El juez federal José A. Fusté declaró hoy inconstitucional la ley estatal que impuso un impuesto especial a megatiendas como Walmart.

En una determinación de 109 páginas el juez federal falló a favor de la empresa Walmart, que el pasado 4 de diciembre demandó al gobierno de Puerto Rico por la aprobación del estatuto y reclamó que se declarara inconstitucional.

El caso quedó sometido el pasado 5 de febrero, después de varias vistas en las que declararon, entre otros, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. El funcionario admitió que la impugnada Ley 72 solo aplicaba al momento a Walmart.

La citada ley encaminó un nuevo tributo de 6.5% por concepto de compras entre compañías. Walmart destacó en el tribunal que el impuesto resultaba sumamente oneroso y señaló que impediría sus operaciones a largo plazo en la Isla.

La compañía pidió que se declarará la inconstitucionalidad de la Ley 72 por entender que viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes.

Entre otros argumentos Fusté indicó que “el Departamento de Hacienda alberga duda significativa de la habilidad del gobierno de seguir operando. En respuesta a esta situación, el gobierno de Puerto Rico ha puesto en vigor leyes y regulaciones que efectivamente aseguran que un gran contribuyente, de ser obligado a pagar un impuesto inconstitucional y luego reclamar por un reembolso de millones de dólares, no verá el reembolso por décadas, si acaso».

Previamente, Fusté consigna en su extenso escrito que «el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está insolvente y no puede pagar sus deudas. La cuenta principal de Hacienda, que funciona como la cuenta de operación del gobierno, va a alcanzar casi $1,000 millones en balance negativo para junio de 2016. El Banco Gubernamental de Fomento está insolvente también, lo que significa que pueda necesitar administración judicial”.

Luego, afirma que «no nos da nada de placer, bajo estas circunstancias, impedir vías de ingresos que van directamente al presupuesto general de Puerto Rico. Ya que nosotros, también, somos ciudadanos de esta Isla y también tenemos que sufrir las consecuencias de este desorden financiero en el horizonte. Pero estamos en esta posición, precisamente por la insolvencia del gobierno que ha dejado al demandante, Wal-Mart Puerto Rico, Inc., sin otra alternativa”.

“Ahora que estamos aquí, no podemos escudarnos de lo que hemos aprendido, sino tomar decisiones sobre los asuntos presentados y ordenar el remedio requerido por ley. Al hacer esto, estamos totalmente de acuerdo con la conclusión a la que llegó uno de los testigos expertos: ‘Al final del día, el gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales'».

En este caso, el gobierno de Puerto Rico planteó sin éxito que el Tribunal Federal estaba impedido de actuar en este caso por virtud delas disposiciones de la ley federal conocida como el Butler Act, en la que se dispone que la rama judicial no puede intervenir en asuntos relacionados con los impuestos que impone un estado.

El abogado Neal Manne, defensor de Walmart, mientras, rechazó la consideración del Butler Act. Argumentó que en caso de una petición de interdicto a nivel estatal la misma no aplica «cuando se cuestiona la constitucionalidad del impuesto.

Un profesor de Harvard, Stanley Langbein, presentado como último testigo del gobierno puertorriqueño, por su parte, rechazó el argumento de la parte demandante, en el sentido de que el tributo afectaba a Walmart. Además, el experto en impuestos internacionales rechazó que la Ley 72 sea discriminatoria como alegó la multimillonaria empresa.

Langbein señaló que imponer tributos es la única forma del gobierno para allegar fondos. La Ley 72, aprobada el 29 de mayo de 2015, se creó para reformar el sistema contributivo de la Isla en el contexto de la severa crisis fiscal que afecta al gobierno estatal y, según destaca en su exposición de motivos, se relaciona con una deuda de más de 70,000 millones, «en un escenario sin fuentes de repago y sin acceso a los mercados».

El gobernador Alejandro García Padilla afirmó hoy, lunes, que su administración apelará “sin dilaciones” la decisión del juez federal José Fusté, quien declaró inconstitucional el impuesto especial a las megatiendas.

“El juez Fusté le acaba de quitar $100 millones al pueblo puertorriqueño para dárselos a Walmart. Le acaba de quitar $100 millones a los niños que se montan en la transportación pública escolar, a los que reciben educación especial, a los de las escuelas públicas, a los municipios para asfalto”, dijo el gobernador en una rueda de prensa en La Fortaleza.

“Por supuesto que vamos a apelar. Ahora hay que buscar los 100 millones de otro lado”, sostuvo el mandatario.

García Padilla dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre la controversia y después que asumió jurisdicción “ni siquiera permitió que viéramos los estados financieros de Walmart, para ver si es verdad lo que dicen”. Pareció referirse a los argumentos expuestos por la empresa en el tribunal en el sentido de que el impuesto les resulta muy oneroso, por lo que no podrían mantener indefinidamente sus operaciones en la Isla.

Indicó que este año el gobierno proyectaba recaudar unos $100 millones con el impuesto de 6.5% a las compras entre tiendas, conocido popularmente por el término en inglés “transfer pricing”. Sin embargo, esa expectativa quedó frenada al impugnarse en el Tribunal Federal la Ley 72, declarada inconstitucional por Fusté.

La Ley 72 establece el citado impuesto por concepto de compras entre compañías. Walmart reclamó que el estatuto estatal se declarará inconstitucional por entender que viola la cláusula de comercio interestatal, así como las leyes de relaciones federales y la de igual protección de las leyes.

García Padilla añadió que el caso de Walmart es un ejemplo de los pleitos judiciales que anticipa el gobierno de los acreedores por el impago de la deuda. “Eso es lo que se supone que evitemos y miren las conclusiones que tuvo con un juez puertorriqueño y en una corte aquí. Imagínense cuando el juez sea del Southern District of New York”, comentó.

Sobre los empleos atribuidos a Walmart en Puerto Rico, el Gobernador dijo que un estudio del economista José Alameda concluyó que cada empleo que crea la multinacional aquí le cuesta 2.4 empleos al comercio estatal. “Eso es para que los puertorriqueños lo tengan en mente a la hora de hacer sus compras”, aseveró.

Una reportera le preguntó si su planteamiento era un llamado para que le gente no compre en Walmart y el gobernador respondió: “Lo que yo dije, es lo que yo dije”.