El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja de Estados Unidos tiene ante su consideración una medida para crear una junta federal encargada de desarrollar y velar por el cumplimiento administrativo de una política fiscal para Puerto Rico y liderar, según su discreción, la reestructuración de la deuda pública de la Isla.
El proyecto de ley 4900 crearía una entidad encargada de lograr un presupuesto balanceado que permita el pago de la deuda y de los servicios públicos “esenciales”. Mientras, la reestructuración de la deuda estaría sujeta a un acuerdo voluntario con los acreedores y a la publicación de los estados financieros auditados.
Esta junta tendrá el poder de recortar gastos, investigar y despedir a empleados públicos en la Isla.
Someterá también al gobernador de turno una lista de candidatos para dirigir los procesos de “revitalización”, que tal parece es el desarrollo de proyectos de infraestructura para lo cual cuenta con un proceso expedito de permisos.
Para evitar alegaciones de inconstitucionalidad -como había sugerido el gobernador Alejandro García Padilla- el proyecto se aferra de la Constitución de Estados Unidos que le permite al Congreso disponer y regular a sus territorios según lo estime. Así las cosas, todas las entidades gubernamentales de Puerto Rico estarán bajo el sometimiento de la denominada “Junta de Supervisión”, criatura del Congreso de Estados Unidos.
La supremacía de la Junta sobre el gobierno puertorriqueño queda constatada como mínimo en la sección 108: “ni el gobierno ni la Legislatura podrán ejercer control, supervisión, monitoreo o fiscalización de la junta o sus actividades”, como tampoco podrán promulgar leyes, resoluciones o política pública con respecto a esta junta.
El gobernador García Padilla, quien había jurado cabildear en contra de un organismo que no “sobrepase la democracia puertorriqueña”, reaccionó anoche en declaraciones escritas agradecido con la radicación del proyecto. “Recoge varios de los planteamientos con respecto a un enfoque más justo de los poderes de la junta y es un paso importante en la dirección correcta”, sentenció el primer ejecutivo.
Por su parte, el comisionado residente Pedro Pierluisi, catalogó ayer el proyecto como uno mejor al divulgado como primer borrador, pero mencionó que todavía no está en posición de apoyar la medida, ya que podría enfrentar enmiendas antes de la vista de consideración pautada para mañana jueves. El Comité de Recursos Naturales discutirá hoy la medida en audiencia pública a las 10:00 a.m. y no está citado ningún funcionario de Puerto Rico.
Mientras, Paul Ryan, presidente de la Cámara de Estados Unidos, dijo que el Congreso tiene la responsabilidad constitucional “de poner orden en el caos” que vive Puerto Rico.
Ryan dijo, según reportó Prensa Asociada, que la iniciativa “exige cuentas de la crisis a las personas adecuadas, reduce el tamaño del gobierno y autoriza a una junta independiente a que contribuya a poner a Puerto Rico en el camino de la salud fiscal. La iniciativa también es importante a largo plazo porque protege a los contribuyentes de Estados Unidos de tener que rescatar financieramente a Puerto Rico”.
Tan pronto se configure la junta, se establecerá un calendario al cual estará sujeto el gobernador en el proceso de presentar, aprobar y certificar un plan fiscal cuyo objetivo, según lo dispuesto en la sección 201, será “proporcionar un método para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales”.
Sin detallar método alguno para lograrlo, la junta tiene como encargo proveer una carga de la deuda que “sea sostenible”, eliminar el déficit estructural, asegurar el financiamiento de “servicios públicos esenciales” y proveer financiamiento “adecuado” para el sistema de retiro gubernamental.
EL VOCERO reportó que la deuda de Puerto Rico asciende a $146 mil millones – al incluir bonos de vencimiento fijo y deudas sin fuente de repago de los sistemas de retiro- cifra que representa el doble del Producto Nacional Bruto, por lo cual representantes del sector público y privado han recalcado la necesidad de trabajar medidas de desarrollo económico antes que cualquier otra cosa.
Si el plan fiscal no satisface, la junta emitirá una notificación de violación donde dictará al gobernador recomendaciones para su revisión. “Si el gobernador de Puerto Rico falla en someter un plan fiscal que la Junta de Supervisión determina -en su discreción única- que satisface los requerimientos en el tiempo especificado, la Junta de Supervisión podrá desarrollar y someter al gobernador y a la Legislatura un plan fiscal que satisfaga esos requerimientos”, lee la medida.
Igual discreción se reservan con el presupuesto por encima de las consideraciones o enmiendas de la Legislatura. Cualquier variación en las proyecciones que no sea atendida por el gobernador, tendría la repercusión inmediata de que la junta pueda reducir gastos que no sean de servicio a la deuda, así como congelar contrataciones de personal y prohibir contratos en exceso de $100,000.
Mientras se imponen estas medidas de austeridad, “la Junta de Supervisión podrá usar sus poderes con respecto al presupuesto del territorio para asegurar suficientes fondos disponibles para cubrir todos sus gastos”.
Sobre la reestructuración de la deuda, se delega a la junta federal esa discreción única una vez certifique que se alcanzó un acuerdo voluntario con los acreedores. Los acuerdos previos de reestructuración -como el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- se salvaguardan solo si “se han consumado”.
Aunque se permite que otros territorios -como Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana- soliciten la junta por resolución de sus gobernadores y Legislatura, en el caso de Puerto Rico se impone sin que la Asamblea lo ratifique.
Este organismo nuevo estaría compuesto por siete miembros designados por el presidente de Estados Unidos tras agregar dos sillas que representen a la minoría demócrata en el Congreso. Estas son personas con conocimiento en el mercado de bonos municipales y no deben ser funcionarios del gobierno de Puerto Rico. El gobernador no tendrá voto en la junta.
Las reuniones serán cerradas al público, aunque se permite que lleven a cabo vistas públicas. La junta tendrá acceso total a toda la documentación y récords en potestad del gobierno.
En su facultad de investigar, la junta podrá emitir requerimientos de información o ‘subpoenas’ para la divulgación de cualquier material. Cualquier funcionario que dé a la junta información falsa, será procesado y podrá ser despedido como sanción administrativa.
“La Junta de Supervisión velará por que los efectos de esta Ley se cumplen, entre otras cosas garantizando la aplicación inmediata de las leyes aplicables del territorio cubierto prohíbe a los empleados del sector público de participar en una huelga o cierre patronal”, prohíbe la medida.
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