Menos probable que el Congreso tome medidas para la Isla – AGP Molestando y No Entrega Informes Financieros

{Mientras esté AGP todo será Malas Noticias. Está Chavista y Loco de remate.

AGP demuestra cada día que es un Loquillo Suelto declarando que los que invirtieron y creyeron en Puerto Rico, los Bonistas que en Gran Parte son Puertorriqueños Humildes, son Los Ladrones y Culpables de la Deuda Pública. Claro, para AGP también la Culpa es de los USA y la Oposición Política, ya que su mentalidad y estrategias son y han sido Chavistas Comunistoides llena de excusas y ataques a los demás de sus propios errores y horrores.

Ha Habido dinero para los Miles de Anaudicistas (Amigos del Alma), pero No para cumplir con la Constitución, Leyes y Obligaciones Contractuales. Eso dramatiza el que mientras siga en La Fortaleza el AGaPoDesastre/PPD se acrecenta día a día, como han hecho el PPD en el pasado Medio Siglo.

Hay que recordar “El Me Vale”; los 11 meses insultando a los Bonistas (la mayoría han resultado ser Puertorriqueños humildes) y Sin Darle La Cara; la cancelación de los contratos y proyectos para dárselos a sus Amigos del Alma; los Regalos de los Fondos Públicos como el de Ricky Martin; las inversiones fatulas como las del arroz y la caña; los Miles de Anaudices; los $15 Billones que ha “administrado” Sin Obras; las persecuciones a los Pro-USA’s; el Desmantelamiento del Gobierno; la Sustitución de los Oficiales de las Corporaciones Públicas por Activistas del PPD; el Batatarismo en los Departamentos, Agencias y Oficinas del Gobierno que No Trabajan Ni Dejan Trabajar; su Odio a la Libre Empresa y al Libre Mercado; su Mal Gobierno Chavista quizás con el proósito de Quebrar al Gobierno y a Puerto Rico para desmerecernos y evitar la Estadidad?

AGP No quiere resolver el problema de la insolvencia, lo que quiere es la Separación de PR – Sus 20 Razones

https://estado51prusa.com/?p=62205 – AGaPoCrisis
https://estado51prusa.com/?s=Junta+Control+Fiscal&x=13&y=4}

Menos probable que el Congreso tome medidas para la Isla

Aseguran que es poco probable que la comisión actúe antes de la próxima semana

Pedro Pierluisi

Pierluisi es el único que está trabajando de buena fe por resolver la AGaPoCrisis

Foto de AP
Por AP – 4-20-16

WASHINGTON (AP) — Cada vez luce menos probable que el Congreso tome medidas para ayudar a Puerto Rico antes de la fecha límite del 1 de mayo para cumplir con un pago de deuda de casi 500 millones de dólares.

La moratoria podría sumir a la isla y sus 3,5 millones de habitantes en una crisis más profunda, lo que exacerbaría un creciente desastre fiscal y humanitario que se ha visto opacado por las campañas políticas en Estados Unidos.

Una comisión de la Cámara de Representantes de mayoría republicana canceló una votación sobre una propuesta para reestructurar la deuda de Puerto Rico, luego de que la semana pasada no obtuviera los votos necesarios. La propuesta se está reescribiendo, y hasta el momento no se ha reprogramado una nueva votación, indicó el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la cámara baja, Rob Bishop, republicano de Utah.

“No estoy seguro de que el 2 de mayo ocurra el Apocalipsis, pero creo que ilustrará claramente la importancia del problema”, dijo Bishop a la prensa. “Aún hay personas que aseguran que no existe un problema… No, sí hay un problema, y no pagarán algunas porciones”.

Los problemas fiscales acumulados con los años están cobrando factura a la isla, cuyos residentes son ciudadanos estadounidenses pero no pueden votar en las elecciones generales. Las políticas fiscales escritas en Washington empeoraron las cosas en los últimos años al forzar la salida de inversiones y de empleos de Puerto Rico. La isla no ha realizado los pagos de deuda durante meses, pero el 1 de mayo se deben pagar otros 422 millones de dólares de bonos de obligación general, así como otros 780 millones antes del 1 de julio.

La legislatura de Bishop de crear una nueva junta de supervisión para administrar las finanzas de la isla se ha encontrado con oposición en varios frentes debido al año electoral en Washington. Algunos conservadores sospechan que abriría la puerta a un rescate financiero, los demócratas se resisten a las cláusulas agregadas para mejorar el acuerdo ante los ojos de los conservadores, grupos externos están dando su opinión, una costosa campaña publicitaria se opone a acciones en el Congreso, y la disputa interna entre los distintos grupos de acreedores ha sembrado confusión dentro del Capitolio.

Con la propuesta aún bajo revisiones, es poco probable que la comisión actúe antes de la próxima semana. Eso prácticamente imposibilita su aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado antes de que finalice el mes.

Los demócratas culpan a la incapacidad del Congreso para actuar debido a las añejas divisiones entre los republicanos en la Cámara de Representantes, que no han podido unirse pese al liderazgo de su popular nuevo presidente, Paul Ryan de Wisconsin. Ryan ha buscado devolverle el poder a los presidentes de las comisiones y los legisladores de base, pero en lo referente a la propuesta sobre Puerto Rico y otros asuntos, el enfoque aún no ha dado resultados.

“Puerto Rico está en crisis y ellos no están respondiendo”, dijo el representante de Maryland, Steny Hoyer, el segundo demócrata en importancia dentro de la cámara baja, al apuntar a las estadísticas que muestran los altos niveles de desempleo y pobreza en el territorio, el incremento de impuestos y el cierre de escuelas.

“Enfrentan el mismo problema que encaró John Boehner, un gran número de miembros de su partido que no siguen al liderazgo”, añadió Hoyer, refiriéndose al anterior presidente de la Cámara de Representantes, quien dejó el cargo ante la presión de los conservadores y fue reemplazado por Ryan.

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. El servicio de la agencia se produce en cinco idiomas: inglés, alemán, holandés, francés y español.

Mal visto en el Senado federal el proyecto cameral

Por lo menos hasta la semana próxima no se votará en comité sobre la junta federal fiscal

miércoles, 20 de abril de 2016 – 12:07 AM    Por José A. Delgado

Congresista Rob Bishop (horizontal-x3)
El congresista Rob Bishop dijo estar convencido de que si llevara a votación la medida sobre la junta federal de control fiscal, una mayoría de los republicanos lo respaldaría. (AP / Rick Bowmer)

WASHINGTON.- Mientras el liderato republicano en la Cámara de Representantes afirmó ayer que tiene poco espacio para maniobrar, un influyente senador advirtió que como está ahora el proyecto cameral que impondría una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico tampoco sería ratificado en el Senado.

“Como está la legislación (de la Cámara baja) no vamos a poder aprobarla aquí”, indicó ayer el senador republicano Orrin Hatch (Utah), según la publicación Roll Call.

Como presidente del Comité de Finanzas, Hatch es el senador republicano que más activo ha estado públicamente en el debate sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

Su proyecto, presentado en diciembre pasado, no ofrece al gobierno de Puerto Rico un mecanismo para reestructurar su deuda pública, contrario al 4900 de la Cámara baja que deja esa decisión en manos de la junta federal de control  fiscal o de procesos voluntarios.

Sin lograrse ayer aún un lenguaje final, lo más rápido que podrá llevarse a votación el proyecto 4900 en el Comité de Recursos Naturales sería el jueves 28 de abril, un día antes de que la Cámara baja recese hasta el 10 de mayo, según fuentes legislativas.

El gobierno de Puerto Rico intenta lograr un acuerdo de indulgencia con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que evite un impago de cerca de $120 millones, del total de $422 millones del servicio de la deuda de esa institución que vence el 1 de mayo.

Pero, al igual que las firmas de inversiones que cabildean sin cesar en el Congreso, miembros de la comisión están divididos entre los que consideran si los dueños de bonos de obligaciones generales y de COFINA deben estar sujetos a reestructuración.

“Al final no sé si vamos a hacer cambios porque la Constitución de Puerto Rico ya protege ciertos bonos”, dijo ayer a El Nuevo Día el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), al indicar que puede ser más efectivo dejar todo el análisis sobre cómo proceder con la deuda en manos de la junta federal.

Bishop reconoció que tanto republicanos como demócratas siguen insatisfechos con el proyecto de ley. Pero, Bishop está convencido de que si llevara su proyecto a votación, una mayoría de los republicanos del Comité de Recursos Naturales – que son 26 frente a 18 demócratas-, lo respaldaría.

“Para muchos de los congresistas los últimos días han sido un proceso de aprendizaje. Hay gente  que dice que no hay un problema. Sí, hay un problema, van a dejar sin pagar una porción de la deuda (el 1 de mayo)”, dijo Bishop, al indicar que el caucus de la mayoría republicana del pasado viernes ha ayudado a despejar dudas.

“Estoy opuesto a cualquier medida que quiera aplicar  capítulo 9 (de la ley federal de quiebras) a deuda soberana o de obligaciones generales, pues puede poner en entredicho la obligación de pagar la deuda constitucional de los 50 estados”‘, reafirmó, por su parte, el republicano Tom McClintock (California), en una breve entrevista con El Nuevo Día.

McClintock también rechaza la posibilidad de que pueda forzarse una reestructuración de la deuda de COFINA. “En mi estado, la deuda no es de $70,000 millones, son $400,000 millones”, dijo.

El lunes en la noche, el sector más conservador, el Freedom Caucus, que reúne a unos 40 legisladores republicanos, tuvo una nueva reunión sobre el proyecto de ley, pero no han tomado posición como grupo.

El debate sobre cuales obligaciones del gobierno de Puerto Rico deben estar abiertas a un proceso de reestructuración forzada también se da entre los bonistas, que mantiene un intenso cabildeo.

El exsenador Judd Gregg (Nueva Hampshire), que escribió varios artículos de opinión antes en contra del acceso del gobierno de Puerto Rico al capítulo 9, ahora asesora varias de las firmas de inversiones con bonos de COFINA, informó Bloomberg. Politico, mientras, dijo que los fondos de cobertura de riesgo (hedge funds) que ya cuentan con la firma DCI group y el excongresista republicano Connie Mack, añadieron a su equipo de cabildeo al también republicano Douglas Davenport, quien trabajó con la crisis de deuda de Argentina y con el equipo electoral del exprecandidato presidencial John McCain.

Fuera el tema de Vieques

En el bando demócrata había confianza ayer, sin embargo, de que ya haya quedado fuera de la legislación el apartado que permitiría transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares de Vieques al gobierno de Puerto Rico, una iniciativa que se ha temido buscara facilitar su uso por desarrolladores privados.

Pero, los demócratas mantienen la oposición al poder y composición de la junta sobre el gobierno de Puerto Rico, a la posibilidad de reducir el salario mínimo federal a los menores de 25 años y a excluir la Isla de las normas sobre el pago de horas extras.

Ante las denuncias demócratas de que el poder de la junta federal supone limitar más la democracia en la Isla, Bishop sostuvo que si el gobierno de Puerto Rico se ajusta “a un plan fiscal de cuatro o cinco años”, estará en control de sus decisiones.

Para el congresista demócrata Xavier Becerra (California), con la legislación sobre Puerto Rico, “es preocupante que otra vez la disfunción sea en la Cámara de Representantes”.

“Puerto Rico está en crisis y (los republicanos) no están respondiendo”, dijo el portavoz adjunto de la minoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), al indicar que se enfrentan al mismo problema que tuvieron cuando John Boehner era el speaker, pues otra vez “un número significativo no sigue a su liderato”.

El CRIM abandona al BGF

Paga la deuda de los municipios pero elimina los pagos en exceso

miércoles, 20 de abril de 2016 – 12:00 AM    Por Ricardo Cortés Chico

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El presidente de la Junta de Gobierno del CRIM y alcalde de Maunabo, Jorge Márquez –tercero desde la izquierda–, dijo que dicho organismo no le enviará la Contribución Adicional Especial al BGF. (Archivo GFR Media)

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) no le enviará la Contribución Adicional Especial (CAE) al Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  hasta tanto se aclare cómo continuarán las operaciones de la instrumentalidad de gobierno con los municipios.

La determinación, según expresó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Jorge Márquez, se tomó la semana pasada luego que el gobernador Alejandro García Padilla declarara un estado de emergencia en el BGF e impusiera una serie de restricciones en el manejo de las cuentas y el desembolso de los préstamos.

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico. No pega una. Esta cada vez más Chavista Inestable y Loco de Remate.

El CAE es usado para el repago de la deuda de los ayuntamientos con el BGF. Márquez, quien se desempeña también como alcalde de Maunabo, indicó que la decisión de la Junta del CRIM no pone a los ayuntamientos en una situación de impago ya que el BGF  tiene los $117 millones que los municipios tenían pendiente a pagar para el final de este año fiscal.

 “Lo que se está reteniendo es el exceso a ese pago”, dijo Márquez. Explicó que normalmente, el dinero que el CRIM enviaba al BGF en exceso por concepto del repago de la deuda municipal era acreditado a los municipios. Ese dinero pagado en exceso se convertía en algo similar a una cuenta de ahorros municipal. La determinación del CRIM lo que hace es sacar de las manos del BGF ese dinero.

“Ese dinero ahora va a estar en la banca privada”, dijo Márquez.

El funcionario no pudo ofrecer cifras o estimados sobre los recaudos del CAE en exceso, aunque afirmó que la suma es millonaria si se cuenta el balance de todos los municipios. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al hacer referencia a la determinación, estimó en al menos $30 millones las transferencias que el CRIM está desviando a la banca privada.

“Es una medida cautelar. Hace poco tuvimos dificultades hasta para el pago de la nómina con las cuentas que estaban en el BGF porque acababa de pasar la orden ejecutiva del gobernador”, dijo Márquez.

La determinación, sin embargo, ha causado inquietud de algunos alcaldes que estiman que la situación podría poner en juego las remesas que el gobierno estatal le envía a los municipios, en parte, producto de lo que se recauda a través del CRIM.

“Creo que se debe discutir el asunto por todos los alcaldes y tener una copia de la resolución de la Junta de Gobierno (del CRIM) para ver exactamente el alcance de las decisiones que se tomaron”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, quien también se desempeña como el ejecutivo municipal de Cayey.

Ortiz indicó que la determinación se tomó sin consultar a los municipios que no son miembros de la junta. Además, cuestionó si esa es la única transferencia de dinero al BGF que está reteniendo el CRIM. De ordinario, además de los fondos del CAE, el CRIM envía las aportaciones municipales al seguro de salud del Gobierno y las aportaciones al plan de retiro de los empleados públicos.

“Si el CRIM no envía esos fondos al BGF muy bien podrían ponerse en juego las remesas a los municipios y eso puede desestabilizar las operaciones de los municipios, especialmente los más pequeños”, dijo Ortiz.

Esto, sin embargo, fue descartado por Márquez, quien afirmó que desde diciembre, con el establecimiento de un fideicomiso que custodia los fondos del CRIM, las remesas están en cuentas en bancos privados y son enviadas por el CRIM sin la intervención directa del BGF o del Departamento de Hacienda.

“Solo se están protegiendo las cuentas del banco ante la incertidumbre que hay”, dijo Márquez.

“Estos fueron cambios para no corrernos el riesgo de perder el dinero que tienen los municipios”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM.

“Yo lo que entiendo es que esto es una acción para forzar al gobierno a establecer una política clara en cuanto a los municipios y el BGF. La Ley de Moratoria y la orden ejecutiva (declarando una emergencia en el BGF) cambió las reglas y no están claras”, dijo, entretanto, el alcalde de Comerío, José A. Santiago.

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