Dentro de la crisis económica que vive el gobierno de Puerto Rico uno de los elementos que más suspicacia ha creado es la ausencia de los estados financieros auditados del gobierno.
El tema era casi secreto, hasta hace poco tiempo, cuando en las vistas congresionales de Washington surge el requerimiento de dichos estados para corroborar la realidad de la situación financiera del ELA.
AGP ha aumentando todos los presupuestos, regalando fondos públicos y con inversiones alocadas – Siguen nombrando y ascendientos en los Departamentos y Agencias a Batatas Políticas, los Miles de Contratos de los Aneudicistas no los toca, aparecen fondos para comprar votos, Desmanteló al Gobierno y No Gobierna – RR es la Versión PNP de AGP.
Por parte de Alejandro García Padilla y su grupo económico la respuesta fue evasiva. De hecho, el mismo gobernador declaró que nunca antes se había entregado tanta información financiera como ahora, pero ninguna mención de cuándo se entregarían los estados auditados.
La negativa del gobierno a entregar estados auditados ha sido muy consistente. Ni los entregaron a los congresistas estadounidenses que lo solicitaron, ni los entregan localmente a los legisladores que también se han pronunciado al respecto. Y hasta en el juicio federal que se ventila por una demanda interpuesta por la empresa Walmart en contra del gobierno, el juez tuvo que ordenar que dichos documentos le fueran entregados a la parte demandante.
Dicha negativa levanta sospechas sobre qué se esconde en no entregar estados financieros auditados, cosa que no ocurre desde el año fiscal 2012-2013. A esto, agreguemos que dos socios distintos de la empresa responsable de la auditoría de las finanzas del gobierno, la firma KPMG, en dos momentos diferentes dieron explicaciones diferentes sobre los estados. En la primera ocasión, durante el juicio de Walmart, uno de ellos responsabilizó al gobierno porque no ha entregado toda la información necesaria. La otra, ayer en el Senado durante unas vistas sobre el tema, otro socio contradice la información asegurando “categóricamente” que no falta información y que el borrador sí está listo.
Y como por arte de magia, el borrador de los estados financieros auditados fue divulgado anoche poco después de las 8:00 p.m. en la página de Internet de Hacienda. Luce que la presión del Senado local sí tuvo su efecto en KPMG y en Hacienda, algo que no logró el senador republicano Orrin Hatch, quien se ha convertido en el foco de atención para que se considere algún tipo de acción federal para ayudar al gobierno a resolver su crisis financiera.
De hecho, Mr. Hatch dio de plazo hasta el 1 de marzo para que el gobierno de Puerto Rico entregue no solamente los estados financieros auditados, sino una montaña de información.
Desafortunadamente el senador parece que se va a quedar esperando porque el socio de KPMG estableció a preguntas del Senado local que los estados auditados estarán listos entre 8 a 9 semanas, pero que no garantiza que así sea. O sea, que va a ser difícil que el 1 de marzo estén listos sobre todo cuando apenas acaban de entregar el borrador.
La falta de seriedad en tener estados financieros auditados es un gran escollo para el desarrollo de cualquier plan de parte del Congreso norteamericano. Fueron las autoridades locales las que fueron al gobierno federal en busca de ayuda para trabajar la crisis y no son capaces ni
siquiera de entregar el requerimiento más importante para que puedan evaluar la situación: el estado financiero real del gobierno de Puerto Rico.
¿Cómo pretender que se legisle favorablemente a su solicitud, si ni siquiera pueden entregar un documento que garantice que la situación es la que dice el equipo económico del gobierno?
El futuro luce aun más incierto de lo que ya lucía cuando no pueden entregarse herramientas tan básicas como la solicitada por el juez José Fusté, el comisionado residente Pedro Pierluisi, la representante Jennifer González, el senador Hatch, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, el candidato a la gobernación David Bernier, el senador Ramón Luis Nieves y el presidente del Senado, Eduardo Bathia, y siga usted la lista.
Y la excusa es que otras jurisdicciones que han experimentado crisis en Estados Unidos han tomado más días que el gobierno local en entregar sus estados auditados.
Es que para usted medir el alcance real de la crisis actual, se tiene que saber cuál es su situación financiera corriente y en consecuencia hacer un plan estratégico que le permita superar la misma.Pero este no es el caso del gobierno de Puerto Rico desafortunadamente.
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Escrito sobre la PRERA y la PRRA – Ahora es la Cuarta Vez USA usa Junta de Reconstrucción en PR
{El Congreso quiere ayudar, pero AGP no acepta ayuda salvo en sus términos Chavistas.}
Editorial: Acción, al fin
La noticia más importante llegada desde Washington ayer no fue de por sí la vista de la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y de Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.
La noticia más importante fue el anuncio del presidente de la Comisión en pleno, Rob Bishop, de que trabajará un nuevo proyecto de ley junto al Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, cuyo enfoque será la creación de una junta fiscal federal como el remedio que facilitaría el liderato republicano a la crisis económica y fiscal que confronta Puerto Rico.
Al fin. Siete vistas en Cámara y Senado entre el año pasado y lo que va de este -un número sin precedente, para aquellos que siempre se quejan de la poca atención que nos dispensa el Congreso- han sido más que estudio suficiente. Es hora de legislar.
La Soberanía Separada nos Haría Iguales a Cuba o Venezuela
El anuncio del líder congresional republicano de que trabajaría el proyecto junto al Comisionado Residente demócrata, de entrada es positivo porque las posibilidades de aprobación de cualquier legislación sobre el tema dependerán, en primera instancia, de que la misma sea el resultado de un esfuerzo bipartita, como recalcara el propio Pierluisi en su ponencia como portavoz de la minoría demócrata en la vista de hoy. Si republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo, la legislación será difícil de aprobar y aún más difícil de implementar.
El proyecto también deberá ser balanceado. En otras palabras, la junta no puede ser ni ligeramente de supervisión ni absolutamente de control; o sea, ni muy blanda ni muy fuerte. Como bien planteara retóricamente Bishop, ¿cómo podría una junta que meramente brinde asesoría, hacer que cumpla sus directrices un gobierno que ha demostrado una pasmosa falta de disciplina? Y, por otro lado, ¿cómo podría una junta de férreo control fiscal descargar su función sin faltarles el respeto al gobierno de Puerto Rico y su gente? Se tiene que lograr un balance.
Nos reiteramos en que lo que más falta le hace a Puerto Rico es una administración local que sepa cuadrar la chequera. Pero, bien articulada, una junta fiscal federal pudiera ayudar al gobierno de Puerto Rico a reencaminar su política fiscal en la dirección correcta, mejorar su desempeño en el manejo de sus finanzas, restaurar su credibilidad y su crédito y, con ello, recuperar el acceso perdido a los mercados de capital.
La legislación que se redacte también deberá tener algún mecanismo que le permita a Puerto Rico reestructurar al menos parte de su deuda.
Cada día es más amplio el consenso entre expertos en el tema de que éste tiene que ser un elemento fundamental de cualquier solución a la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. Ese mecanismo pudiera ser el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal u otro. Pero no hay que creerse todos los cuentos de la actual administración y sus asesores para poder constatar que Puerto Rico tendrá que reestructurar al menos parte de su deuda si es que tiene esperanzas de poder salir adelante. Eso lo saben hasta los bonistas.
Más allá del tema de la deuda, la legislación también debe contener medidas que ayuden a reactivar nuestra economía y restaurar su crecimiento. La extensión a Puerto Rico de programas federales que fomenten el empleo, como el crédito contributivo por ingreso devengado, o alguna variante del mismo, puede ser una de ellas.
Finalmente, ya es hora de que el Congreso confronte la realidad, tanto económica como social, que resulta del trato desigual que le dispensa a los conciudadanos americanos en Puerto Rico en programas federales clave como Medicare y Medicaid.
Está más que establecido que mientras Puerto Rico sea un territorio, el Congreso no está obligado a dispensar trato igual a los puertorriqueños en programas federales. Pero la presente crisis fiscal le da al Congreso la oportunidad de replantearse si no debiera hacerlo, al menos como un imperativo de justicia social.
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