domingo, 10 de abril de 2016
Más allá de la Junta
La propuesta de la Junta de Control Fiscal no solucionará los problemas de sustentabilidad social y económica para Puerto Rico. Al contrario, podría agravarlos si no se inserta en este proceso una participación vigorosa de la sociedad civil para exigir transparencia y rendición de cuentas. Las políticas económicas no pueden repetir los errores del pasado. Y en eso los medios y todos los sectores civiles del País, tenemos que exigir acceso a este proceso.
Por más que nos desagrade, la imposición de una Junta de Control Fiscal es necesaria. Lo que no puede suceder es que el Gobierno, los ciudadanos y demás sectores de la sociedad le entreguemos todas las facultades de desarrollo económico y social.
Esta oportunidad debe aprovecharse para que el Gobierno y la sociedad civil, en particular el tercer sector de las organizaciones sin fines de lucro y las universidades, participen en un proceso de diseño de las políticas de desarrollo social y económico que marcarán nuestra nueva ruta como País.
Si prospera la propuesta de la Junta, las decisiones macro económicas serán dolorosas y necesarias. Pero no pueden tener un efecto regresivo en nuestra economía y deben tomarse como una oportunidad para tirar una nueva base hacia la construcción de una economía abierta al mundo y sustentable.
Todos los candidatos a la gobernación tendrán que hacer sus propuestas de desarrollo socioeconómico desde esta nueva realidad y deberían insertarse como equipo, junto al gobernador Alejandro García Padilla a negociar en bloque con el Congreso, sobre lo que -por lo menos- no estaríamos de acuerdo en aceptar: un plan que castre nuestra capacidad de construir una economía sustentable.
Algunos de estos planteamientos ya han sido adelantados, particularmente esta semana pasada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando -en un ejemplo de solidaridad y transversalidad- 40 organizaciones de la sociedad civil propusieron que el manejo de la deuda y las políticas fiscales se enmarquen en el respeto y garantía de los derechos humanos de nuestros ciudadanos (http://bit.ly/23kKBgU).
Estos ciudadanos deberían formar parte de un Comité Timón que se integre como representantes de la sociedad civil para que velen que las políticas macro económicas que se deriven del plan de ajuste fiscal tengan el menor impacto en nuestros derechos humanos. Y los candidatos a la gobernación deberían invitarlos a la mesa para que integren en sus programas de gobierno el enfoque de la protección y desarrollo de los derechos humanos en nuestras políticas de desarrollo socioeconómico.
La falta de transparencia y acceso a los datos de las finanzas públicas, la escasa destreza de interpretación y análisis de parte de la prensa puertorriqueña, la descoordinación y fragmentación de los sectores profesionales y académicos que estudian las políticas públicas, han sido condiciones que han promovido que la ciudadanía no se interese, ni entienda la importancia de participar y exigir políticas de desarrollo socioeconómico sustentables.
Estamos ante esa increíble oportunidad ahora mismo. En primer lugar, para ampliar la participación experta ciudadana en la auditoría y certificación del crédito público, ahora. Y en segundo lugar, para que quede instalado un equipo de personas expertas en desarrollo humano para que las políticas fiscales de corto plazo no tiren una zapata que nos hunda más de lo que nos sostenga a futuro.
Cierto que en las primeras décadas del siglo pasado, Puerto Rico enfrentaba una crisis de miseria y pobreza. Pero esta crisis actual, ocurre en medio de una abundancia por un lado, y de grandes desigualdades por otro. De hecho, porque no hemos sabido administrar esa abundancia es que tenemos los niveles tan altos de desigualdad en medio de tanta prosperidad.
Yo no tengo duda de que saldremos adelante. Tenemos todos los recursos económicos y humanos para salir adelante. La pobreza es física, pero también es mental. El coloniaje también.
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