El gigante de la construcción Odebrecht, una de las mayores empresas brasileñas, tenía un departamento dedicado a pagos irregulares, según la Policía Federal de Brasil. Los responsables del caso Petrobras, que investigan una compleja trama de corrupción de la petrolera estatal y empresas contratistas, creen que altos ejecutivos del grupo Odebrecht operaban un sistema de contabilidad paralela llamado “sector de operaciones estructuradas” para pagar los sobornos, que contaba hasta con un sistema electrónico propio. Ocho de los ejecutivos fueron detenidos esta mañana.

La Policía Federal cree que existen indicios de que Odebrecht hizo pagos indebidos por medio de intermediarios, con el objetivo de conseguir ventajas para la empresa, y señala que varios destinatarios de los sobornos, que se pagaban en efectivo, tienen vínculos “directos o indirectos con el poder público en todas las esferas”. El expresidente del grupo, Marcelo Odebrecht, fue condenado a principios de marzo a 19 años de prisión por su implicación en la trama de corrupción de Petrobras, que investiga el juez Sérgio Moro. Los supuestos pagos del departamento dedicado a los sobornos se realizaron al menos hasta la segunda mitad de 2015, cuando Marcelo Odebretch ya estaba detenido. Los investigadores creen que el presidente cesado de la contratista consentía la corrupción y que incluso intervino directamente para controlar las cuentas de este departamento fraudulento.

Las investigaciones han colocado bajo sospecha obras como las del estadio del Corinthians, en São Paulo (donde tuvo lugar la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol en 2014) o el Porto Maravilha (Puerto Maravilla), el proyecto que reformó la zona portuaria de Río de Janeiro con el fin de prepararla para los Juegos Olímpicos programados para agosto. La fiscalía cree que el departamento de sobornos hizó pagos, además, a responsables por las obras del aeropuerto de Goiânia,  las de la SuperVia (el sistema de trenes urbanos de Río de Janeiro) y de Trensurb (que administra las líneas de trenes en Río Grande do Sul).

La nueva fase de  la Operación Lava Jato (Lavacoches) empezó temprano el martes. A primera hora del día, los investigadores emitieron 67 órdenes de busca y captura, 28 de conducción coercitiva (obligación del investigado de declarar), 11 de prisión temporal y cuatro de prisión preventiva en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais y Pernambuco. Por la mañana, círculos cercanos al Gobierno de Brasil vieron con nerviosismo cómo un coche de la Policía Federal se dirigía al hotel Royal Tulip, en Brasilia, en el que se encuentra alojado el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, según el diario Folha de S. Paulo, el coche patrulla se fue del lugar poco después sin llevarse a nadie detenido. La Fiscalía pidió este mes prisión preventiva para el exmandatario, acusado de delitos de lavado de dinero y ocultación de patrimonio.  Según la acusación, Lula y su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, ocultaron la propiedad de un apartamento de lujo en Guarujá (litoral del Estado de São Paulo). El domicilio está a nombre de la constructora brasileña OAS, investigada en la misma operación anticorrupción. Lula siempre ha negado que la vivienda fuese suya.

Algunas de las informaciones que apuntan a comportamientos indebidos en Odebrecht fueron reveladas por María Lucia Tavares, una secretaria de la empresa que fue detenida en una operación anterior y que ha aceptado colaborar con las autoridades a cambio de una reducción de la condena. Los investigados en Odebrecht responderán por los delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y blanqueo de dinero.

El lío judicial que envuelve todas las relaciones institucionales en torno al expresidente Lula en Brasil continúa, envenenando y paralizando todas las instancias del país. En un toma y daca sin precedentes en la justicia brasileña, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teorí Zavascki, se arrogó el martes el proceso de Lula, investigado por el juez de primera instancia Sérgio Moro, instructor del Caso Petrobras. De esta manera, Lula vuelve a escapar de Moro, que, según temen altos cargos del Partido de los Trabajadores (PT), está dispuesto a llevarle a la cárcel en cuanto pueda.

MÁS INFORMACIÓN

• Los 15 días en los que Brasil enloqueció
• Sérgio Moro, popular o populista

Lula fue nombrado ministro el miércoles 16 de marzo. Los investigadores están convencidos de que el nombramientorespondía a un intento de refugiarse en el cargo para escapar, precisamente, del juez Moro, gracias a que como un ministro brasileño solo puede ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. El viernes, después de otras intentonas judiciales de jueces de primera instancia, un magistrado del STF, Gilmar Mendes, anuló el nombramiento, dejando el cargo de ministro en suspenso, alegando que Lula trataba de huir de la justicia. De modo que el expresidente volvía, a partir de entonces, a depender, judicialmente, de Moro. Muchos militantes del PT temieron que el juez ordenara la prisión inmediata del expresidente. Incluso se apostaron en los alrededores de su casa en São Paulo para impedirlo.

Ahora, una nueva vuelta judicial revoluciona el proceso: Zavascki, que es el magistrado del Supremo brasileño encargado de procesar a los implicados del Caso Petrobras que gozan de aforamiento, ha decidido hacerse con el caso. Por lo menos hasta que la semana siguiente una decisión colegiada del STF sentencie definitivamente quién se queda con el futuro judicial del expresidente. Zavascki, en su auto, critica duramente a Moro, acusándole de haber divulgado, sin razón judicial pertinente, conversaciones grabadas por la policía de Lula con otros dirigentes del país, entre los que se cuenta la propia Dilma Rousseff.

El Gobierno sostiene que la única razón que empujó a Rousseff a incluir a Lula en el Gobierno fue la de que el expresidente le ayudara a conservar en el Congreso los aliados políticos necesarios para evitar que el juicio político (impeachment) acabe con su mandato en el próximo mes. De cualquier forma, la prensa brasileña asegura que, aún sin cargo oficial, a eso se está dedicando Lula. No le va a ser fácil, ya que estos aliados, que ven a Rousseff cada vez más debilitados, cada día que pasa son más remisos a apoyar al Gobierno y ya prevén un futuro político sin Rousseff ni PT (ni por supuesto Lula) en el Ejecutivo.