunal de primera instancia, con el resultado extremo de una liquidación de activos.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Pierluisi pide seriedad para atender la deuda de la Isla
El comisionado residente y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, hizo un llamado al liderato político en la Isla, incluyendo al candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, y a otros candidatos con aspiraciones a puestos electivos, a tomar en serio el asunto de la crisis económica y fiscal.
Pierluisi denunció que la alegada intención del PPD, de legislar una moratoria unilateral al pago de la deuda pública por parte del Gobierno de Puerto Rico no solo sería inconstitucional, sino que agravaría la falta de credibilidad del País ante el mundo, dificultaría más cualquier posible negociación de buena fe con los acreedores y empeoraría la situación.
“Que el gobierno de Puerto Rico intente decretar unilateralmente una moratoria, como propone Bernier y el liderato legislativo del PPD, no es solo inconstitucional, sino que es además un plan irreal para lidiar con el problema de la deuda pública. Una acción en esa dirección resultará en innumerables pleitos en los tribunales y perpetuará la mala relación que ha tenido y propiciado la presente administración con sus acreedores”, señaló Pierluisi.
“Esta administración no acaba de darse cuenta de que la forma de atender el tema de la deuda pública, no es mediante amenazas o interrupciones de pagos, sino mediante la apertura, la transparencia y la negociación consensual. Pretender legislar acciones unilaterales es muy peligroso. Una moratoria o un diferimiento del pago de principal, al tiempo que se mantienen los pagos de intereses, puede ser presentada y negociada de buena fe con los acreedores. Me consta que existen grupos de bonistas locales y a nivel nacional que estarían dispuestos a dar concesiones en esta línea, pero hay que sentarse con ellos y buscar esa solución consensual antes de ponerse a legislar y querer forzar esas alternativas”, añadió.
De igual forma, el líder de la Palma hizo énfasis en que “ignorar la seriedad de la crisis por la que atravesamos al pretender que aquí no hay necesidad de tipo alguno de reestructuración de una porción significativa de la deuda pública demuestra una crasa falta de entendimiento del problema y una enajenación total de lo que se siente y se palpa en la calle. Esa es una postura claramente irresponsable, cuyo único interés parecer ser avanzar intereses políticos a destiempo”.
Ayer, se ventió la posible inconstitucionalidad de la ley de quiebra criolla en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuya decisión final, al igual que las disposiciones del proyecto legislativo federal que está siendo elaborado, tendrán un impacto directo sobre la crisis fiscal que enfrenta la Isla. Por tal razón, Pierluisi insistió en que la discusión en Puerto Rico sobre cómo atender el problema de la deuda del gobierno local tiene que ser constructiva y comedida.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de negociar soluciones reales que busquen consenso entre todas las partes. En ese sentido, resaltó la importancia de continuar luchando en el Congreso por la aprobación de medidas que permitan al gobierno local atender el problema de la deuda de una forma ordenada, a la vez que permitan reactivar nuestra economía.
“La mejor solución es que el Congreso apruebe legislación que propicie las negociaciones necesarias entre los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico, y que provea un mecanismo legal para hacer cumplir cualquier acuerdo de reestructuración del pago de las deudas de nuestras entidades públicas. El objetivo de la legislación tiene que ser estabilizar las finanzas públicas y lograr que nuestro gobierno vuelva a tener un acceso adecuado a los mercados financieros, y deje de ser un impedimento para el crecimiento económico que todos queremos”, añadió.
De igual modo, afirmó que “he sido consistente en mi posición. Desde el primer día he propuesto que el Gobierno se siente con sus acreedores, con total apertura y transparencia, y demuestre los méritos o deficiencias de cada uno de los créditos que tiene Puerto Rico, de modo que se pueda determinar cuáles habría que reestructurar y cuáles se pueden pagar, según fueron originalmente acordados. Como bien decimos aquí, ‘cuentas claras, conservan amistades’. Además, Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden y tenemos que respetar nuestras propias leyes y nuestra Constitución, siempre protegiendo el bienestar social, la seguridad, la salud y la educación del pueblo”.
“La crisis nos afecta a todos, y tenemos que encararla con madurez y seriedad. Utilizar estribillos del pasado no nos llevará a ningún lado. La situación por la que atraviesa Puerto Rico no es un juego de niños. Nuestro pueblo ha estado agobiado por casi una década de depresión económica, y de un deterioro social y de calidad de vida. No debemos seguir perdiendo el tiempo con improvisaciones, y mucho menos con el juego a la república, cuando no lo somos. Somos ciudadanos de la nación más importante y desarrollada del mundo. Vamos a hacer valer nuestros derechos”, concluyó Pierluisi.
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