WASHINGTON.–  La idea de imponer una junta federal que asuma el control absoluto de los asuntos fiscales del gobierno de Puerto Rico y determine el curso de un posible proceso de reestructuración de la deuda pública tiene esta semana su primera prueba de fuego.

Hasta ayer, los planes del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el republicano Rob Bishop (Utah), eran divulgar hoy un nuevo borrador de la legislación, presentar el proyecto oficialmente mañana, martes, discutirlo el miércoles en una audiencia pública y, si las cosas no se les complican más, aprobarla el jueves en su comisión.

Si la junta que se crea le arrebata el poder sobre el presupuesto a los legisladores y al gobernador de Puerto Rico, los demócratas – que tienen suficientes votos para detener una legislación en el Senado-, han indicado que bloquearán la medida en la cámara alta.

Pero, sin cambios en el lenguaje de la medida sobre el poder de reestructuración que se le concede a la junta, son los republicanos los que pueden impedir que la medida avance.

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El proceso legislativo comienza a cobrar forma en momentos en que la Legislatura de Puerto Rico acaba de otorgarle poderes al gobernador para decretar una moratoria en la deuda pública, y el gobierno de la Isla, que ya ha dejado de pagar cerca de $100 millones de la deuda, se encamina a un impago masivo entre mayo y el 1 de julio.

«El poder de la junta se va a ajustar a lo razonable», confió el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, en una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Pierluisi, además, prevé que se logre detener la presión de las firmas de inversiones que quieren evitar que se autorice un mecanismo que permita a una junta federal forzar la reestructuración de gran parte de la deuda pública.

«Una junta que no tenga el poder y la habilidad de reestructurar gran parte de la deuda pública en Puerto Rico no va a ayudar gran cosa. Una cosa va con la otra. Si le quitan a la junta el poder de refinanciar la deuda pública, entonces deja de haber justificación para su existencia», sostuvo el comisionado Pierluisi, quien – al igual que el republicano boricua Raúl Labrador (Idaho), es miembro del Comité de Recursos Naturales.

Antes de viajar anoche hacia esta capital, junto a precandidatos a gobernador, líderes industriales y del gobierno, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que «una Junta de Supervisión Fiscal puede ser aceptada en la medida en que respete los poderes de un sistema democrático».

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Algunas de las principales firmas de inversiones que tienen bonos del gobierno de Puerto Rico demandan de los republicanos que la medida exija que haya un alto porcentaje de consenso de los bonistas para la junta poder llevar la reestructuración de la deuda de una entidad del gobierno ante un juez federal.

Con el respaldo de firmas de inversiones, el Centro para la LibertadIndividual (CFIF) mantiene una campaña de publicidad en las principales cadenas de televisión de EEUU en contra de que se autorice un proceso de reestructuración de gran parte de la deuda pública.

«Si a Puerto Rico se le permite declarar bancarrota y victimizar a sus bonistas, estados que gastan mucho, como Illinois, pueden buscar que el Congreso les otorgue la misma autoridad», ha indicado el CFIF, un grupo conservador con oficina en Alexandria (Virginia), que, según Sunlight Foundation, ha dedicado por lo menos $200,000 a su campaña.

«Esos que apoyan la propuesta legislativa, incluido el representante Bishop, pueden tener su corazón en el lugar correcto. Pero, eso no altera la realidad de que el proyecto provocará el tipo de rescate financiero sobre las espaldas de los estadounidenses al que dicen oponerse», señaló este fin de semana, en un blog, el vicepresidente para Asuntos Legales y Públicos del CFIF, Timothy Lee.

El más reciente borrador de legislación propone una junta federal de control fiscal formada por cinco personas con derecho al voto, todas nombradas por el presidente de EEUU, cuatro de ellas recomendadas por el líder de la mayoría republicana del Senado (2) y el presidente de la Cámara de Representantes (2). Del listado de propuestas que someta el presidente cameral, el presidente de EEUU tiene que escoger uno que tenga residencia o negocio primario en Puerto Rico.

El gobernador de Puerto Rico y el secretario del Tesoro de EEUU serían miembros con voz, pero sin voto en la comisión. Su espacio puede ser ocupado por una persona nombrada por ellos.

La propuesta legislativa permitiría – por lo menos durante cinco años-, que  los miembros de la junta tengan la última  palabra sobre el presupuesto anual y los planes fiscales. Pero, además, pudieran revisar cualquier proyecto aprobado en la Legislatura de Puerto Rico.

En camino hacia un proceso de reestructuración de la deuda, voluntario o por la vía judicial, el borrador imponía una moratoria de 18 meses en el cobro de deuda del gobierno de Puerto Rico. Pero, cuando la medida fue divulgada, la jefatura republicana sostuvo que ese era un asunto que aún no estaba plenamente decidido.

«Esa parte de la legislación está bajo escrutinio», dijo Pierluisi, quien  considera que la moratoria ordenada a nivel local, «si tenía la intención de presionar a los acreedores, lo que ha hecho es un grave daño a la imagen y reputación del gobierno de Puerto Rico».

La propuesta legislativa que se dio a conocer  finales de marzo busca promover un proceso de negociación voluntaria entre los acreedores y las autoridades del gobierno de Puerto Rico, después de haberse divulgado las auditorías sobre los estados financieros de cada emisor de deuda.  Permite, no obstante, que los miembros de la junta determinen cuando debe llevarse ante un juez federal la reestructuración de las obligaciones generales de una dependencia del gobierno.

Las firmas de inversiones, con el respaldo de grupos conservadores como CFIF y la Asociación 60 Plus, se han opuesto a la moratoria en el pago de la deuda, a que se permita reestructurar todas las obligaciones y que la junta tenga el poder para decidir cuándo acudir al tribunal.

Pero, la mayor preocupación de la dirección del Comité de Recursos Naturales, más allá de las campañas que puedan desarrollarse en su contra en sus distritos, son las críticas que ha hecho el Comité de Estudio Republicano (RSC) – el principal grupo independiente del caucus de la mayoría cameral-, a la legislación.

Un total de 171 de los 246 legisladores de la mayoría de la Cámara de Representantes son miembros del RSC, incluido el Bishop y otros 16 republicanos del Comité de Recursos Naturales, integrado por 26 congresistas del Grand Old Party (GOP) y 18 demócratas.

Los otros miembros del RSC que son parte del Comité de Recursos Naturales son Doug Lamborn (Colorado) , Rob Wittman (Virginia), John Fleming (Luisiana), Tom McClintock (California), Dan Benishek (Michigan), Jeff Duncan (Carolina del Sur), Paul Gosar (Arizona), Doug Lamatta (California), Jeff Denham (California), Bruce Westerman (Arizona), Dan Newhouse (Washington), Ryan Zinke (Montana), Jody Hice (Georgia), Alex Mooney (Virginia Occidental), Cresent Hardy (Nevada) y Darin Lahood (Illinois).

«El borrador legislativo de discusión sobre la situación fiscal de Puerto Rico incluye provisiones que esencialmente proveen una reestructuración federal mandatorio de la deuda de la Isla. Ese acercamiento es inconsistente con la posición del RSC sobre el asunto», dijo hace unos días el presidente del RSC, el republicano Bill Flores (Texas).

Para Flores poder emitir una declaración de política pública, requiere dos tercios de los votos de la junta directiva del RSC. Pero, el RSC no necesariamente podrá forzar el voto de sus miembros en el comité.

El liderato republicano está pendiente además de las posiciones que asuma el «Freedom Caucus – que reúne a los republicanos más conservadores y a algunos miembros del RSC.

El boricua Labrador, por ejemplo, es uno de los miembros del Freedom Cacusus, integrado por cerca de 40 congresistas, que pertenece al Comité de Recursos Naturales.

Si la medida sigue generando controversia entre la mayoría, los republicanos pueden demandar del speaker Paul Ryan la mal llamada regla «Hastert», que exige que una medida tenga el apoyo de la mitad más uno del caucus republicano para poder ir a votación final en el pleno de la Cámara baja federal.

«Es razonable que si la junta va a permitir la reestructuración de gran parte de la deuda pública de Puerto Rico también tenga el poder de aprobar nuestro plan fiscal y velar por su cumplimiento. Sería lo mismo que haría un banco a quien se le pide un refinanciamiento», sostuvo Pierluisi.

A pesar de los truenos, el comisionado Pierluisi ve posible un acuerdo bipartidista. Los planes de la dirección del Comité de Recursos Naturales  que la medida – si sale de comisión con suficiente apoyo de republicanos y demócratas-, vaya al pleno de la Cámara baja antes que termine este mes.

Pero, en el Senado no se prevé acción por lo menos hasta mayo, para cuando entonces puede haber ocurrido un impago masivo en el servicio de la deuda.

En el Senado, los demócratas tienen suficientes votos – 46 de 100-, para evitar que un proyecto pueda ir a votación final, pues para impedir que un solo senador bloquee una medida se requieren 60 votos.

El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, senador por Vermont, ya ha prometido ser un voto en contra de una junta federal que limite más la democracia electoral en la Isla, lo que reafirma que sin un acuerdo bipartidista no se aprobará legislación en el Senado.