La promesa de la guillotina fiscal que se avecina es comprometedora y de absoluto control. No hay promesa de ofrenda. El borrador del posible proyecto de ley a radicarse por la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el congresista Rob Bishop, de la Cámara de Representantes de los EE.UU., podría bajar con la navaja más filosa que el proyecto de ley de autoría del senador Orrin Hatch (S. 2381-Puerto Rico Assistance Act of 2015). La aprobación de “PROMESA” (por sus siglas en inglés del ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’) deja sin efecto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952), retomando los poderes de quienes creían, tenían las tres Ramas de Poder. No solamente PROMESA se apodera en Puerto Rico de la Rama Ejecutiva a cargo de la implantación de política pública aprobada por la Rama Legislativa, sino de la Rama Judicial. Le excluye de su jurisdicción judicial en asuntos bajo el cobijo de la propuesta PROMESA como “federal question”; incluso frenando litigios activos pendientes (Discussion Draft, March 24,2016, Sec. 413, p. 97-101). Su carácter “dictatorial” llega al extremo de establecer que las determinaciones tomadas por la Junta de Control Fiscal “mediante órdenes, reglas, reglamentaciones serán finales, sin estar sujetas a revisión judicial” (Ibid, Sec. 208, Item (d)(3), p.59). ¿Su impugnabilidad será impugnada?
No queda duda que PR es un territorio-colonial bajo los poderes plenarios del Congreso de los EE.UU. El marco legal de PROMESA para asumir el control fiscal que tendrá la última palabra sobre la elaboración y fiscalización de un presupuesto cuadrado con recaudos que garantice su posible desembolso, está inconexo de la necesidad de elaborar e implantar un plan de desarrollo económico. A pesar de que PROMESA reconoce en su breve resumen inicial, la existencia de una tasa de 12% de desempleo en PR, parte de la premisa ilusoria que existe un caudal en el Pueblo para sostenerlo. No hay rescate financiero alguno.
La versión cameral de lo que podría ser una junta de control fiscal para PR, no provee fondos federales para aliviar la crisis fiscal, como en el caso de la versión del senador Hatch que asigna $3,000 millones (S. 2381, Title V-Transition Assistance, Sec. 501, p. 86). PROMESA solo provee una especie de “préstamo” para correr los trabajos de la Junta de Control Fiscal, sujetos a que se reembolse cada centavo de fondos federales inicialmente asignados y cualquier emisión de bonos que se hará para ésos efectos. (Discussion Draft, March 24, 2016, Sec. 107 (b)-(d), p. 23). Claramente subraya que “EE.UU. no es responsable legalmente por el pago de ningún principal o interés de ningún bono, nota u otras obligaciones emitidas por la Junta de Fiscalización” (Ibid, Sec. 215, p. 67). Además, tiene el poder para apropiarse de fondos locales para subvencionar los trabajos de dicha Junta, según se determine a discreción de la misma (Ibid, Sec. 107 (a) (1) y (2), p. 22).
Interesantemente, el cuadro de control absoluto conlleva acallar voces disidentes en el sector público afectados(as) por decisiones que se tomen al amparo de PROMESA. Se ratifica la suspensión del derecho a la libre asociación y expresión por parte de empleado(as) públicos, además del ejercicio de huelgas o cierre laborales avalando oportunistamente leyes de PR a esos efectos (3 LPRA 1451 (q), (r)). (Discussion Draft, March 24, 2016, Sec. 104, (h), p. 18). Por otra parte, ante el reclamo público que hace falta un mecanismo ordenado legal para dilucidar quiebras pertinentes a la crisis fiscal, lo dispone ante el Tribunal Federal. En otro asunto que afecta la solidez fiscal, requerirá una evaluación de los tres sistemas de retiro de empleados(as) públicos -gobierno central, magisterio y judicial- (Ibid, Sec 412, (c) p. 97). Incluso estudiará la posibilidad de congelar dichos beneficios futuros o crear programa de paridad de reducción de pagos para pensionados(as) que directa o indirectamente son tenedores de bonos (Ibid, Sec.412 (a) (3), p.95).
Por eso de “ponerle el tapón al pomo”, el borrador de PROMESA protege el derecho a la libre determinación sobre el estatus político de PR, incluso mediante plebiscito ya autorizado por la Ley Pública 113-76, (Ibid, Sec. 408, p.95). Cuando se conozca la radiografía del estado auditado fiscal de PR, y su (in)capacidad de auto-financiamiento, ¿tomará el Congreso finalmente cartas pro-activamente para encaminarnos hacia un cambio de estatus político de su interés? ¿ Irá la reestructuración de la deuda fiscal de PR, de la mano de la reestructuración de nuestra relación
política con EEUU?
Katherine Angueira Navarro Psicóloga Social-Comunitaria
Diez razones porque hace falta una junta de control fiscal en Puerto Rico
Por: Gustavo Vélez, Economista
1. La continua guerra partidista impide que las dos principales fuerzas políticas lleguen a los consensos necesarios para resolver la crisis. El PNP ni el PPD, van a llevar a cabo las reformas para resolver los graves problemas económicos y fiscales por los costos políticos que tendrían. La posposición de las decisiones correctas, han agudizado y extendido la crisis. El tiempo para improvisar y poner parchos se acabó.
2. Puerto Rico lleva una década en depresión, durante el cual la economía ha perdido sobre 200,000 empleos, han emigrado a Estados Unidos sobre 400,000 puertorriqueños, el gobierno está sin dinero, y aun así, los dos partidos políticos principales no han logrado ponerse de acuerdo para implementar estrategias que trasciendan los cambios de gobierno y permitan frenar la caída económica y el deterioro fiscal.
3. Durante la última década, se han implementado una gran cantidad de impuestos que han sacado del bolsillo de la gente y de las empresas, $15,000 millones. Los impuestos nuevos han empobrecido más a la gente y han agudizado aún más la crisis fiscal y económica. Aún con todos estos impuestos, no hay dinero ni para el pago de los reintegros de los contribuyentes, ni para pagar a los suplidores.
Los más respetados y autorizados economistas de Puerto Rico están de acuerdo: AGP/PPD es el Culpable de la Crisis
4. Los miles de millones en fondos federales que anualmente envía el gobierno de Estados Unidos para salud, educación e infraestructura son continuamente malversados, lo que ha provocado decenas de operativos del FBI, como los casos más recientes en el Departamento de Educación. La corrupción ha minado la credibilidad de PR ante el gobierno federal.
5. La insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del gobierno central y de maestros pudiera provocar una crisis social y económica sin precedentes, al dejar a sobre 200,000 retirados sin su pensión. Hay que provocar que la Junta de Control Fiscal incluya algún mecanismo para rehabilitar los dos sistemas pensiones, como ocurrió en Washington D.C. en la década del 1990.
6. El mercado de bonos se cerró completamente para PR, lo que ha provocado una crisis de liquidez que amenaza dejar al ELA sin dinero en algún momento antes de que acabe el 2016, provocar impagos a suplidores del gobierno, e impagos de la deuda que afectaría a cooperativas, bancos, planes de pensiones, individuos y personas retiradas. Los puertorriqueños tienen invertidos $20,000 millones en bonos del gobierno.
7. Ante la falta de un acuerdo con los acreedores y de un marco de reestructuración de la deuda pública, los impagos provocarán pleitos en las cortes locales y de Estados Unidos, que le costarán millones de dólares a los contribuyentes. Desde el 2014, el actual gobierno ha invertido sobre $100 millones en asesores que no han logrado ningún avance concreto para reestructurar la deuda. La Junta proveerá un marco adecuado para reestructurar la deuda.
8. La crisis económica requerirá que el Congreso provea incentivos y herramientas para rehabilitar la capacidad de crecimiento de la economía local y la atracción de inversión nueva a la isla. El Congreso tiene una responsabilidad compartida con PR en la actual crisis.
9. Sin una intervención federal, los dos partidos continuarán en un continuo conflicto, lo que provocará que la depresión económica se extienda de forma indefinida, se irán de la isla al menos 500,000 personas más, se contraerá más la base de contribuyentes, los precios de las casas continuarán hacia abajo y PR no será social ni económicamente viable.
10. Las juntas de control fiscal han funcionado con éxito en otros lugares de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York, Detroit, Washington D.C., y Miami. Estos organismos han funcionado como árbitros en momentos de conflicto, y han tenido la capacidad de tomar las decisiones gerenciales y financiera que la clase política no ha querido tomar.
Columnistas, EL VOCERO
Los merecidos controles
Por: Enrique “Kike” Cruz, Analista Político de NotiUno
En 1994 el presupuesto del ELA era de 5.36 billones, con B de Bruto, burro y mal administrador. En el 2014 el gasto es más del doble de hace 20 años atrás. Con todos los impuestos que ambos partidos han implementado, todavía no podemos cuadrar un presupuesto, aun cuando el actual gobernador proclamó en el 2015 que esta generación vería por primera vez un presupuesto balanceado.
La semana pasada el Tribunal Supremo federal escuchó argumentos sobre la “quiebra criolla”. El viernes los republicanos ya asustados con lo que un tribunal supremo fuese a hacer, filtraron el primer borrador de la junta de control fiscal.
Tal y como lo anticipé en mis columnas aquí, el 9 de febrero con “Los federales le cierran el cerco” y el 16 de febrero con “La federalización del ELA”, no esperaron a que saliera la luz del sol para que los oponentes del borrador madrugaran con gritos de guerra.
Nuestra realidad es la siguiente; el gobernador Alejandro García Padilla al día de hoy no ha presentado los estados financieros auditados, tampoco se ve movimiento en el “bulpen” para tener un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal. Mucho menos unos verdaderos recortes de gastos en el gobierno y las corporaciones públicas. La única alternativa que esta administración ha presentado es la “quiebra criolla” o la quiebra federal con el Capítulo 9. A parte de eso más nada.
En resumidas cuentas hemos dejado ese espacio completamente vacío.
Alejandro permitió que sus asesores externos tomaran control de su futuro, del futuro de Puerto Rico al decir “no puedo pagar”. Ha sido el primer gobernante en decir eso y el primero al que le cierran los mercados financieros.
Por lo tanto el Congreso republicano decidió meterle mano al problema tal y como el Gobernador ha venido reclamando desde que el 28 de junio anunció en el NY Times que no podía pagar la deuda. Alejandro en innumerables ocasiones le ha reclamado al Congreso federal que haga algo, les ha inclusive responsabilizado por lo que pase en Puerto Rico ante la inacción del Congreso.
¿Y ahora? El Congreso republicano del mesías de Alejandro actuó.
Paul Ryan y sus congresistas enviaron su primer borrador, el cual no tengo dudas que va a cambiar dramáticamente. Sin embargo, hay que leerlo bien para poder entender por qué del mensaje y las razones que esbozan para justificar controles de tal magnitud.
El Congreso federal no solo le envía un mensaje a los ineptos de Puerto Rico, pero también a los de California e Illinois. Estos dos estados de la nación norteamericana van encaminados a problemas de impago como Puerto Rico.
Yo no estoy de acuerdo con el primer borrador en su totalidad. En cuanto a poderes, sí necesitamos controlar el gasto en el gobierno, pero en el área de desarrollo económico es un disparate lo que proponen.
La esencia de nuestro problema en Puerto Rico está basado en dos cosas: 1) gasto completamente descontrolado por parte del gobierno y por ende la legislatura; 2) al irse las 936 nos quedamos sin economía. El resultado de esto ha sido una depresión económica desde 2006 y una emigración masiva que el primer borrador presenta.
El tratar de trastocar en cualquier medida el salario mínimo (que es miserable) provocaría que mas jóvenes se vayan a trabajar en un McDonald’s a $15 la hora en el continente. En esa área hay que venir con propuestas serias y que garanticen el crecimiento económico de Puerto Rico.
Ese primer borrador es una crítica total a nuestra clase política, a nuestros gobernantes, a nuestros “líderes”…de ambos partidos. Ese es el mensaje que tanto Obama como Paul Ryan nos envían en este primer borrador. Puerto Rico al día de hoy ni tan siquiera ha presentado un mensaje de presupuesto, eso es así porque el déficit es tal que no pueden presentar un presupuesto balanceado, sin los famosos trucos de “crecimiento económico” en época de vacas flacas.
Alejandro y sus asesores externos fueron al Congreso a pedir una salida fácil y el Congreso les ha respondido con una solución fácil para ellos.
Es importante recordar que Alejandro heredó la deuda, pero no la crisis. La crisis la crearon él y sus asesores externos con una fallida estrategia que la historia ha mostrado no tener resultados positivos. Sin embargo, él insistió y por eso quebró el ELA.
El borrador es eso mismo, hay que trabajarlo, hay que presentar contra propuestas, pero si seguimos con los mismos asesores y las mismas estrategias, recibiremos los mismos resultados.
En algo sí estamos de acuerdo: hay que controlar a quienes no han sabido controlarse. La junta de control fiscal adelanta las elecciones.
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