P uerto Rico enfrenta una crisis seria que requiere soluciones serias. Más de un siglo de trato desigual a nivel federal—producto del status territorial que sufrimos—y décadas de mal manejo de nuestras finanzas públicas a nivel local, han venido a pasarnos factura. Ahora, todos sufrimos las consecuencias de una gravísima crisis económica y fiscal que empaña nuestro presente y amenaza nuestro futuro.

El Congreso, en particular la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, se encuentra inmerso en la elaboración de un proyecto de ley, a llamarse “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), para atender esta crisis.

Han trascendido detalles de un primer borrador, al cual ya se le están haciendo cambios sustantivos, muchos de ellos solicitados por mí, para enmendar disposiciones claramente objetables. El proyecto debe ser presentado oficialmente en la semana del 11 de abril y también podrá recibir cambios a medida de que avance el proceso legislativo.

Para obtener mi apoyo, así como el de una mayoría de los congresistas de ambos partidos nacionales en la Cámara y el Senado federal, el proyecto debe contener dos elementos principales.

En primer lugar, debe establecer un proceso razonable para lograr acuerdos de reestructuración del pago de la deuda entre las entidades emisoras de bonos de Puerto Rico y sus acreedores, los cuales puedan hacerse cumplir en un tribunal federal.

En segundo lugar, el proyecto debe establecer una junta independiente y temporera con autoridad razonable de supervisar—no controlar—al gobierno de Puerto Rico en el manejo de sus finanzas públicas. La junta puede ayudar al gobierno a lograr disciplina fiscal, aumentar su eficiencia y transparencia, y permitir que recupere el acceso a los mercados de crédito bajo términos razonables. Todos estos son elementos esenciales para restaurar la credibilidad de Puerto Rico, detener la emigración masiva de nuestros residentes a los estados y mejorar la calidad de vida de todos en nuestra Isla.

He sido consistente en que la junta de supervisión puede tener dientes, pero no colmillos. Entiéndase, que puede hacer valer sus recomendaciones, pero respetando el proceso democrático de Puerto Rico.

A pesar de las disposiciones objetables en el borrador, que ya he expresado son excesivas y antidemocráticas (como la duración de la junta, el nombramiento de un Principal Oficial de Administración y otros poderes basados en la junta que se instituyó en Washington D.C. hace unos años), hay elementos positivos en el proyecto. Por ejemplo, la sección sobre la reestructuración de la deuda, la transferencia a Puerto Rico de hasta alrededor de 3,000 cuerdas de terrenos en el oeste de Vieques, y la sección que expresa que en nada se restringe nuestro derecho a determinar nuestro futuro status político, incluyendo usar los $2.5 millones que el Congreso asignó en 2014 para llevar a cabo la primera consulta avalada por el gobierno federal, son disposiciones que todos debemos apoyar.

Lo que no es constructivo es que algunos políticos en Puerto Rico apoyen la facultad para reestructurar la deuda pero a la vez se opongan a una junta de supervisión razonable, particularmente aquellos que han sido incapaces de manejar la crisis actual, por no mencionar a los que rehúsan aceptar cualquier intervención federal, o a los que quieren la junta pero no aceptan la necesidad de reestructurar la deuda.

Quiero ser claro en que el borrador de este proyecto, como está, va a sufrir cambios, pues aunque contiene disposiciones buenas, otras son inaceptables. Durante los próximos días, continuaré trabajando con mis colegas republicanos y demócratas para lograr un proyecto con soluciones serias y realistas que sean beneficiosas para Puerto Rico. Eso es lo que todo líder responsable en Puerto Rico debe hacer.