WASHINGTON.- Mientras el liderato republicano en la Cámara de Representantes afirmó ayer que tiene poco espacio para maniobrar, un influyente senador advirtió que como está ahora el proyecto cameral que impondría una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico tampoco sería ratificado en el Senado.

«Como está la legislación (de la Cámara baja) no vamos a poder aprobarla aquí», indicó ayer el senador republicano Orrin Hatch (Utah), según la publicación Roll Call.

Como presidente del Comité de Finanzas, Hatch es el senador republicano que más activo ha estado públicamente en el debate sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

Su proyecto, presentado en diciembre pasado, no ofrece al gobierno de Puerto Rico un mecanismo para reestructurar su deuda pública, contrario al 4900 de la Cámara baja que deja esa decisión en manos de la junta federal de control  fiscal o de procesos voluntarios.

Sin lograrse ayer aún un lenguaje final, lo más rápido que podrá llevarse a votación el proyecto 4900 en el Comité de Recursos Naturales sería el jueves 28 de abril, un día antes de que la Cámara baja recese hasta el 10 de mayo, según fuentes legislativas.

El gobierno de Puerto Rico intenta lograr un acuerdo de indulgencia con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que evite un impago de cerca de $120 millones, del total de $422 millones del servicio de la deuda de esa institución que vence el 1 de mayo.

Pero, al igual que las firmas de inversiones que cabildean sin cesar en el Congreso, miembros de la comisión están divididos entre los que consideran si los dueños de bonos de obligaciones generales y de COFINA deben estar sujetos a reestructuración.

«Al final no sé si vamos a hacer cambios porque la Constitución de Puerto Rico ya protege ciertos bonos», dijo ayer a El Nuevo Día el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), al indicar que puede ser más efectivo dejar todo el análisis sobre cómo proceder con la deuda en manos de la junta federal.

Bishop reconoció que tanto republicanos como demócratas siguen insatisfechos con el proyecto de ley. Pero, Bishop está convencido de que si llevara su proyecto a votación, una mayoría de los republicanos del Comité de Recursos Naturales – que son 26 frente a 18 demócratas-, lo respaldaría.

«Para muchos de los congresistas los últimos días han sido un proceso de aprendizaje. Hay gente  que dice que no hay un problema. Sí, hay un problema, van a dejar sin pagar una porción de la deuda (el 1 de mayo)», dijo Bishop, al indicar que el caucus de la mayoría republicana del pasado viernes ha ayudado a despejar dudas.

«Estoy opuesto a cualquier medida que quiera aplicar  capítulo 9 (de la ley federal de quiebras) a deuda soberana o de obligaciones generales, pues puede poner en entredicho la obligación de pagar la deuda constitucional de los 50 estados»‘, reafirmó, por su parte, el republicano Tom McClintock (California), en una breve entrevista con El Nuevo Día.

McClintock también rechaza la posibilidad de que pueda forzarse una reestructuración de la deuda de COFINA. «En mi estado, la deuda no es de $70,000 millones, son $400,000 millones», dijo.

El lunes en la noche, el sector más conservador, el Freedom Caucus, que reúne a unos 40 legisladores republicanos, tuvo una nueva reunión sobre el proyecto de ley, pero no han tomado posición como grupo.

El debate sobre cuales obligaciones del gobierno de Puerto Rico deben estar abiertas a un proceso de reestructuración forzada también se da entre los bonistas, que mantiene un intenso cabildeo.

El exsenador Judd Gregg (Nueva Hampshire), que escribió varios artículos de opinión antes en contra del acceso del gobierno de Puerto Rico al capítulo 9, ahora asesora varias de las firmas de inversiones con bonos de COFINA, informó Bloomberg. Politico, mientras, dijo que los fondos de cobertura de riesgo (hedge funds) que ya cuentan con la firma DCI group y el excongresista republicano Connie Mack, añadieron a su equipo de cabildeo al también republicano Douglas Davenport, quien trabajó con la crisis de deuda de Argentina y con el equipo electoral del exprecandidato presidencial John McCain.

Fuera el tema de Vieques

En el bando demócrata había confianza ayer, sin embargo, de que ya haya quedado fuera de la legislación el apartado que permitiría transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares de Vieques al gobierno de Puerto Rico, una iniciativa que se ha temido buscara facilitar su uso por desarrolladores privados.

Pero, los demócratas mantienen la oposición al poder y composición de la junta sobre el gobierno de Puerto Rico, a la posibilidad de reducir el salario mínimo federal a los menores de 25 años y a excluir la Isla de las normas sobre el pago de horas extras.

Ante las denuncias demócratas de que el poder de la junta federal supone limitar más la democracia en la Isla, Bishop sostuvo que si el gobierno de Puerto Rico se ajusta «a un plan fiscal de cuatro o cinco años», estará en control de sus decisiones.

Para el congresista demócrata Xavier Becerra (California), con la legislación sobre Puerto Rico, «es preocupante que otra vez la disfunción sea en la Cámara de Representantes».

«Puerto Rico está en crisis y (los republicanos) no están respondiendo», dijo el portavoz adjunto de la minoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), al indicar que se enfrentan al mismo problema que tuvieron cuando John Boehner era el speaker, pues otra vez «un número significativo no sigue a su liderato».

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no le enviará la Contribución Adicional Especial (CAE) al Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  hasta tanto se aclare cómo continuarán las operaciones de la instrumentalidad de gobierno con los municipios.

La determinación, según expresó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jorge Márquez, se tomó la semana pasada luego que el gobernador Alejandro García Padilla declarara un estado de emergencia en el BGF e impusiera una serie de restricciones en el manejo de las cuentas y el desembolso de los préstamos.

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico. No pega una. Esta cada vez más Chavista Inestable y Loco de Remate.

El CAE es usado para el repago de la deuda de los ayuntamientos con el BGF. Márquez, quien se desempeña también como alcalde de Maunabo, indicó que la decisión de la Junta del CRIM no pone a los ayuntamientos en una situación de impago ya que el BGF  tiene los $117 millones que los municipios tenían pendiente a pagar para el final de este año fiscal.

 “Lo que se está reteniendo es el exceso a ese pago”, dijo Márquez. Explicó que normalmente, el dinero que el CRIM enviaba al BGF en exceso por concepto del repago de la deuda municipal era acreditado a los municipios. Ese dinero pagado en exceso se convertía en algo similar a una cuenta de ahorros municipal. La determinación del CRIM lo que hace es sacar de las manos del BGF ese dinero.

“Ese dinero ahora va a estar en la banca privada”, dijo Márquez.

El funcionario no pudo ofrecer cifras o estimados sobre los recaudos del CAE en exceso, aunque afirmó que la suma es millonaria si se cuenta el balance de todos los municipios. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al hacer referencia a la determinación, estimó en al menos $30 millones las transferencias que el CRIM está desviando a la banca privada.

“Es una medida cautelar. Hace poco tuvimos dificultades hasta para el pago de la nómina con las cuentas que estaban en el BGF porque acababa de pasar la orden ejecutiva del gobernador”, dijo Márquez.

La determinación, sin embargo, ha causado inquietud de algunos alcaldes que estiman que la situación podría poner en juego las remesas que el gobierno estatal le envía a los municipios, en parte, producto de lo que se recauda a través del CRIM.

“Creo que se debe discutir el asunto por todos los alcaldes y tener una copia de la resolución de la Junta de Gobierno (del CRIM) para ver exactamente el alcance de las decisiones que se tomaron”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien también se desempeña como el ejecutivo municipal de Cayey.

Ortiz indicó que la determinación se tomó sin consultar a los municipios que no son miembros de la junta. Además, cuestionó si esa es la única transferencia de dinero al BGF que está reteniendo el CRIM. De ordinario, además de los fondos del CAE, el CRIM envía las aportaciones municipales al seguro de salud del Gobierno y las aportaciones al plan de retiro de los empleados públicos.

“Si el CRIM no envía esos fondos al BGF muy bien podrían ponerse en juego las remesas a los municipios y eso puede desestabilizar las operaciones de los municipios, especialmente los más pequeños”, dijo Ortiz.

Esto, sin embargo, fue descartado por Márquez, quien afirmó que desde diciembre, con el establecimiento de un fideicomiso que custodia los fondos del CRIM, las remesas están en cuentas en bancos privados y son enviadas por el CRIM sin la intervención directa del BGF o del Departamento de Hacienda.

“Solo se están protegiendo las cuentas del banco ante la incertidumbre que hay”, dijo Márquez.

“Estos fueron cambios para no corrernos el riesgo de perder el dinero que tienen los municipios”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM.

“Yo lo que entiendo es que esto es una acción para forzar al gobierno a establecer una política clara en cuanto a los municipios y el BGF. La Ley de Moratoria y la orden ejecutiva (declarando una emergencia en el BGF) cambió las reglas y no están claras”, dijo, entretanto, el alcalde de Comerío, José A. Santiago.