Llevan tres años y medio gobernando, controlando las ramas ejecutiva, legislativa y la mayoría de las alcaldías. La condición de Puerto Rico, sin embargo, es cada vez peor. Lo que estaba bien, lo dañaron. Lo que estaba mal, lo empeoraron. No pueden negociar nada porque no tienen credibilidad. No tienen una solución para nada. No se ponen de acuerdo en nada. Ni siquiera saben lo que deben hacer para aliviar aunque sea un problema. Pero lo único que exigen es que no les limiten ni supervisen los poderes públicos que, evidentemente, no han sabido ejercer. A esa terquedad egocentrista del fracasado colonialismo ahora le llaman “defender la democracia” frente a una iniciativa federal que, después de todo, parece que va a ninguna parte.

Cuando el PPD le entregó el poder al PNP en enero de 2009, el presupuesto tenía un déficit auditado de $3,200 millones. No dejaron siquiera fondos para pagar la nómina pública en ese mes. Había más de $1,200 millones en cheques engavetados en Hacienda de proveedores de bienes y servicios del gobierno a quienes no se les pagaba. El Índice de Desarrollo Económico estaba en terreno negativo. Había una amenaza grave de Wall Street para degradar los bonos y el crédito de Puerto Rico.

En enero de 2013, cuatro años después, cuando el PNP le entregó el poder al PPD, el presupuesto estaba balanceado y con recaudos suficientes por el impuesto a las empresas foráneas para completar el plan de pagos del déficit de $3,200 millones que el PPD había dejado en el 2009. Hasta eso tuvo que pagar el PNP, las embrollas del PPD. También se les dejó dinero para pagar la nómina pública de enero de 2013. Los pagos a suplidores del gobierno estaban al corriente dentro de parámetros normales. Se aprobaron alivios contributivos y otros incentivos para mover la economía, incluyendo ayudas para los envejecientes, bonificaciones para los que trabajan y hasta para salvar las viviendas de miles de familias, entre mucho más. El Índice de Desarrollo Económico, por fin, había entrado a terreno positivo. Había desaparecido la amenaza de degradación de bonos y se había recuperado la confianza de los mercados financieros. Nadie hablaba de quiebras criollas ni Capítulo 9.

Ahora, en el 2016, luego de tres años y tres meses de este desgobierno colonialista, todo se derrumbó. Al cabo de su primer año, tuvieron la fuerza de cara de alegar que ellos habían cuadrado y “salvado” las finanzas públicas. De allá para acá todos conocemos la historia del desastre. Más de 90 nuevos impuestos, incluyendo un IVU que aumentó de 7 a 11.5%; la reducción de la fuerza laboral; degradación de los bonos y la terminación del crédito público; déficits presupuestarios de miles de millones debido a estimados de ingresos públicos inflados para así inflar presupuestos para la regadera de contratos a los amigos del alma; reducción de servicios y beneficios como la Tarjeta de Salud; el impago a contribuyentes y suplidores del gobierno; y todo lo demás. La lista es interminable. ¿Para eso quieren poderes?

Si la Junta de Supervisión Fiscal federal será buena o insignificante, si logra aprobarse, no lo sé. Realmente, nadie lo sabe. Es un mecanismo tan desesperado como lo es la llamada ley de quiebra criolla o el dichoso Capítulo 9 de la ley federal de quiebras. Lo que sí sé es que esa Junta no resolverá los problemas fundamentales de Puerto Rico con el ELA, con este sistema colonial. Bregarán con parchos de efectos temporeros. Tratarán de administrar lo que ya es imposible administrar, una colonia que llegó al callejón sin salida, sin posibilidades de más crédito para aparentar lo que no es; y arrinconada por la desigualdad, el discrimen y las limitaciones que se les imponen a los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
El problema es la colonia. La Junta y la quiebra no son soluciones, la estadidad, sí.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.