WASHINGTON– El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, prevé que los poderes de la junta federal de control fiscal que propone imponer sobre Puerto Rico el liderato republicano de la Cámara de Representantes van a ser suavizados y que el próximo borrador de legislación así lo hará claro.

Pierluisi indicó que ha sometido al presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah) más de 50 comentarios en busca de enmendar los apartados más duros del anteproyecto de ley.

“Este proyecto de ley puede y va a sufrir cambios”, indicó Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y precandidato a gobernador.

Cuando Bishop presente el martes el borrador de legislación más reciente, pero más aún cuando la medida se convierta en un proyecto de ley a mediados de abril, Pierluisi está confiado en que los poderes de la junta de control fiscal estarán reducidos.

En particular, Pierluisi dijo que ha objetado que la junta pueda estar en funciones por cinco años – piensa que el máximo debe ser tres-, y el lenguaje, incluido la creación del puesto de gerente u oficial de administración, que permitiría a la nueva autoridad federal desplazar las funciones del gobernador o la legislatura.

Columna: El borrador republicano

Entre otras cosas el borrador que se conoció el viernes permite a la junta echar hacia delante presupuestos y planes fiscales por encima del gobernador y las cámaras legislativas de Puerto Rico.

Al puesto de “gerente” de reestructuración u oficial principal de administración, mientras, el borrador le otorga funciones de supervisión directa sobre las oficinas del gobierno y hasta el poder de hacer nombramientos.

“El proyecto de ley sí incluye algunas disposiciones – casi cada una de las cuales se tomó literalmente de la ley de 1995 que creó una junta independiente para el Distrito de Columbia – que, en mi opinión le dan a la junta poderes excesivos, innecesarios y antidemocráticos”, indicó Pierluisi, en una declaración escrita.

Pierluisi, por otro lado, se mostró satisfecho con la autorización que se le da a la junta fiscal para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a $70,000 millones, y a la transferencia de “hasta 3,000  cuerdas de tierra no contaminadas en el oeste de Vieques”.

“Además, expresé mi apoyo a la sección 408 que establece que nada en el proyecto  restringe el derecho de Puerto Rico a determinar su futuro status político, incluyendo usar los $2.5 millones que el Congreso autorizó y asignó en el 2014 para llevar a cabo la primera consulta avalada por el gobierno federal en la historia de Puerto Rico”, señaló Pierluisi.