En el forcejeo ante la escasa liquidez del gobierno, la amenaza del impago y una posible moratoria con igual efecto, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, rechazó la propuesta anunciada ayer por bonistas con una participación de $5 mil millones en deuda garantizada, al sostener que no acercaba nada nuevo a la mesa y no beneficia a la Isla.

“Esta propuesta no resuelve los problemas graves y reales que hoy enfrenta el gobierno. Incurrir en deudas adicionales a un costo más alto no es la respuesta fiscal del ELA, como cuestión de hecho, eso es exactamente el tipo de solución ´Wall Street´ que nos llevó al precipicio y ahora estamos buscando más”, expresó Acosta Febó, al rechazar la propuesta.

AGP es la Personificación de las Mentiras, Falsedades y Engaños – del negociador tramposo que siempre enga~ba a los demás – David Bernier es su Gemelo. Parecen la Reencarnación del Machito Pichón de Fernando Fernández II, hijo de Tres Patines y padre de Leo Paparazzi Fernández.

Con tal expresión, las sillas volvieron a distanciarse un poco más en la mesa de negociaciones, sobre todo al aparecer la controvertible Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, mientras se acercan los próximos vencimientos y el valor de las inversiones continúa en una ruta de caída libre.

Todos, tanto el gobierno como sus acreedores, aseguran por separado estar dispuestos a negociar términos, pero siguen sin encontrar vías comunes. Los asesores en restructuración del Estado Libre Asociado (ELA), al mando de Millstein & Co., buscan detener pagos y negociar al valor actual de los bonos, mientras los acreedores intentan recuperar lo que invirtieron, o sacarle más provecho en el caso de los fondos de cobertura o “hedge fund”, los cuales compraron a descuento.

La oferta de los bonistas incluye un intercambio de bonos para diferir el pago de principal por cinco años, lo cual deberá producirle al gobierno una economía de $1.9 mil millones en el servicio de la deuda durante ese periodo. A ello, sumaron un préstamo de $750 millones mediante emisión de bonos a tasas de 7% anual en su rendimiento.

Con ambos mecanismos, los bonistas señalaron que el gobierno podía evitar llegar al impago en sus obligaciones garantizadas en julio.
Aunque Acosta Febo reconoció que si bien la propuesta les permite postergar deuda y pagar intereses de los bonos de Obligaciones Generales (GO´s por sus siglas en inglés), “lo haría a expensas de los titulares de todos los demás créditos del ELA, muchos de los cuales son residentes de Puerto Rico”. Recordó que negocian con bonistas de unos $48 mil millones (lo cual no incluye a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y otros que completan la deuda total de $70 mil millones).

“Para que quede claro, no hemos recibido una oferta de acuerdo financiero viable y vinculante de nadie, tampoco hemos recibido ninguna oferta que conduciría a Puerto Rico hacia una economía estable y prospera en los años venideros. Si este fuera el caso, los asesores de los bonistas probablemente hubieran hecho esas ofertas cuando nos reunimos con ellos hace dos semanas para presentarles nuestra segunda propuesta de reestructuración consensuada”, añadió la funcionaria.

Por su parte, Andrew Rosenberg, de la firma asesora de bonistas Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, opinó que la propuesta “debe ser atractiva para el gobierno” y reiteró que lo más importante es que “este proceso consensual evita un impago el 1 de julio, lo cual dañaría irreparablemente la economía de Puerto Rico, afectaría a millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la Isla, y obstaculizan el acceso de Puerto Rico a los mercados y su capacidad para financiar los servicios esenciales”. A esa fecha se deben pagar alrededor de $800 millones en Obligaciones Generales.

Rosenberg, a nombre de los bonistas, dijo que “no es casualidad que el gobernador (Alejandro García Padilla) ha buscado la adopción, bruscamente y durante la madrugada (del martes), de la legislación para la moratoria de la deuda en el mismo momento que los grandes tenedores de bonos de Obligaciones Generales llegaban a la Isla para buscar un acuerdo de reestructuración consensuado con los líderes políticos de Puerto Rico”. Fue más lejos y agregó que el primer ejecutivo “ha pasado los últimos nueve meses rechazando todas las propuestas por parte de los tenedores de los GO´s”.

Mientras, el economista ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, Arturo Porzecanski, al analizar la situación de la Isla, comentó que “el proyecto (de la moratoria) me deja muy desmoralizado, porque si el gobernador y el Senado no entienden que la Constitución no puede ser modificada por una ley, entonces de ahora en adelante tengo cero confianza en que ellos tengan el buen criterio, sentido común, y la habilidad técnica necesarias para administrar la crítica situación financiera del gobierno de Puerto Rico”.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.