E l Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal sometió para discusión un anteproyecto que titula Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico, ¨PROMESA¨ por sus siglas en inglés. El proyecto no se presenta en el vacío ni constituye una dádiva intelectual del Congreso, responde a la afirmación del gobierno de Puerto Rico de que la deuda contraída por las pasadas décadas es impagable. Responde al convencimiento de algunos miembros del Congreso – y a la corroboración por parte del Tesoro de los Estados Unidos – de que la deuda de Puerto Rico es insostenible y derrota cualquier sueño de superación económica, a corto, mediano, y de no implementarse otras medidas, a largo plazo. Responde a la promesa empeñada por el presidente cameral Paul Ryan de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal de Puerto Rico, solución que parte del entendido de la necesidad de reestructurar toda la deuda. Con esta respuesta queda erradicado el escepticismo de algunos pocos de que con solo restructurar parte de nuestra deuda es suficiente.

El proyecto propone que esa solución esté acompañada de una Junta que denominan como de supervisión, pero les prometo que de supervisión no tiene mucho. La Junta está concebida como un ente independiente del gobierno de Puerto Rico, con miembros que no son electos ni escogidos por el Pueblo de Puerto Rico. Una Junta con inmunidad absoluta y con autoridad para imponer impuestos, recortar gastos, escoger proyectos de infraestructura, reducir salarios y beneficios de empleados públicos y privados, en fin, decidir los designios de este País. Tal pretensión, sin detenerse mucho a analizarla, violenta los postulados más básicos de autogobierno consignados en nuestra Constitución.

He escuchado con profundo pesar las opiniones de algunos de que nos merecemos la mal llamada Junta de Supervisión por causa de las malas prácticas del pasado, a ver si aprendemos de una vez y por todas a estirar el pie hasta donde da la sábana. No podemos estar de acuerdo. Vivimos en un país democrático, y eso envuelve la garantía de que tenemos la oportunidad de exigirle cuentas a quienes gobiernan. Vivimos en un país democrático y eso nos coloca en la posición de determinar lo mejor para nosotros. Conlleva que vivamos confiando en las salvaguardas que solo ofrece la separación de poderes. Así lo establecieron nuestros constituyentes, así lo avalaron los puertorriqueños en las urnas al respaldar nuestra Constitución. Así lo avaló el propio Congreso.

Como país necesitamos reinvertir en nuestra economía, proveer más acceso a educación de calidad, ser más competitivos para atraer los empleos perdidos con la eliminación de las 936, para atraer nuevamente a los que, buscando mejores oportunidades decidieron partir. En la inmediatez, como quien debe a cada santo una vela, manejamos día por día los pagos que se hacen a quienes nos suplen gasolina para carros de policía y bomberos, servicios de limpieza en los hospitales, seguridad en nuestras escuelas, comida en nuestras cárceles, terapias a nuestros niños especiales, suplidores que colaboran en la provisión de servicios esenciales a nuestra ciudadanía. Dichos suplidores continúan brindando servicios esperanzados en la promesa de que algún día recibirán los pagos por servicios rendidos, tanto como los ciudadanos confían en la promesa de que recibirán los servicios.

Agradecemos la propuesta del Congreso que nos permita reducir la deuda. Pero le falta camino. No cumple su promesa quien, pretendiendo viabilizar una reestructuración, exige la renuncia a la democracia. No cumple su promesa quien, a causa de las malas prácticas llevadas a cabo a ciencia y paciencia del Congreso y los mercados financieros, requiere al pueblo puertorriqueño un retroceso a 1900.

Como país nos beneficiamos de un ente independiente que brinde asistencia técnica para ser más eficientes, para continuar reduciendo gastos, para generar confianza en los mercados de capital. Necesitamos las herramientas legales para reestructurar nuestra deuda, pero ello no puede ser a cambio de que perdamos la mayoría de edad. Como país tenemos la obligación de procurar juntos que el Congreso cumpla su promesa de brindar una solución abarcadora sin que ello conlleve rendir la promesa que nos hicimos como país al lograr nuestro gobierno propio. Nos debemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones, unirnos en el reclamo de que no se trate de una PROMESA rota.