Cuatro de los siete aspirantes a la gobernación de Puerto Rico expresaron ayer su disposición para acudir a una reunión y buscar entendidos ante la inminente imposición de una Junta de Control Fiscal federal para la Isla.
La respuesta surge luego que el gobernador Alejandro García Padilla reaccionó la noche del sábado al anteproyecto de ley de la Cámara baja federal que propone una Junta de Control Fiscal federal al convocar a un frente unido “en oposición a una junta que priva al país de un gobierno propio”. García Padilla catalogó el establecimiento de tal junta como el “asesinato de la democracia puertorriqueña”, y adelantó que estaría citando esta semana a los candidatos a la gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores gubernamentales y no gubernamentales para “unirnos en este reclamo básico”.
Pese a sus diferencias con el primer ejecutivo, el comisionado residente en Washington D.C. y aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi; el candidato por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier; el candidato por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe; y el candidato independiente, Manuel Cidre, se expresaron en la disposición de acudir al cónclave para adelantar el bien de Puerto Rico.
Al considerar que la medida republicana restringe aún más los ya limitados derechos del pueblo puertorriqueño, el profesor Bernabe urgió: “necesitamos la misma actitud de movilización y desobediencia con que enfrentamos a la Marina (de Guerra) en Vieques”, al confirmar que acudirá a cualquier reunión con la propuesta de auditar la deuda, suspender los pagos y exigir que se eliminen las medidas de austeridad contra los trabajadores.
El plan republicano para Puerto Rico contempla mayores medidas de austeridad al crear una junta con la facultad de reducir los beneficios a los empleados, recortar pensiones, controlar los gastos, modificar la estructura del sistema contributivo y establecer impuestos adicionales. De las recomendaciones ser rechazadas por los funcionarios electos, la junta podrá implementarlos por mayoría de votos de sus miembros.
Precisamente, contra esa sección que autoriza a la junta aplicar sus recomendaciones fiscales a pesar de las objeciones del gobierno, el comisionado residente comunicó su oposición al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Rob Bishop. También se expresó en contra de la sección que autoriza a la Junta a nombrar un Oficial Principal de Administración, “lo que parece cruzar la línea de supervisar”. Aun así, Pierluisi consideró en un tono más cuidadoso que los poderes del gobernador y la Asamblea Legislativa permanecen intactos, pues “la Junta asistiría a los líderes locales, no los desplazaría”.
Aunque se expresó disponible para una reunión, Pierluisi difirió de la postura de oposición a la creación de una Junta de Supervisión, ya que considera irreal la pretensión de que el Congreso estadounidense apruebe una alternativa de reestructuración sin la aceptación de tal junta. Advirtió que de la única forma en que el proyecto se convertirá en ley -con el voto demócrata- es si permite la reestructuración de la deuda y limita el poder de la junta a uno de supervisión sin ordenar ni controlar al gobierno de Puerto Rico.
En tanto, el aspirante primarista por el PNP, Ricardo Rosselló Nevares, se expresó diametralmente opuesto a acudir a una reunión convocada por el gobernador, mientras que la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, señaló que reaccionará a la convocatoria una vez la invitación sea en efecto realizada, y adelantó que se expresará en torno al tema hoy en conferencia de prensa.
Tanto la senadora independentista como el aspirante estadista consideraron “inaceptable para Puerto Rico” el anteproyecto de ley, pero se reafirmaron en la necesidad de atender el estatus político para solucionar definitivamente la crisis económica.
En anticipación a las críticas, García Padilla expresó que limitar la discusión de la crisis fiscal a una de estatus “le hace daño al país y a sus posibilidades”. Indicó incluso que de aprobarse el proyecto discutido por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, lo impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad internacional.
La senadora Santiago consideró, sin embargo, que “la inminencia de la imposición de la junta, como anticipa el borrador, revela de la forma más cruda lo que significa vivir en un régimen de inferioridad política: es el Estado Libre Asociado al desnudo. Ya debe ser evidente para todos la raíz política de la crisis económica y que la única forma de superarla es superando el estatus colonial”.
Rosselló Nevares insistió en la necesidad de vincular el proyecto a un proceso descolonizador encaminado a la admisión de Puerto Rico como estado, mientras rechazó formar parte del frente común con quienes dijo son “los responsables de agravar esta situación hasta llevar el gobierno a la quiebra”.
EL VOCERO intentó obtener una reacción de la candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, pero una vez más los intentos fueron infructuosos.
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