WASHINGTON- El borrador de legislación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. propone otorgar a una junta federal de control fiscal poderes de un súper gobierno, por encima de la Constitución de Puerto Rico, sus funcionarios electos y con autoridad general para reestructurar la deuda pública.
Para poder ordenar todo ese proceso, la legislación, como han reclamado las autoridades de Puerto Rico, decretaría un freno en la litigación judicial en reclamo de pagos del gobierno, incluidos los referentes a bonos.
Como se adelantó, la junta, que funcionaría por un mínimo de cinco años, estaría formada por cinco personas, todas nombradas por el presidente de Estados Unidos, según el borrador, al que le otorgan el título de «Promesa», las siglas en inglés de «Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act».
Por lo menos dos de los integrantes de la junta serán residentes de Puerto Rico.
La junta federal de control federal tendría un director ejecutivo nombrado por el presidente de la nueva autoridad, con el consentimiento de los demás miembros.
El gobernador de Puerto Rico y el secretario del Tesoro de Estados Unidos serán miembros de la junta, pero solo con derecho a voz, no a voto.
Aunque los miembros de la junta son nombrados por el presidente de EE.UU., el borrador define ese organismo como una dependencia del Gobierno de Puerto Rico, con oficinas en Washington D.C. y San Juan.
Además de poder designar un director ejecutivo, la legislación propone crear la figura de un «gerente» con poder para supervisar cualquier departamento del gobierno y hacer nombramientos.
La «junta de supervisión» –el nombre que le otorgan a la autoridad federal que propone el anteproyecto de ley– «puede delegar en el gerente la responsabilidad de supervisión de los departamentos y funciones del Gobierno de Puerto Rico», indica.
«Nada está fuera del alcance de esa junta», de acuerdo con el borrador que circuló anoche, dijo una fuente legislativa, al describir la autoridad que se concede a sus miembros.
Antes de que El Nuevo Día obtuviera copia del borrador, sin embargo, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó que está confiado en que las disposiciones más duras de la propuesta legislativa, que fueron tomadas del proyecto que estableció una junta de control financiero sobre Washington D.C. en 1995, «puedan ser modificadas».
Por medio del anteproyecto de ley –como las otras medidas republicanas que se han radicado previamente–, el gobernador tendrá que someter a los miembros de la junta el presupuesto y sus planes fiscales.
Cada tres meses deberá rendir informes sobre ingresos y gastos.
La junta tendrá absoluta discreción para determinar cuándo un presupuesto es aceptable.
Si el Gobierno de Puerto Rico incumple con la orden final, la junta podrá implantar su voluntad después de consultar con los comités con jurisdicción directa sobre los asuntos de la Isla: Recursos Naturales de la Cámara de Representantes; y Energía y Recursos Naturales del Senado.
La propuesta es tan severa que hasta un funcionario del Gobierno de Puerto Rico que viole los mandatos de la junta puede ser multado en $1,000 e imputado de un delito menos grave.
Los miembros de la junta, sin embargo, tendrán inmunidad en el desempeño de sus funciones.
Aunque la nueva autoridad fiscal se crea como una dependencia del Estado Libre Asociado, el Gobierno de Puerto Rico no puede supervisarla.
Reestructuración
Aunque establece primero un proceso voluntario de negociación hacia la reestructuración de la deuda pública, un apartado de la legislación otorga un poder genérico a la junta para reajustar las obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico, que rondan los $70,000 millones.
«A los bonistas ese apartado les va a desconcertar», dijo una fuente del Congreso, al resaltar una de las áreas que describen como un potencial triunfo para el Tesoro y las autoridades de la Isla.
Como parte de su autoridad fiscal, la junta también determinará cuándo se emiten bonos del gobierno.
Los procedimientos de reestructuración de deuda, que se pueden iniciar después de haber fracasado una negociación para un reajuste voluntario entre los acreedores y una entidad emisora de deuda del Gobierno de Puerto Rico y de tener estados financieros auditados, serían presentados ante el Tribunal Federal del distrito de San Juan.
Pero, las controversias sobre el funcionamiento de la junta –pese a que se define como una dependencia del Gobierno de Puerto Rico– tendrían que dilucidarse ante el Circuito de Apelaciones de Washington D.C.
Proyectos
Con el objetivo de acelerar desarrollo económico, la junta podrá suspender normas del Gobierno de Puerto Rico, incluidas las ambientales, para poner en marcha proyectos de «emergencia».
La legislación permitiría eximir a la Isla del salario mínimo federal en el caso de trabajadores menores de 25 años, por los primeros tres meses en el empleo.
La propuesta legislativa, que se quiere convertir en un proyecto de ley a mediados de abril, ordenaría un estudio sobre el estado de los sistemas de retiro del Gobierno y recomendaciones para su financiamiento por 20 años.
Como parte de ese estudio, la legislación reclama considerar si es necesario congelar futuros beneficios de esos sistemas de pensiones.
Vieques
La medida recomienda además, en lo que sería una clara victoria para los viequenses, la devolución de los antiguos terrenos militares que ahora están en manos del secretario del Interior de EE.UU.
Esa propuesta, según fuentes, fue negociada por el comisionado Pierluisi directamente con el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), quien tiene previsto hacer público el martes el borrador que tenga en ese momento.
De hoy al martes, la medida todavía puede sufrir cambios y más aún antes de ser presentada la semana del 11 de abril. El calendario legislativo, sin embargo, está lleno de obstáculos.
Como ocurre con las autoridades de la Isla, a demócratas del Congreso les resulta problemático que los republicanos de la Cámara baja quieran permitir que las cinco personas que integren la junta tengan el poder final sobre el presupuesto de la Isla.
Mientras los demócratas dicen oponerse a una junta que limite más la autonomía local, sectores republicanos rechazan que se permita un procedimiento que fuerce una reestructuración de la deuda, si antes no han ocurrido nuevos recortes y reformas en el Gobierno de Puerto Rico.
Preliminarmente se quiere celebrar una audiencia sobre el proyecto el día 13, que coincidiría, de hecho, con el homenaje en el Capitolio federal al regimiento 65 de Infantería.
Si las cosas salen bien, entonces el Comité de Recursos Naturales podría llevar a votación el proyecto de ley el 14 de abril.
Entonces, la medida pasaría al pleno de la Cámara baja, quizá para algún momento antes de que termine abril.
Luego, quedaría el siempre complicado Senado federal.
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