La nueva ley de moratoria que activó un “periodo de emergencia” sobre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le acaba de colocar en una clasificación de ‘SD’ (Selective Default), que se refiere a incumplimiento de pago selectivo, por parte de la agencia Standard & Poor´s.
Esta nota se da por no haber cumplido con una o más de sus obligaciones financieras, lo cual no se limita únicamente a las que son objeto de clasificación crediticia, también incluye obligaciones que no son clasificadas.
Esto llega a solo días desde que el gobernador decretó un “periodo de emergencia” para el BGF, que ya ha sido descrito como una entidad insolvente por el propio gobierno, y ahora con la paralización de “obligaciones garantizadas” por el banco y la restricción en desembolsos, transferencias y demás, se muestra la gravedad de sus finanzas.
“La restricción del acceso de los depositantes a sus fondos constituye un impago selectivo (SD) de las obligaciones del BGF, como se define en nuestros criterios”, planteó el analista de S&P, Shameer Bandeally.
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Al describir la reciente ley de moratoria y su activación sobre el banco, Badeally indicó que “en consecuencia estamos bajando nuestra calificación de crédito de emisor en el BGF”, pero la clasificación de nivel de emisión continúa en CC. Esa nota de CC, que se refiere a potencial riesgo de impago, no se baja a D “ya que el BGF aún no ha incumplido con los pagos del servicio de deuda” y todavía no se decreta la moratoria. Una vez eso ocurra habrá otra degradación a D, que significa impago.
Destaca que la acción del gobierno evita a los depositantes del BGF, como los municipios y agencias públicas, puedan retirar sus fondos del banco, excepto cuando sea para proveer “servicios esenciales”, como pago de nómina, y los relacionados con la policía, bomberos, médicos y educación, entre otros.
No obstante, como ha señalado en informes recientes, S&P reitera su pronóstico de que “creemos que un impago en los próximos pagos de $423 millones al 2 de mayo es casi seguro”, basado en la liquidez de unos $560 millones al 1 de abril.
De acuerdo con las definiciones de S&P, “Se asigna una calificación de ‘D’ cuando Standard & Poor’s considera que un incumplimiento de pago será general y que el deudor no pagará puntualmente ninguna o casi ninguna de sus obligaciones. Se atribuye una calificación ‘SD’ cuando Standard & Poor’s considera que se trata de un incumplimiento en relación con una emisión específica o clase de obligaciones pero que el emisor continuará honrando otras emisiones o clases de obligaciones dentro de los plazos establecidos. Bajamos la calificación de un emisor a ‘D’ o ‘SD’ si está realizando un canje de deuda desventajoso (distressed exchange offer)”.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Trazada la ruta del BGF
La declaración de un estado de emergencia en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) suspende “todas las obligaciones garantizadas” y deja sin efecto el requisito de mantener una reserva del 20% de sus obligaciones por concepto de depósitos.
Con esos dos decretos, la suerte del banco está prácticamente echada y es cuestión de tiempo su permanencia, lo cual ni siquiera dará tiempo para que bajo su estructura actual se alcance una negociación con acreedores, al contar con una liquidez que ronda los $500 millones y al 1 de mayo le vencen obligaciones de principal por $422.8 millones.
De hecho, en la orden ejecutiva de 9 páginas, firmada por el gobernador Alejandro García Padilla el viernes y divulgada el sábado, establece que “hay un riesgo inminente de que la liquidez del BGF se reduzca drásticamente en el futuro cercano”, y aunque señala que hay un proceso de negociación, admite que “cualquier transacción de reestructuración tomará tiempo de implementar”.
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La prioridad, entonces, es “el deber de tomar todas aquellas medidas que sean razonables necesarias para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes…”, expone el gobernador, con lo cual plantea que los recursos que queden disponibles serán para servicios esenciales únicamente. Por eso se restringen los pagos y el retiro de depósitos, entre otros.
La única alusión a los bonistas es cuando menciona que “el BGF se encuentra negociando con un grupo significativo de los tenedores de su deuda” y más adelante asegura que la orden ejecutiva “no impone una moratoria sobre las obligaciones” de la entidad. En cambio, en su undécimo inciso la orden decreta que “se suspende temporalmente el desembolso de todos los préstamos y adelantos del BGF y el pago de todas las obligaciones garantizadas por el BGF”.
A su vez, sin entrar en detalles, deja sin efecto el Artículo 6 de la ley que creó al banco en 1948, el cual se refiere a la reserva legal de 20% de sus obligaciones por concepto de depósitos Es cuando no se cumple con este requisito, entre otros, que se supone que el secretario de Hacienda invoque al gobernador la designación de un síndico, de acuerdo con la ley primaria del banco.
Además, en el inciso decimoquinto de la orden, se establece que “todo desembolso hecho por el BGF en el curso ordinario estará exento del Artículo 14 de la Ley” que creó al banco. Dicho artículo indica que “serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, letras de cambio o acreencias del Banco o depósitos al crédito del mismo así como toda cesión de hipoteca, garantía sobre bienes raíces o de sentencia, o de decreto a favor del Banco, y todo depósito de efectivo, oro y plata en barras, u otra cosa de valor, y todo pago en efectivo hecho a sus acreedores, mientras el Banco esté insolvente o en espera de insolvencia, con la intención de evitar que se aplique el activo del Banco en la forma que en esta Ley se prescribe, o con la idea de dar preferencia a un acreedor sobre otro”.
Con los detalles de la orden señalados queda implícito que próximamente habrá nuevos pronunciamientos para oficializar más restricciones y cambios hasta la eventual conclusión del BGF de Puerto Rico, cuya génesis se remonta a 1942, bajo el gobierno del economista Rexford Guy Tugwell, el llamado último gobernador estadounidense de la que el llegó a describir como una “tierra asolada”.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Desangrados los suplidores del ELA
Ni las líneas de crédito y ni el capital propio están siendo suficientes para que los suplidores que sirven bienes y servicios al gobierno de Puerto Rico puedan darle continuidad a sus operaciones, asegurando que en un término de tiempo muy corto, las quiebras y los cierres de muchas de estas compañías será una realidad concreta.
Acorde con varios suplidores entrevistados por este rotativo, que rehusaron se les identifique por temor a represalias o perjudicar su relación con empleados y otros clientes, dijeron que las líneas de crédito ya las han tenido que llevar al máximo, lo que cierra esa puerta, y se han visto en la obligación de utilizar el caudal privado, el cual igualmente lo han llevado a su final. Esto pone en riesgo no solo sus negocios, sino la estabilidad de sus familias.
Uno de los suplidores aseguró que su empresa contaba con 73 empleados. Al momento, la deuda contra
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ída con ellos por parte del gobierno asciende a cerca de $1 millón, tras seis meses de no recibir pago alguno. En ese tiempo, hizo uso de su línea de crédito y cuando llegó al límite, empezó a utilizar de sus fondos personales para mantener la operación y el pago a sus empleados. Confesó que esto igualmente se agotó y tuvo que reducir a menos de la mitad el número de empleados y recortar horarios a otros.
El empresario, en tono afectado, señaló que esta estrategia lo ha conducido a no poder ofrecer el servicio de calidad al que tenía acostumbrado a sus otros clientes, por lo que ha perdido otros contratos, ya que el poco personal que retuvo está cargado de tareas. “No puedo pagar y nadie trabaja de gratis. Si ves mi realidad, de manera indirecta el gobierno ha expropiado mi negocio. De no recibir algo de paga en los próximos días, tendré que optar por la quiebra, dejando en la calle el otro grupo de empleados y más aún buscar opciones para seguir adelante para poder cumplir con mis obligaciones personales. Yo tengo casa, familia y deudas personales que tengo que cumplir. Lo que ahora relativamente no tengo es negocio y dinero para satisfacer ni la necesidad del negocio ni la de mi familia”, sentenció.
El suplidor agregó, que en esta jugada no solo se afectó su negocio y sus empleados, sino que decenas de suplidores que le sirven a su negocio también confrontan problemas, porque no les ha podido cumplir cabalmente en sus pagos, lo que extiende su deuda, tanto personal como profesional.
Esta historia no es exclusiva de este comerciante, es el pan nuestro de cada día en muchos negocios del país que veían al Gobierno como su principal puerta de crecimiento. Asimismo, quedó revelado que el rostro del suplidor gubernamental no se limita a grandes o pequeños, sino que es extensivo tanto a empresarios como empresarias, que se las juegan todas por intentar prevalecer en el entorno económico.
Según consta en la revisión del plan fiscal y económico publicado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), se detalla que la deuda con suplidores creció de $1,700 millones en junio de 2015 a $1,800 millones en diciembre de ese mismo año.
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En los últimos meses, múltiples contratistas han amenazado con paralizar la provisión de alimento a los reos, las terapias a los niños y niñas de educación especial, la gasolina a la flota vehicular del gobierno, así como el mantenimiento a la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), entre otros, debido a deudas millonarias de las distintas dependencias gubernamentales. Sin embargo, los suplidores son muchos más que esos, se trata de los que ofrecen adiestramientos, equipos, materiales, estudios, asesoría, entre otros, donde fungen tanto grandes como pequeños empresarios.
En este particular, Rubén Piñero, presidente del Centro Unido de Detallista (CUD), aceptó que no todo comerciante pequeño y mediano tiene la capacidad para poder aguantar el impago de un año de servicio, el cual ya fue prestado y no existe garantía inmediata de repago. Ante esta realidad, muchos de los miembros de su organización que ofrecen servicios al gobierno, se han visto obligados a reducir personal, reducir horas, acogerse a la protección de la Ley de Quiebras y otros estrictamente han cerrado operaciones. “Esto es bien inquietante por el efecto multiplicador que tiene en toda la economía. Ese empleado cesanteado tiene sus deudas, las cuales entonces no puede cumplir, afectando a un tercero y así sucesivamente. Se trata de un efecto dominó donde una vez cae uno caen todos”.
En opinión de la economista Heidi Calero, las moratorias en el pago a los suplidores generan un desencadenamiento, ya que al no pagarle al suplidor este no puede pagar a sus empleados, quien es una persona que paga hipoteca, auto, hace compras y demás. Al éste no poderlo hacer, se desencadena una serie de eventos que redunda en un estancamiento mayor de la economía.
Ante esta tendencia, Calero no descarta que se seguirá viendo un crecimiento negativo de la economía, reposiciones de casas, moratoria en los financiamientos, menos compras en los comercios y menos adquisiciones de servicios. “Se trata de una reacción en cadena. Todo está entrelazado, nada en la economía está aislado. Hablar de $2,000 millones en una economía de $68,000 millones es muy significativo”.
Para el economista Antonio Rosado, la situación es inconcebible, ya que el gobierno viendo la tendencia alcista en la deuda, no tuvo la capacidad de detener el patrón excesivo de gastos. “El gobierno no ha sabido organizar la casa y con su práctica ha afectado a miles de contratistas y suplidores. Se trata de una irresponsabilidad crasa, que ha repercutido en que muchos de estos empresarios se vean obligados a cambiar sus modelos de negocios para poder continuar, dejando atrás despidos, reducción de jornada, retrasos en el pago a suplidores y líneas de crédito hasta el tope, con total incapacidad de poder tomar prestado”, analizó Rosado.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Alcalde de San Germán dice presidenta del BGF es parte de la crisis
El alcalde de San Germán, Isidro Negrón, dio “gracias a Dios” que la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, no estuvo en la reunión que convocó precipitadamente La Fortaleza para explicarle a los alcaldes la ley de moratoria y la orden ejecutiva que restringe el dinero que recibirán los municipios y las agencias.
“Gracias a Dios que ella no estuvo, porque ella es parte del problema y ya no debería ni estar en el gobierno. Ella es parte de la crisis que tiene este país”, aseguró Negrón a la agencia Inter News Service (INS).
Negró recordó que cuando Acosta Febo fue directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) durante la gobernación de Sila Calderón, su experiencia fue “mala también”.
“Y como secretaria de Hacienda su gestión fue mala, y como presidenta del Banco, peor todavía”, dijo Negrón, quien lleva sobre 20 años al frente del municipio de las lomas donde mora la emblemática iglesia Porta Coeli.
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Negrón le atribuyó la crisis económica del país a la pobre gestión de la exsecretaria de Hacienda. “Comenzaron a tomar decisiones sin consultar con los alcaldes. La crisis del Banco no es causa de los municipios”, afirmó, sino de las corporaciones que no pagan, “porque los municipios pagamos un año antes la deuda” que emiten.
Por otro lado, los municipios tienen varias fuentes de repago para sus préstamos.
“Nosotros no somos el problema”, dijo Negrón a su salida de una orientación de La Fortaleza sobre la ley de moratoria y la orden ejecutiva que restringe el dinero que eroga el BGF, entre ellos a los municipios. En esta reunión no estuvo Acosta Febo.
“Nos han estado incautando el dinero hace mucho tiempo” de diversas cuentas que tienen los municipios en el BGF”, se quejó el alcalde. “Ella se ha negado a reembolsarle a los municipios” o los paga muy tardíamente, a veces cuando la amenazan con ir a los tribunales, agregó.
Negrón fue miembro de la junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, y vicepresidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los municipios del PPD.
“Yo estoy haciendo un llamado por lo que le va a ocurrir a cualquiera de los 78 municipios”, afirmó. “Yo estoy fiscalizando para que las cosas se hagan bien”, agregó.
Negrón manifestó que si el BGF no le va a desembolsar dineros a los municipios, a estos debe aplicarse una moratoria para no pagar sus deudas.
El alcalde de San Germán indicó que debe haber representación de los alcaldes en las juntas que deciden la manera en que se erogará el dinero del BGF, y se les debe tomar en cuenta. Se quejó que a ellos solo se les convoca para informarles, pero no para recibir su insumo.
“Aquí las decisiones se han tomado en cuartos cerrados, aquí los alcaldes solo somos llamados para informarnos las consecuencias de lo que se está decidiendo, pero no nos dan participación. Nunca nos han tomado en cuenta”, denunció Negrón.
InterNewsService
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
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