Sobre la mesa receta de disciplina fiscal – Propuesta Para Recomendaciones Pierluisi Negociando

{Si los ayudantes y asesores de La Fortaleza permiten que Pierluisi sea el que presente las recomendaciones para enmendar el Proyecto de Ley PROMESA, mucho se podrá lograr. Pierluisi es un negociador natural: valiente, pausado, respetuoso, sencillo, claro, razonable, seguro, bien informado, capacitado, experimentado, veraz, trabajador, comprometido con lo Mejor Para Puerto Rico-USA, muy apreciado y respetado en el Congreso USA y Casa Blanca, el Mejor Comisionado Residente para la Misión de lograr consensos sobre PROMESA.}

Sobre la mesa receta de disciplina fiscal

El personal del Comité de Recursos Naturales se expresó despreocupado con que la Junta sea retada en un tribunal por violaciones a la Constitución del ELA, tal y como adelantó el gobernador Alejandro García Padilla

Barack Obama, Enda Kenny, Paul Ryan, Peter King

Foto de AP
Por Laura M. Quintero, EL VOCERO – 3-30-16

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Estados Unidos, presidido por el republicano Rob Bishop, publicó ayer el borrador del proyecto de ley que en sus siglas en inglés se llama PROMESA, y aunque se habían adelantado cambios significativos, sigue dejando en manos de la Junta Federal la aprobación del plan fiscal a pesar de que el gobierno de Puerto Rico se oponga a las recomendaciones del nuevo organismo.

La sección 207 del proyecto establece que: “si el gobernador o la Legislatura (según el caso) notifica a la Junta de Supervisión, al presidente y al Congreso bajo la subsección (b) (1) que el gobierno de Puerto Rico no aprobará cualquier recomendación presentada en virtud del inciso (a) que el Gobierno de Puerto Rico tiene autoridad para adoptar, la Junta de Supervisión podrá, por mayoría de votos de sus miembros tomar las medidas relativas a la recomendación que estime conveniente, a instancias de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado”.

En una conferencia telefónica con la prensa en la tarde de ayer, personal del Comité confirmó que los hacedores de política pública federal son conscientes del pago de $435 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en mayo, pero delegaron esa responsabilidad al gobierno de Puerto Rico y confiaron en las conversaciones que sostuvieron con el gobernador Alejandro García Padilla, en las que el primer ejecutivo indicó que supuestamente se están haciendo todos los esfuerzos para asegurarse de que el pago se haga.

No obstante, el gobernador reiteró ayer a la prensa que “al día de hoy, no tenemos el dinero para hacerlo (el pago) y no vislumbramos cómo tenerlo”. Insistió en mantener la mirada fija en el Congreso y no quiso revelar detalles acerca de la estrategia que se está mirando a nivel local como la posibilidad de decretar una moratoria al pago del principal.

El personal del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal minimizó también el poder de la Junta para imponer medidas de austeridad, como exigir mayores recortes de gastos y programas gubernamentales, así como un aumento a los impuestos que paga la población puertorriqueña al asegurar que “probablemente no necesitan hacer eso”.

El objetivo, dijo, no es “microgestionar” todos los aspectos del gobierno de Puerto Rico, sino trabajar principalmente con el gobierno en la elaboración de los presupuestos, lo que aseguraron pondrá a Puerto Rico en el camino de la sostenibilidad.

El personal congresional negó tajantemente suavizar los poderes de la junta y se expresó despreocupado con que la Junta sea retada en un tribunal por violaciones a la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA), debido a que confían en el análisis legal de sus asesores. No hay preocupación alguna de que un tribunal venga a invalidar esto, lanzó el grupo.

En cuanto a la reestructuración de la deuda pública, se el ‘staff’ del Comité dijo que debe ser estrictamente un proceso voluntario por parte de los acreedores al certificar que se han logrado negociaciones previo a acudir ante un juez.

Sobre las protecciones constitucionales de los Bonos de Obligaciones Generales (GO’s, por siglas en inglés) -cuyo pago está garantizado por la Constitución de Puerto Rico- el personal estableció que la Junta pudiera tomar esto en consideración a la hora de determinar si se reestructuran o no.

Economista se sostiene en defensa de la junta

Gustavo Vélez dice que lo único que no tendrá espacio será la politiquería, el despotismo, los gastos alegres y los contratos por conveniencia

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ARCHIVO
Por Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO – 3-30-16

Frente a la oposición generalizada a una junta federal de control fiscal, el economista Gustavo Vélez parece navegar contra la corriente, pero mantiene su apoyo a esa iniciativa para encausar la reorganización económica de la Isla y reiteró que “lo único que no tendrá espacio será la politiquería, el despotismo, los gastos alegres y los contratos por conveniencia”.

“Bajo una junta, lo único que no tendrá espacio será la politiquería, el despotismo, los gastos alegres y los contratos por conveniencia. En otras instancias ha funcionado de manera excelente. A principio es un shock, pero luego sigue corriendo de manera natural. Los opositores que presenten entonces las alternativas para la implementación de las reformas que el país necesita”, expresó Vélez.

El economista entiende que contrario a la percepción existente no está solo en la defensa de una junta y aunque señaló que respeta las diferencias con sus colegas que se oponen a tal iniciativa, expresó que lo hacen porque dependen de los contratos del gobierno.El Nuevo Día

“Quedarse solo no me preocupa. En otras instancias me he quedado solo en mis planteamientos y siempre es un riesgo que se tiene que correr. A la clase política se le ha dado todo tipo de opciones, no solo los economistas sino todos los sectores económicos del país, pero no acatan nada y han perdido la capacidad de poder llegar acuerdos que puedan liberar a la Isla de la compleja posición en la que se encuentra”, sostuvo Vélez.

Manifestó que los opositores a la junta se convierten en parte del problema, cuando el proceso legislativo federal está abierto a recibir los insumos de todos los que deseen insertarse en el proceso. Desmintió que bajo una junta Puerto Rico pierda toda la capacidad de expresar ideas que puedan ayudar a encarrillar a la Isla.

Su posición es que la junta deberá implementar tres reformas. Una del aparato gubernamental que reduzca el tamaño del gobierno de 131 agencias a un nivel adecuado a la nueva realidad económica. Una reforma fiscal para reducir el gasto público de $10,800 a $8,500 millones, que incluya una reforma contributiva. Además,  que la junta sea un mecanismo de transición hacia un nuevo modelo de gobierno y económico.

“La junta propuesta, no es un reconocimiento del fracaso de la clase productiva y trabajadora, sino un reconocimiento de la incapacidad de la clase política a llevar a Puerto Rico a un nuevo puerto seguro. Ante esta realidad económica, política y fiscal, es importante que le solicitemos al Congreso de los Estados Unidos que habilite una Junta de Control Fiscal que asuma el control total de las decisiones fiscales y económicas necesarias para evitar el colapso de Puerto Rico”, puntualizó Vélez.

Por su parte, el analista John Mudd aclaró que la junta representa la opción que le ofrece el Congreso a Puerto Rico. “El congreso le dice o coges la junta o no tienes nada, ya que la junta representa la reestructuración que la Isla le ha solicitado. En mayo viene un impago por parte de la Isla, lo que va agilizar este proceso. Finalmente, si Puerto Rico no la acepta y Obama no la firma nos quedamos sin reestructuración”, destacó.

Mudd entiende que la junta es beneficiosa en términos de fiscalización y disciplina. Sostuvo que bajo el control de la junta se le exigirá a la Isla plan fiscal, presupuestos balanceados, reducción de contratos, otorgación de contratos altamente cualificados, reducción de gastos y acuerdos Ileanexis Vera Rosado, EL VOCEROcon los bonistas.

Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.

Pulseo con la posible sindicatura del BGF

Las repercusiones “catastróficas” sobre las cuentas del sector público representaría el colapso del gobierno

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EL VOCERO
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – 3-30-16

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) realiza gestiones urgentes para evitar la activación de una sindicatura, cuya secuela inmediata incluiría la congelación de todas las cuentas que tiene del gobierno y sus dependencias como depositario principal del Estado Libre Asociado (ELA).

Precisamente, las repercusiones “catastróficas” sobre los fondos públicos en cuentas del BGF, es lo que ha postergado la decisión del Departamento de Hacienda para pedirle formalmente al gobernador que imparta la orden de acudir al tribunal y solicitar la intervención de un síndico.

Si se activa un síndico por orden judicial, en términos prácticos, significa que el gobierno y sus entidades con cuentas en el BGF quedarían de manos atadas al no poder disponer de sus cuentas para el pago de nómina de empleados públicos, gastos operacionales y el cumplimiento con las diferentes obligaciones financieras.

Al nombrarse un síndico, este tomaría posesión del banco para cobrar todos los préstamos, derechos y reclamaciones, y pagar todas sus obligaciones y deudas. Se encargaría de “liquidar los asuntos del Banco lo más pronto posible, y a este fin podrá vender la propiedad mueble o inmueble y demás activo del Banco, pero sujeto a la orden del Tribunal de Primera Instancia”, según la ley del BGF.

Cabe destacar que la facultad del síndico no es para reorganizar la operación financiera del BGF, se trata de un mecanismo para liquidarlo debido a su incapacidad financiera.

Con los bajos niveles de liquidez alcanzados en distintos momentos durante los últimos tres años y medio, el BGF ya habría cumplido con los requisitos para que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, peticionara al gobernador la intervención. De hecho, en el informe que realizó el año pasado la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre la liquidez del BGF, se concluyó que estaba insolvente.

Desde mediados del 2015, tanto Hacienda como el gobierno tienen por escrito los hallazgos de la OCIF, los cuales se han mantenido en confidencialidad hasta que ahora salen a relucir como parte de la opinión y orden del juez federal José A. Fusté, en el caso de Walmart contra el gobierno. Para evaluar ese caso, el juez precisó analizar documentos y testimonios para validar la crisis fiscal del gobierno, que propició la creación del impuesto que Walmart retó.

En su escrito, el juez Fusté detalló (amparado en el informe de la OCIF) que la colocación del BGF en sindicatura sería “catastrófico” para el ELA, ya que a julio de 2015 era el depositario de unas 96 cuentas públicas. Tales cuentas, incluían algunas financiadas exclusivamente por Hacienda, y generalmente se utilizan para el pago de salarios de empleados públicos, otras para pagos de reintegros, pensiones y para las escuelas, entre diferentes propósitos.

“Si el banco entra en una sindicatura y el gobierno pierde acceso a esas cuentas, el resultado podría ser catastrófico para la operación, continuidad y estabilidad del ELA”, plantea el juez en el escrito.

Hasta ahora, la posición pública de Zaragoza es que vigilan constantemente la liquidez del BGF y en caso de no cumplir con el 20% de las reservas correspondientes a las cuentas de depósitos en el banco, entonces activarían los mecanismos disponibles, que incluyen solicitar un síndico. El próximo pago del BGF es en mayo por $422.8 millones y hasta ahora no tiene la totalidad del dinero para pagar.

En el BGF se informó que no habría comentarios sobre la información revelada en la opinión del juez Fusté.

Fuentes de EL VOCERO aseguran que hay ambiente entre grupos de bonistas del BGF para alcanzar alguna negociación, lo cual podría incluir una moratoria mientras se mantenga el pago de intereses. El asunto de legislación para una moratoria legislada localmente está pendiente de lo que surja antes en el Congreso.

Para los bonistas que adquirieron deuda del BGF al valor par, hay mayor disponibilidad de negociación frente a la pérdida que ya arrastran sus inversiones, que se colocan a valor por debajo del 21.5%.

Entre tanto, Rafael Blanco, comisionado de la OCIF y según citado por Fusté, concluyó en su informe que el deterioro en la liquidez del banco podría desembocar en una caída negativa de $1,348 millones en junio de 2016, y esto podría privarlo “para mantener los niveles de reserva”. También mencionó que el deterioro financiero acelerado del BGF, en parte responde a que las proyecciones de ingresos provenientes de Hacienda fueron “significativamente exageradas”.

Otra revelación es que el BGF no reportó apropiadamente elementos fuera de su balance contable, como $1,000 millones en compromisos de préstamos sin fondos y $1.3 mil millones en garantías o cartas de crédito. Esto último son garantías de pago por el BGF, en caso de que acreedores (entidades públicas) no puedan responder por sus obligaciones.

Esos hallazgos de la OCIF y que llevaron a concluir que “la continuidad viable del banco era cuestionable”, muestran, en opinión de Fusté, “por qué el banco fue tan lento en cooperar” con la evaluación realizada por la OCIF.

El juez explicó que cuando Blanco solicitó documentos, el BGF “arrastró los pies” en proveer la información solicitada, particularmente la referente a los niveles de liquidez. Dijo que el BGF “tardó más de seis meses en producir lo mínimo de la información”, lo cual fue descrito por el comisionado como una acción “extremadamente lenta e inadecuada”.

Una vez recibieron la evaluación de la OCIF, Zaragoza y la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, la objetaron en diferentes puntos, pero finalmente aceptaron públicamente el deterioro en las finanzas del banco.

Fusté citó al Departamento de Hacienda en declaraciones recientes cuando admitió que “la condiciones financieras (del BGF) están materialmente deterioradas y podrían no estar hábiles para honrar todas sus obligaciones según los vencimientos”.

Para el economista Santos Negrón “no hay un marco de comparación para juzgar esto que está pasando con el BGF”, y opinó que al activarse un síndico ya no hay marcha atrás.

“Cómo lo vas a capitalizar, no puedes pensar que la legislatura va a incurrir en gastos o deuda para manejar eso. Cuando el banco se descapitaliza y virtualmente está en la bancarrota, Hacienda interviene para proteger los activos para pagar… pensar en una circunstancia que permita reestructurar el banco para ponerlo en marcha eso sería una agenda utópica y difícil”, analizó Negrón.

En el caso del legislador Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, contestó que no existe nada en agenda para legislar otra estructura para el BGF y comentó “todo ha sido comentarios de pasillo, de haber algo así tendría que ser un proyecto de gobierno”.

Las finanzas del BGF se han mantenido en continuo declive desde 2013 y las propuestas para enfrentar la crisis económica han encontrado innumerables tropiezos en la legislatura. En medio de esas gestiones surgió en junio de 2015 la renuncia del presidente de la junta de directores del banco, David Chafey, en un momento crítico, cuando incluso se discutía concederles inmunidad a los miembros de la junta, para limitar su Carlos Antonio Otero, EL VOCEROresponsabilidad personal respecto a sus decisiones.

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

Las formas de aprovechar, y de desaprovechar, una junta de control (documentos)

El presidente de la Cámara federal, Paul Ryan, y su enviado a Puerto Rico, Jim Sensenbrenner. (Twitter)
Oscar J. Serrano   14/03/2016 05:23 am    14/03/2016 05:25 am

Las experiencias de las juntas que controlaron por un tiempo la ciudad de Miami y el Distrito de Columbia (DC) pueden arrojar luz sobre cómo funcionaria una junta en Puerto Rico y también dejan lecciones que se resumen en que, mientras más fuerte sea la imposición y menor participación local tenga, más tortuoso es el periodo de control de la junta y menos garantía de éxito hay.

Esto es parte de lo que concluyó la tesis doctoral de Deborah Isadora Kobes, quien sometió una disertación en 2009 para el Massachussetts Institute of Technology (MIT) en la que examinó el rol de las juntas de control que se han establecido en Estados Unidos, unas 119 desde 1975, pero con énfasis en comparar el funcionamiento de las juntas de Miami y DC.

Según el estudio, estas dos juntas representan los dos extremos de lo que ha sido la experiencia hasta ahora con estas juntas: la de Miami más exitosa y la de DC menos por elemento crucial de que en Miami los residentes le abrieron los brazos y hubo respeto hacia la autonomía del gobierno local y que en DC la junta se recibió como una imposición del Congreso con agenda expansiva que le restó credibilidad al gobierno local y provocó protestas populares.

Para aclarar, en ambos casos se logró que las jurisdicciones pudieran volver a tener credibilidad para los mercados financieros, la diferencia está en las dificultades que hubo en el camino para cada una.

Y en lo que concierne a Puerto Rico la mala noticia es que el contexto que se ha desarrollado nos coloca más cerca de la experiencia de DC que de la de Miami.

Según la tesis, reseñada inicialmente en el Caribbean Business, en DC la junta operó por seis años durante los cuales despidió directamente a jefes de agencia, se encargó de la gerencia de las divisiones principales del gobierno, cerró hospitales, instaló un nuevo Oficial Financiero (rol que en Puerto Rico cumple actualmente Melba Acosta) y tomó control del sistema escolar. En Miami la junta duró cinco años e implantó muchas reformas pero no directamente sino a través de los funcionarios locales. En DC, como indicado la junta la impuso el Congreso, como sucedería en Puerto Rico, mientras que en Miami fue el estado de la Florida el que la impuso después de una solicitud de la ciudad cuando el FBI se llevó presos a la mayoría del liderato de la ciudad por corrupción.

“Las dos juntas de control ayudaron a mejorar la democracia local a través de dos beneficios principales: asistencia técnica y absorber la culpa política”, dice la tesis llamada “Out Of Control? Local Democracy Failure and Fiscal Control Boards”.

Ambas juntas podía rechazar el presupuesto, el plan financiero y los contratos que hacían los funcionarios, investigaban las finanzas locales y las decisiones gubernamentales, trabajaban con funcionarios para revisar procedimientos, y retenían fondos estatales o federales si el gobierno local no cumplía con el presupuesto. En DC, tenía poder de citación y se convirtió en un delito menos grave y e causa de destitución el engañar a la junta. Ninguna de las dos negociaba convenios colectivos, pero los aprobaban o rechazaban.

El “tono cooperador” de la junta en Miami hizo la diferencia, según la tesis, y en contraste con el tono que se ha desarrollado en la clase política de Puerto Rico de rechazo a una junta en parte porque, lo poco que se conoce hasta ahora de los planes del Congreso, apuntan a un ente que no va a tener como prioridad el respeto de la autonomía del gobierno local. En Miami, la junta se frenó de meterse en el detalle del gobierno diario se concentró en los problemas que necesitaban reforma, mientras que en DC la junta se metió a correr el detalle diario del gobierno. En Miami, el presupuesto llegó a terreno positivo en un año, pero en DC tardó dos.

“En Miami ocurrieron reformas extensivas de gobernanza, y en DC surgieron alternativas para unas nuevas estructuras de gobierno pero pocas se lograron. Las juntas de control esencialmente sirvieron como puente entre las estructuras fallidas y las mejoradas”, concluyó la autora.

En cuanto a cómo se formó la crisis que provocó la entrada de una junta, en Miami fue de súbito debido a los arrestos por corrupción, mientras que en DC, similar a Puerto Rico, se cocinó a fuego lento y el Congreso hizo estudios extensos de la crisis fiscal antes de entrar en acción.

“Las lecciones básicas en cuanto a diseño de una junta de control que emergen de estas ciudades es que se deben emplear mecanismos para limitar el ámbito de la junta de control a la vez que se promueve la participación local. La diferencia primaria entre las juntas de control de Miami y DC fue en cuán expansivos eran sus roles”, señaló Kobes.

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