Los imputados de un crimen que son enviados por el tribunal a los hospitales psiquiátricos forenses están atrapados en una encrucijada burocrática y presupuestaria que en más de una ocasión los ha dejado sin recibir atención médica, literalmente a las afueras del hospital.
La directora de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Isabel Llompart, denunció que desde diciembre y hasta tan reciente como la semana pasada, ha atendido llamadas de jueces administradores quejándose de que enviaron a un imputado a alguno de los dos hospitales psiquiátricos forenses, sin que se les permitiera la entrada al hospital. La directora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carmen M. Graulau Serrano, no rechazó el señalamiento, pero se defendió indicando que trata de evitar el hacinamiento en estas instituciones.
“Es como si me llamara el secretario de Corrección y me dijera que no le mande más gente porque no tiene espacio. Esto no cabe en un país de ley y orden. Hemos tenido muchos contratiempos. Hay jueces que me han llamado para dejarme saber que tienen una guagua con unos alguaciles en el Hospital de Psiquiatría Forense y que le dicen allí que no lo pueden admitir”, relató Llompart. “Ella (Graulau Serrano) no se puede negar a cumplir una orden del tribunal. Ella es abogada, ella lo sabe. Punto y se acabó. Nadie puede”.
Llompart relató que el más reciente de estos incidentes involucraba una persona que había atentado contra su vida y que fue enviada desde el Tribunal de Carolina al Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce. En horas de la noche recibió una llamada del juez indicando que los alguaciles esperaban con la persona imputada a las afueras del hospital, pues no se les permitía pasar.
Una posible solución a este problema sería la expansión del hospital de Río Piedras. Según informó ASSMCA, tan reciente como la semana pasada, la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignó $200 mil para habilitar un módulo adicional que albergaría 27 pacientes. El costo de las reparaciones, según la directora de ASSMCA, es de cerca de $450 mil. Habilitar esta sección podría tomar dos meses adicionales, según dijo a este rotativo.
En la Isla hay dos hospitales psiquiátricos forenses. Uno en Ponce y otro en San Juan. En estos hospitales se reciben a las personas que no pueden enfrentar un juicio por no tener la capacidad para entender los procesos o a los que acusados que necesiten tratamiento psiquiátrico. Ambos hospitales –al igual que el Hospital de Psiquiatría en Río Piedras – son administrados por ASSMCA.
La ley establece que un psiquiatra forense del Estado determinará si una persona tiene la capacidad mental para enfrentar un juicio. Si no la tiene, es enviado a este hospital, al igual que los acusados que necesiten tratamiento psiquiátrico. El último censo reflejaba que el hospital de Río Piedras tenía 79 camas llenas y el de Ponce 124. Esto significa que ambas instituciones están a punto de llegar a su capacidad.
“Cuando yo llego a 81 camas en Río Piedras y 125 en Ponce, se supone que no acepte a nadie más. Yo llevo tratando de bajar ese número para cumplir con mis licencias. Finalmente estamos casi en el número correcto. Yo tengo una sola sala para mujeres y está en Ponce, yo no puedo ponerla en otro lado”, expresó Graulau Serrano. “Si a mí me llega una orden para ingresar mujeres, tengo que responsablemente decirle al Tribunal que yo no tengo cupo, que se tiene que mantener donde está. Como regla general, están en Corrección hasta que nosotros tengamos espacio”.
Graulau Serrano dijo además que no todas las personas que llegan a estos hospitales necesitan un tratamiento psiquiátrico, pues muchas veces se trata de personas con discapacidad mental. Llompart sin embargo aseguró que la ley es clara en cuanto al proceso que se debe seguir con una persona que no sea capaz de enfrentar la acusación en su contra. Ha dicho además que si ya un tribunal decidió que una persona es un peligro para la sociedad o representa un peligro para sí misma, la cárcel no es el lugar adecuado.
Llompart dijo además que ASSMCA tiene ante su consideración desde el año pasado un borrador para cambiar los protocolos que ahora rigen estas admisiones. Sin embargo, afirmó que no ha recibido respuesta de ASSMCA. Graulau Serrano dijo a EL VOCERO que las propuestas que tiene sobre su mesa son muy costosas.
“El costo de la implementación de ese protocolo es sumamente costoso y no contábamos con el presupuesto para poder implementarlo”, sentenció.
Más allá de los problemas económicos que puedan argumentar ASSMCA y el Estado, Llompart reclamó atención inmediata al asunto. Dijo que se reunió recientemente con la secretaria de la gobernación, Grace Santana, para pedir atención. “ASSMCA responsabiliza a Tribunales por el hacinamiento, lo que es equivalente a responsabilizar a los jueces que atienden casos criminales por la situación de hacinamiento en las instituciones carcelarias y los remedios que han tenido que implementar por Morales Feliciano”, sentenció Llompart. “En qué cabeza cabe echarle la culpa a un juez por tomar una decisión responsable en un caso por el problema de hacinamiento en Psiquiatría Forense. Esta situación requiere intervención inmediata de todos…es una preocupación que, como país, tenemos que remar en una misma dirección para dar la ayuda que necesitan esas personas”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Reina el hacinamiento y la insalubridad
PONCE – En el Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce han muerto ocho personas en los últimos tres años. La más reciente fue el mes pasado, cuando la institución enfrentaba señalamientos de hacinamiento y otros problemas de seguridad y salubridad, como pájaros en las mesas de comer, pacientes acomodados en el área del comedor, colchones y ropa de cama rotas, paredes manchadas con sangre por las peleas entre pacientes y una plaga de cucarachas.
Las muertes son investigadas por el Departamento de Justicia mientras los señalamientos son parte de una investigación de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento (OPPI) que advirtió a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) que acudirá al tribunal si estos hallazgos no son corregidos.
Justicia informó que el caso más reciente fue la muerte de José Torres Méndez el mes pasado. El incidente, se informó, está bajo investigación de la Fiscalía. La agencia indicó además, en declaraciones escritas, que al menos una de las muertes fue esclarecida. En 2013 la paciente Magdelis Torres García murió por asfixia en el hospital. Lissette Torres Cañizares, empleada del hospital, hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciada a 15 años de cárcel. Justicia informó además que la Oficina del Jefe de los Fiscales le solicitó a la Fiscalía de Ponce que organice un equipo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) para completar las pesquisas de estas muertes.
La directora de ASSMCA, Carmen Graulau Serrano, y los directivos del hospital, defendieron su trabajo y aseguraron que han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los residentes. Graulau Serrano mostró fotos de las reparaciones que realizan. Dijo que los colchones están rotos porque los pacientes “se entretienen rompiéndolos”, pero aseguró que hay colchones disponibles y que los cambian con frecuencia. Afirmó además que invirtieron en rejillas para las ventanas e insistió en que sí suplen las medicinas que necesitan.
No es la primera vez que este hospital está en la mirilla.
El Programa de Protección y Defensa de las Personas con Condiciones Mentales de la OPPI realizó una visita a este hospital a principios de año y en febrero entregó a ASSMCA una lista de asuntos que atender. El pasado 7 de marzo regresaron para revisar si habían cumplido. El informe, presentado ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, establece que ASSMCA ha cumplido con varios de los arreglos, pero no con todos.
El informe fue radicado por Frank Pérez Concepción, procurador interino.
El documento reconoce que se ha reducido la población en el hospital pues 39 pacientes fueron reubicados en el hospital de Río Piedras, enviados a “hogares” o dados de alta. El informe señala además que ASSMCA cumplió con señalamientos como la rotulación de una rampa para impedidos, la pintura de varias unidades, mejorar el servicio de alimento para garantizar que la comida llegue caliente y el arreglo de un cuarto que se había quemado.
Entre las cosas que faltan por arreglar y que representan un peligro para los pacientes, está la falta de agua en las fuentes, la falta de entretenimiento para estas personas a quienes únicos se les provee un patio y juegos de dominó, ventanas sucias y basura acumulada debajo de las camas y en las ventanas. Señala además el fuerte olor a orín y hongo en algunas de las unidades y el hecho de que aún había pacientes en el área del comedor, particularmente los que no pueden estar con otros pacientes o necesitan vigilancia.
“Continúa la utilización del comedor para ubicación de camas para pacientes que requieren observación o aislarlos de los demás pacientes”, reza el informe.
Indica además que en una de las unidades observaron “rastros de sangre en uno de los dormitorios. Al investigar encontramos que había sido una pelea entre pacientes y uno de ellos tiene discapacidad intelectual. Según el psicólogo de la unidad, (José) Cangiano, son varios los casos de pacientes con discapacidad intelectual y que el Departamento de Salud no admite en su programa para este tipo de paciente”, reza el documento.
EL VOCERO visitó este hospital, donde habló con los directores médicos y de enfermería. Relataron cómo llegan algunos de los pacientes que reciben, muchos con serios problemas de adicción y otros tantos sin el respaldo de sus familias. Cangiano relató por ejemplo de un joven que llegó luego de pegarle fuego a su casa. No se trataba de un caso psiquiátrico, dijo, sino de una persona que había pasado por un trauma y no se había atendido su déficit de atención. Dijo que este fue un caso que lograron trabajar hasta sacarlo del hospital y lograr independizarlo. Pero no son muchas las historias de éxito que salen de este lugar. Algunos pueden permanecer aquí por años en lo que se atiende su caso, cumplen su sentencia o se estabilizan lo suficiente como para enfrentar un juicio en su contra.
En su mayoría, los que llegan a estas puertas padecen esquizofrenia, adicción y depresión. Su llegada allí los impacta en más de una forma. Según relataron los oficiales del hospital, algunos resienten tener que seguir las reglas del hospital, cumplir con una rutina, estar supervisados todo el tiempo. El administrador del hospital, Nemuel Artiles, aseguró que han adiestrado al personal sobre técnicas de restricción no violentas.
Pero Graulau Serrano reconoció que sí ha habido muertes en la institución, así como heridos por peleas entre pacientes y en incidentes con la seguridad. Esto, a pesar de que estos guardias no pueden portar armas dentro de la institución.
El informe de OPPI señala incluso que “se observó una cama con amarres de tiras. Aparentaba ser utilizada como manera de restricción”.
Indica además que “nos percatamos de una plaga de cucarachas en esta área (cocina) en gabinetes, almacén de utensilios, piso, etc) le solicitamos al administrador una fumigación”.
La presidenta de la comisión senatorial, Rossana López, dijo que hay opciones para atender estos señalamientos que no requieren un gasto significativo de fondos. Dijo que ASSMCA puede atender el hacinamiento con ayuda de otras instituciones y podría mejorar la condición de vida de estos pacientes solicitando auxilio en otras ramas del gobierno.
“En Ponce hay una situación administrativa. La persona que administra el hospital no hace su mejor trabajo porque hay situaciones allí que no tienen que ver con la parte administrativa. Nada tiene que ver con la parte de dinero”, dijo López. “Tienen dos problemas, administrativamente y lo del hacinamiento. Pero si tú ves que hay basura constante en las ventanas, la situación de las palomas, eso se puede corregir con rejillas. Pero nos parece que el problema es que no hay supervisión”.
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