No será sino hasta el jueves que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal considere y lleve a votación el proyecto presentado esta tarde para crear una Junta de Supervisión o Control fiscal para Puerto Rico.
Aunque se esperaba que después de la audiencia de mañana a las 10:00 a.m. se llevara a votación el proyecto, EL VOCERO supo que la votación fue pospuesta para el jueves porque la medida no cuenta con los votos necesarios.
El H.R 4900 fue radicado esta tarde por el representante Sean Duffy (Wisconsin) y denomina el propuesto estatuto como la ‘Ley fiscalizadora para la administración y estabilidad económica de Puerto Rico’.
La pieza de más de 100 páginas establece un aumento en la cantidad de integrantes de la Junta, los cuales serán designados por el presidente de Estados Unidos.
Dos de los miembros de la Junta serán escogidos de una lista que proveerá el presidente de la Cámara federal; dos de ellos de una lista provista por el líder de la mayoría del Senado federal; uno de una lista provista por el líder de la Minoría de la Cámara federal; uno de una lista provista por el líder de la Minoría del Senado federal; y uno que seleccionará el mismo presidente de Estados Unidos.
La Junta también proveerá guías para que el gobierno local desarrolle un plan para los próximos cinco años fiscales.Este plan tiene que contar con la aprobación de la Junta y posterior a esto el gobernador tendrá que preparar un presupuesto anual que cumpla con el mismo.El presupuesto también pasará por el cedazo de la Asamblea Legislativa, quienes según el proyecto de ley, mantendrán su derecho constitucional para hacer enmiendas. Es decir, el gobernador deberá enviar a la Junta todo tipo de legislación.
Además, al final de cada trimestre del año fiscal, el gobernador de turno deberá presentar un informe a la Junta, donde describa los ingresos, gastos y el flujo de efectivo del trimestre anterior, comparado con lo que se había proyectado gastar y recibir en el plan fiscal y en el presupuesto. Mediante este informe, la Junta podrá descubrir si hubo inconsistencia en las proyecciones y de descubrirse alguna esta pueda aconsejar al gobierno local para corregirla de la forma que sea considerada la más apropiada.
Esta nueva medida establece que la Junta no está autorizada para emitir normas y regulaciones vinculantes sobre el gobierno local.
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Complacido Pedro Pierluisi
El comisionado residente Pedro Pierluisi se mostró satisfecho con la medida que radicó el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, al tiempo que señaló que la primera versión del proyecto no cumplía con los criterios para reestructurar la deuda de una forma “justa”.
“En primer lugar, el proyecto de ley debe establecer un proceso justo y ordenado que promueva acuerdos voluntarios de reestructuración de la deuda entre las entidades emisoras de bonos de Puerto Rico y sus acreedores, y luego permita que esos acuerdos puedan hacerse valer en el tribunal. En segundo lugar, el proyecto de ley debe establecer una Junta de Supervisión razonable que tenga la autoridad para fiscalizar, pero no para ordenar y controlar, las decisiones presupuestarias del gobierno de Puerto Rico”, señaló.
Agregó que “demás está decir que la sección de reestructuración de la deuda debe ser elaborada de manera justa para los acreedores, pero que no cree impedimentos irrazonables para un alivio de la deuda de Puerto Rico. En otras palabras, la oportunidad de obtener un alivio en la deuda debe ser real, no ilusoria. De lo contrario, este proyecto no podrá convertirse en ley”.
Pierluisi mencionó que todavía no está en posición de apoyar la medida, ya que esta podría enfrentar enmiendas antes de la vista de consideración pautada para este jueves.
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