WASHINGTON – El liderato republicano de la Cámara de Representantes federal tiene previsto dar a conocer el martes la legislación que apunta a dejar en manos de cinco personas designadas por el presidente de EE.UU. la decisión de cuáles dependencias del Gobierno de Puerto Rico podrán tener acceso a un proceso de reestructuración de deuda.
“El borrador de legislación que guiará la discusión se hará público el martes”, dijoesta noche a El Nueco Día Parish Braden, portavoz del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
La divulgación del borrador de legislación busca cumplir con la promesa del speaker cameral, Paul Ryan (Wisconsin), de proponer una posible solución federal a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico antes de que termine el primer trimestre del 2016.
En las últimas horas, sin embargo, han circulado informes contradictorios sobre el contenido de la legislación.
Por un lado, un “resumen republicano” del proyecto –divulgado ayer por The New York Times–, indica que la autorización para reestructurar deuda pública sería “limitada” y no permitiría darle preferencia al pago de las obligaciones del sistema de retiro, que rondan los $45,000 millones y son independientes a los $70,000 millones de deuda del resto del Gobierno de Puerto Rico.
El resumen republicano indica que reordenar la preferencia de los pagos –en este momento la prioridad, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico, la tienen las obligaciones generales del gobierno– “tendría serias consecuencias sobre el mercado municipal de bonos y la relación actual entre acreedores y deudores”.
Los puntos circulados por republicanos, que tienen mayoría en la Cámara baja y el Senado estadounidense, afirman que la reestructuración de “ciertas” empresas públicas podría ser ordenada por los miembros de la junta federal de control fiscal, luego que realicen una auditoría de las finanzas de cada emisor de deuda, se mejoren sus operaciones y se implanten recortes presupuestarios.
Primero, sin embargo, tendría que haber un proceso de negociación voluntaria entre los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico.
Contrario a la situación actual, sin embargo, el Gobierno por vez primera tendría la posibilidad de recurrir a un tribunal –si convence a la junta de control fiscal–, a reclamar el reajuste de algunas de sus obligaciones.
Voz, no voto
Al gobernador de Puerto Rico y al secretario del Tesoro les darían un asiento en la junta federal, pero sin voto. La junta –que tendría oficinas en Washington y San Juan– incluiría por lo menos dos residentes de Puerto Rico con derecho al voto, y exigiría presupuestos y planes fiscales balanceados, dice el resumen.
Antes de conocerse la interpretación de los republicanos sobre el borrador de legislación, el servicio de noticias Bloomberg había reportado que de acuerdo con fuentes demócratas, el proyecto recomendará crear un sistema territorial de quiebras muy similar al capítulo 9 de la ley federal.
La legislación incluiría el poder para frenar demandas de cobro en contra del Gobierno de Puerto Rico, en espera de un proceso de reestructuración “territorial”, fuera del código federal de bancarrotas, coinciden demócratas y republicanas. Pero nadie ayer podía precisar el momento en que esa moratoria –que puede ser necesaria para evitar un impago masivo de cientos de millones de dólares el 1 de mayo o el 1 de julio– entraría en vigor.
Una fuente demócrata dijo anoche que el forcejeo entre republicanos y demócratas sigue activo y abierto todo este fin de semana. Pero, que el lenguaje que ha visto, aunque persigue primero un proceso de negociación voluntaria entre los acreedores y el gobierno, permite “una reestructuración abarcadora de la deuda”.
“Están tratando de complacer a mucha gente”, dijo una fuente legislativa, al recordar que por un lado tienen al Comité de Estudio Republicano –el grupo más grande de legisladores del Grand Old Party (GOP) en la Cámara baja– opuesto al capítulo 9 y por el otro el Tesoro y el Gobierno de Puerto Rico reclamando el poder para reestructurar toda la deuda.
El jueves, en momentos en que la Cámara baja federal cerraba sus trabajos, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien participa en las negociaciones y ayer se abstuvo de hacer comentarios sobre el proyecto, indicó que “se le debe seguir dando un trato preferente al pago de las obligaciones generales”, lo que, dijo, no descarta una negociación voluntaria sobre esa deuda.
Los planes del Comité de Recursos Naturales, que maneja la legislación, son llevar un proyecto a votación a mediados de abril y tratar de aprobarlo en el pleno de la Cámara baja para fines de ese mes. Todavía quedaría el Senado, donde los demócratas han exigido un poder de reestructuración abarcador y tienen suficientes votos para detener una legislación.
El calendario legislativo, nadie parece dudar, no permite una solución federal antes del pago de cerca de $480 millones el 1 de mayo, pero la junta fiscal todavía tendría que acelerar el paso si quiere evitar el impago masivo que nadie cuestiona, el del 1 de julio, cuando el servicio de la deuda alcanza los $1,900 millones.
Prevén reestructuración limitada de la deuda
Republicanos circulan resumen que descarta dar preferencia a la deuda de retiro
WASHINGTON – El liderato republicano de la Cámara de Representantes federal recomendará el martes crear una junta federal que tenga el poder último sobre los presupuestos y planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, y pueda autorizar la reestructuración de “ciertas áreas de la deuda pública”.
“En última instancia, (la junta) tendrá la autoridad para promulgar un plan y un presupuesto fiscal si el gobernador y la Asamblea Legislativa fallan en hacerlo”, indica un resumen del borrador de legislación que prepara el Comité de Recursos Naturales y se divulgó anoche.
De acuerdo con el resumen, la junta estaría formada por cinco personas, que según The New York Times –que publicó primero el contenido del documento–, serían designadas por el presidente de Estados Unidos.
“El borrador de legislación que guiará la discusión se hará público el martes”, dijo anoche a El Nuevo Día, Parish Braden, portavoz del Comité de Recursos Naturales.
La divulgación del borrador de legislación busca cumplir con la promesa del speaker Paul Ryan (Wisconsin) de proponer una posible solución a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico antes de que termine marzo.
En las últimas horas han circulado informes contradictorios sobre el contenido de la legislación, debido a la descripción que hacen demócratas y republicanas en torno al poder de reestructuración que tendría la junta federal.
Por un lado, el “resumen republicano” quiere acentuar que la reestructuración de la deuda no será abarcadora. Las fuentes demócratas sostienen que es mucho más amplia de lo que da a entender el documento preparado por la dirección del Comité de Recursos Naturales.
Los puntos circulados por republicanos, que tienen mayoría en la Cámara baja y el Senado, afirman que la reestructuración de “ciertas áreas” de la deuda podría ser ordenada por los miembros de la junta federal, luego que se realice una auditoría de las finanzas de cada emisor de deuda, se adopte un plan fiscal y presupuestario, y se lleve a cabo un proceso de “mediación entre los diferentes deudores y los acreedores”.
“Si la reestructuración de la deuda es necesaria en ciertas áreas y acuerdos voluntarios no pueden ser alcanzados, la junta de supervisión tendrá la capacidad para facilitar una reestructuración de la deuda, cuando sea necesaria, supervisada por un tribunal, pero no en el contexto del capítulo 9 de quiebras”, indican.
El resumen ejecutivo se expresa en contra de dar preferencia al pago de las obligaciones del sistema de retiro, que rondan los $45,000 millones y son independientes a los $70,000 millones de deuda del resto del Gobierno de Puerto Rico.
Indica además que reordenar la preferencia de los pagos –en este momento la prioridad, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico, la tienen las obligaciones generales del gobierno– “tendría serias consecuencias sobre el mercado municipal de bonos y la relación actual entre acreedores y deudores”.
El resumen agrega que el borrador de legislación permite un freno en la litigación en contra del gobierno –que diversas fuentes advierten es necesario–, pero es un asunto que por sus implicaciones “constitucionales” todavía requiere afinarse.
Voz. no voto
El resumen ejecutivo dice que la junta, aunque sus miembros pudieran ser nombrados por el presidente de EE.UU., “sería una entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, pero no estaría sujeta al control del Gobernador o la Asamblea Legislativa”.
Al gobernador de Puerto Rico y al secretario del Tesoro les darían un asiento en la junta, que tendría oficinas en Washington y San Juan e incluiría por lo menos dos residentes de la Isla con derecho al voto, según el reportaje del New York Times.
Antes de conocerse la versión del liderato republicano sobre el borrador, el servicio de noticias Bloomberg había reportado que de acuerdo con fuentes demócratas, el proyecto recomendará crear un sistema territorial de quiebras muy similar al capítulo 9 de la ley federal.
Una fuente demócrata dijo anoche que el forcejeo entre republicanos y demócratas sigue activo y abierto.
“Están tratando de complacer a mucha gente”, dijo una fuente legislativa, al recordar que por un lado tienen al Comité de Estudio Republicano –el grupo más grande de legisladores del Grand Old Party (GOP) en la Cámara baja– opuesto al capítulo 9 y por el otro el Tesoro y el Gobierno de Puerto Rico reclamando reestructurar toda la deuda.
Los planes del Comité de Recursos Naturales son llevar un proyecto a votación a mediados de abril y tratar de aprobarlo en el pleno de la Cámara baja para fines de ese mes. Todavía quedaría el Senado, donde los demócratas han exigido una reestructuración abarcadora y tienen suficientes votos para detener una legislación.
El calendario legislativo, nadie parece dudar, no permite una solución federal antes del pago de cerca de $480 millones el 1 de mayo, pero la junta fiscal todavía tendría que acelerar el paso si quiere evitar el impago masivo que nadie cuestiona, el del 1 de julio, cuando el servicio de la deuda alcanza los $1,900 millones.
Reacciona el gobernador
El gobernador Alejandro García Padilla enfatizó anoche en que una junta fiscal “no electa” por el pueblo de Puerto Rico sería inaceptable.
“Puerto Rico necesita las herramientas para reestructurar la deuda que tomaron otros gobiernos y que resulta ser impagable. Todos los expertos han llegado a esa conclusión. Si por los malos manejos y las malas prácticas de los gobiernos que nos precedieron y por políticas federales erradas, es necesaria una junta de supervisión, tal junta no puede usurpar la democracia”, afirmó.
“Una junta no electa por el pueblo, con la capacidad, por ejemplo, de imponer ‘taxes’ o despedir empleados –sostuvo el Gobernador– no es aceptable para mí y no puede serlo para ningún puertorriqueño”.
Gobernador insiste en que no aceptará junta no electa por el pueblo
La propuesta de la Cámara de Representantes federal incluiría miembros seleccionados por el presidente
El gobernador Alejandro García Padilla enfatizó esta noche en que una junta de supervisión fiscal no electa por el pueblo de Puerto Rico sería inaceptable.
El mandatario reaccionó por escrito a la posibilidad de que la Cámara de Representantes Federal apruebe un plan de ayuda a la Isla que incluiría la creación de una junta integrada por cinco miembros electos por el presidente de Estados Unidos de entre un grupo de candidatos con experiencia en finanzas, leyes y otros campos relevantes al asunto que atenderán.
Se prevé que tanto el secretario del Tesoro y el gobernador también serían parte de la junta, pero no tendrían derecho al voto.
“Puerto Rico necesita las herramientas para reestructurar la deuda que tomaron otros gobiernos y que resulta ser impagable. Todos los expertos han llegado a esa conclusión. Si por los malos manejos y las malas prácticas de los gobiernos que nos precedieron y por políticas federales erradas, es necesaria una junta de supervisión, tal junta no puede usurpar la democracia”, estableció García Padilla.
“Una junta no electa por el pueblo, con la capacidad, por ejemplo, de imponer taxes o despedir empleados, no es aceptable para mí y no puede serlo para ningún puertorriqueño”, reiteró.
El primer ejecutivo insistió en que cualquier medida legislativa tiene que ser evaluada en sus méritos para garantizar que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda “sin matar la democracia puertorriqueña, ni convertirla en una baja de guerra”.
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