La polémica entre el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, y la mayoría de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) se intensificó este miércoles, luego que algunos de los legisladores que se querellaron en contra del ejecutivo municipal denunciaron que la cúpula de la colectividad dio por terminado el conflicto sin tomarlos en cuenta.

Dos de los representantes querellantes, que prefirieron no ser identificados, rechazaron por separado que se haya llegado a un acuerdo con el presidente del PPD, David Bernier, para aplacar los ánimos entre las partes, como afirmó el martes el secretario general de la colectividad, Javier Echevarría Vargas.

Ambos legisladores, de un grupo de 18 querellantes, declararon a este medio que conocieron sobre la supuesta resolución del conflicto a través de la prensa, ya que nunca se reunieron ni conversaron sobre el asunto con el liderato del partido. Al anunciar el fin de la disputa, Echevarría Vargas aseguró que Bernier “dialogó personalmente” con López Rivera y todos los legisladores involucrados, y este miércoles defendió el proceso.

“El alcalde ni siquiera contestó la querella. Aquí no hubo ningún proceso, aquí prácticamente no hubo ninguna atención directa de la Junta de Gobierno a la situación. No hubo tales acuerdos, no se llegaron a tales acuerdos. Con el presidente (Bernier), nunca tuve comunicación, al menos yo, y no hubo reunión ni acuerdos a esos efectos”, indicó uno de los representantes de la mayoría popular consultados por este medio.

“La comunicación debe ser clara, y definitivamente, en el caso nuestro, el doctor Bernier no tuvo nada que ver en esta controversia”, añadió.

Los representantes presentaron a principios de mes dos querellas en contra de López Rivera por las expresiones que ha hecho en contra del representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez. La primera de las quejas ante el PPD fue suscrita por 11 legisladores, y a la segunda se unieron siete compañeros más.

La pugna se relaciona con la contienda en primarias por el escaño del Distrito 11 de Dorado, Vega Baja y Vega Alta, que se disputan Hernández Montañez y Manuel Santiago Castellano, quien es el aspirante respaldado por el alcalde.

Echevarría Vargas planteó este miércoles que, como en todo proceso adjudicativo, cualquier parte que haya quedado inconforme tiene la opción de impugnar el caso. No obstante, instó a los querellantes a utilizar los canales internos del PPD para exponer sus argumentos.

“Cualquier parte que no esté de acuerdo con el dictamen que se tomó por parte del partido tiene espacio suficiente y una invitación a que, dentro de nuestra institución, presenten lo que son sus desavenencias con relación a la determinación que se tomó, y serán así atendidas con agilidad y rigor”, dijo el abogado al descartar que las críticas al manejo de las querellas creen un clima de desconfianza sobre el proceso.

Aunque no fue categórico, el secretario general del PPD manifestó que sí tuvo intercambios con cada una de las partes en el caso.

“Me parece que con la mayoría de ellos, como son 18, yo he conversado con ellos sobre varios planteamientos, he entrado en conversación con ellos, y en mi recuerdo está que esto ha sido parte de las conversaciones que he tenido con cada uno de ellos (los representantes). Me consta que igualmente el presidente ha tenido conversaciones directas con las principales personas envueltas porque lo ha hecho en mi presencia, y ha sido claro en su llamado a la unidad que debe regir cualquier tipo de situación de esta naturaleza”, enfatizó Echevarría Vargas.

Sin embargo, la opinión de uno de los querellantes entrevistados dista de esa aseveración.

“Nunca me consultaron, nunca me llamaron antes de tomar la determinación final. Me sorprendió primero ver el comunicado de prensa y luego recibir un correo electrónico con la resolución firmada por el secretario. Yo lo tomo como una falta de consideración y respeto que hayan tomado una determinación sin haber un acercamiento para saber lo que ocurrió. No tengo conocimiento de nada. No sé qué fue lo que pasó”, comentó.

Ambos legisladores advirtieron que insistirán en su reclamo por que el alcalde de Dorado se disculpe públicamente, y que la Junta de Gobierno se exprese para exigirle al ejecutivo municipal que cese en sus ataques en contra de Hernández Montañez.

Echevarría Vargas manifestó el martes que las partes habían acordado no emitir ningún tipo de expresión pública que pudiera resultar “nociva” para alguna persona o la institución política. Los dos querellantes minaron la credibilidad del alegado acuerdo.

“A mí no me consta. Yo, por lo que vi en el comunicado de prensa, no puedo darlo por bueno porque se parte de una premisa equivocada porque nunca hablaron con nosotros, y en el comunicado él (López Rivera) dijo que no iba a hablar, pero no tengo certeza de eso”, sostuvo uno de los querellantes.

“Se manejó muy mal. Creo que la institución debió haber tomado cartas en este asunto como las ha tomado en otros casos… Pero en este caso, erraron en las decisiones que tomaron. Y no es una querella mía, hay más de 11 representantes, y tiene que haber un poco de respeto hacia los funcionarios electos”, añadió.

Preocupa el manejo del caso

Por su parte, el representante popular Jesús Santa, quien también figura como uno de los querellantes, lamentó la manera en que los líderes del PPD atendieron la controversia. Reconoció que discutió informalmente el asunto hace unos días con Bernier y con Javier González, uno de sus más estrechos colaboradores, y dijo que tenía la impresión de que el conflicto sería discutido con todas las partes.

“Pensaba que hubiera incluido (en las conversaciones) a todos los muchachos. A la hora de la verdad, firmamos 18. No sé si esa comunicación que hubo conmigo la hubo con los demás. El proceso, quizás, pudo haber sido más abierto, pero si al final del día, se logra que esa contienda primarista (por el escaño representativo) se pueda llevar a cabo en un nivel de respeto -creo que la intención de la querella no es otra- así que, si eso se logra, estamos bien”, puntualizó Santa.