En un intento por evitar el colapso de sus operaciones, el Gobierno de Puerto Rico comenzó ayer a depositar parte de sus ingresos en la banca privada ante la creciente posibilidad de que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no pueda pagar a sus acreedores y sea objeto de litigios, supo El Nuevo Día.
Tres fuentes separadas de este diario confirmaron que el envío de depósitos del Gobierno a cuentas privadas comenzó ayer, luego que durante semanas, en la más absoluta secretividad, decenas de agencias abrieran cuentas de depósitos en bancos comerciales. La mayor parte de las cuentas se abrieron en Banco Popular y otras se abrieron en Citigroup.
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Se trata, según las fuentes, de decenas de cuentas que se utilizarán para pagar el salario de los empleados públicos y servicios o bienes críticos para el funcionamiento del gobierno como sería la compra de combustible, las gasas o sueros que se utilizan en Centro Médico, los pagos de la reforma de salud, el transporte escolar y las terapias de educación especial, entre otros, dijeron las fuentes.
Ayer, Popular declinó hacer comentarios sobre el particular. Intentos por contactar oficiales de Citigroup en Puerto Rico no rindieron frutos.
Mientras esta semana el País quedó embelesado con el borrador del proyecto que crearía una junta de control fiscal y con las reuniones entre el gobernador Alejandro García Padilla y los aspirantes a la gobernación para frenar la iniciativa congresional, el Departamento de Hacienda y el BGF daban los toques finales al plan de protección de efectivo del Gobierno que, según las fuentes, no tiene paralelo y que en primera instancia, persigue que los empleados públicos puedan recibir su paga el próximo 15 de abril.
Movida atípica
Se trata, según las fuentes, de una movida de sobrevivencia, pues a la fecha, el BGF no ha podido vender activos suficientes para pagar a sus acreedores. Esto podría afectar a su vez la operación del Gobierno.
En documentos oficiales, el BGF advirtió el año pasado que de encarar problemas de liquidez, ello también afectaría al Gobierno central y las corporaciones públicas.
La ley orgánica del BGF, así como los contratos de bonos permiten que tanto el secretario de Hacienda como los acreedores soliciten un síndico para el agente fiscal. Esto, si el banco está insolvente o si este no paga sus obligaciones.
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Una demanda o un proceso de sindicatura tendría el efecto de congelar todos los activos del banco, incluyendo el dinero que Hacienda utiliza para pagar los servicios públicos.
El BGF NO CIERRA
Ayer, pasadas las seis de la tarde, García Padilla negó el cierre del BGF. Tres horas antes la presidenta del agente fiscal, Melba Acosta Febo, hizo lo propio.
García Padilla también negó que el BGF fuera a privatizarse y arremetió contra la prensa, indicando que los periodistas no deben dar validez a rumores, porque ello puede echar por tierra “las posibilidades de éxito del País”, así como las negociaciones con acreedores.
Empero, cuando los periodistas -congregados en La Fortaleza- preguntaron acerca de las cuentas bancarias del Gobierno, el mandatario pareció escoger sus palabras.
“Eso no es correcto, les pido a ustedes que no hagan caso de rumores. El BGF no es el único banco del Gobierno y el Gobierno no es el único cliente del BGF”, dijo García Padilla. Explicó que es cosa común que las dependencias del Gobierno tengan múltiples cuentas y también en bancos privados.
“Quien diga que se han cerrado cuentas en el BGF es un rumor irresponsable que le hace daño a Puerto Rico”, indicó el mandatario.
García Padilla ofreció sus declaraciones acerca del BGF, unas ocho horas después de que los miembros de la junta de directores del agente fiscal acudieran a la sede del banco en Minillas para una reunión extraordinaria.
A mediodía, Acosta Febo salió del BGF para encontrarse en La Fortaleza con sus colegas, entre ellos, el secretario de Justicia, César Miranda, el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.
La continuidad del gobierno
El Nuevo Día cuestionó a Zaragoza acerca de la apertura de cuentas en bancos privados, pero el funcionario no soltó prenda.
“Mi responsabilidad como secretario de Hacienda es asegurar el Tesoro de Puerto Rico y preparar y poner en vigor los planes que sean necesarios para que el Gobierno continúe operando”, dijo Zaragoza.
Zaragoza aprovechó la plática para resaltar que dentro de la precariedad, los recaudos del Gobierno mejoran, en especial, los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).
No obstante, Zaragoza reconoció que la mejora no es suficiente y que por ello, también es “una prioridad” el fortalecimiento del BGF.
El funcionario subrayó que el BGF es pieza esencial del Gobierno y “eso abarca la obra municipal, la infraestructura estatal y el financiamiento de servicios esenciales”.
A preguntas de este diario, el también miembro de la junta de directores del BGF por designación de García Padilla declinó hacer comentarios acerca de las medidas que tomará el Gobierno en las próximas semanas.
Viva la moratoria
Según García Padilla, la única cosa que ha descartado su administración es cerrar el BGF. Todo lo demás está sobre la mesa, incluyendo una moratoria en el pago de la deuda pública.
Ese camino podría convertirse en realidad en cuestión de semanas, habida cuenta el vencimiento de unos $422 millones en bonos del BGF el próximo 2 de mayo.
Y lo peor está por venir. Los del ELA Soberano quieren convertir a PR de una Colonia Política en una Colonia Ecenómica (por la cercanía y comercio de USA) como quiere Volver a ser Cuba.
“Hay varios borradores de distintas alternativas”, aceptó García Padilla.
El mandatario dijo que ha estado en conversaciones con los presidentes de los cuerpos legislativos y que la evaluación incluye “todas las leyes, presentes y futuras, todo es todo”.
Explicó que su administración evalúa varias alternativas y las consecuencias legales de estas.
Negociando con los acreedores. García Padilla, quien estuvo acompañado de la secretaria de la Gobernación, Grace Santana, hizo claro que las posibles acciones en el plano ejecutivo o legislativo van en paralelo y, en gran medida, dependen de los esfuerzos de negociación que lleva a cabo el BGF y los asesores en reestructuración del Gobierno.
“Continuamos los procesos con los acreedores de buena fe”, añadió García Padilla. Agregó que lo deseable es que los acreedores pacten un acuerdo de moratoria con el BGF, posibilidad que ya se discutió con los acreedores.
De ser así, ello sería similar a la renegociación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dijo Acosta Febo en declaraciones escritas.
Presagio de otra demanda. Por semanas, El Nuevo Día ha reseñado los esfuerzos de negociación que encabezan las firmas Millstein & Co. y Cleary Gottlieb en nombre de Puerto Rico.
Pero ahora que el Gobierno ha dicho que considera una moratoria, fuentes de este diario vinculadas a los acreedores aseguran que hay poca disponibilidad y tiempo para llegar a un acuerdo.
Las fuentes aseguran que los acreedores están listos para demandar nuevamente al Gobierno, si se declara una moratoria o toma cualquier acción que les perjudique.
Al presente, pende una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, tras la declaración de inconstitucionalidad de la llamada ley de quiebra criolla. También queda por resolverse una demanda de las aseguradoras municipales que impugnó la legalidad de la activación de la cláusula de clawback por parte de García Padilla.
Además, El Nuevo Día supo que se asoma la posibilidad de que inversionistas locales demanden al BGF tras el impago de la Corporación para el Financiamiento Público o en caso de que se incumpla con el pago de mayo próximo.
Esos posibles litigios, así como la posibilidad de una sindicatura del BGF, son las razones principales para la estrategia de protección de efectivo.
Desde la perspectiva de García Padilla, Puerto Rico experimenta “una realidad atípica” que requiere soluciones que se tomarán y se explicarán “cuando sea correcto y en beneficio del País”.
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