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Paul Ryan dijo que en términos de cuándo se podrá llevar a votación la medida, esa es una decisión que deja en manos del presidente del Comité, el republicano Rob Bishop (Utah). (EFE)

WASHINGTON– El speaker Paul Ryan dijo hoy que el liderato cameral y el Tesoro aún trabajan en enmiendas técnicas sobre posibles procesos de reestructuración de deuda pública como parte del proyecto que impondría una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico.

«Hay progresos», sostuvo Ryan, al hablar en su conferencia de prensa semanal del proyecto 4900 de la Cámara baja federal que ha estado en el aire desde la semana pasada, cuando el Comité de Recursos Naturales se encontró sin votos suficientes para echarlo hacia delante.

Ryan dijo que en términos de cuándo se podrá llevar a votación la medida, esa es una decisión que deja en manos del presidente del Comité, el republicano Rob Bishop (Utah).

En reuniones consecutivas celebradas ayer en la tarde, primero con el Caucus Hispano del Congreso y luego con el Tesoro, el speaker Ryan escuchó argumentos en el sentido de que la legislación presentada en la Cámara de Representantes de EE.UU. requiere mayores garantías a favor de un reajuste en las obligaciones financieras del gobierno de la Isla.

Notas sobre la Junta de Control Fiscal

«La realidad es que el proyecto está en el limbo», dijo un cabildero demócrata, tras conversar con un republicano que, como expresó ayer el también republicano Doug Lamborn (Colorado), piensa que no habrá votación en el Comité de Recursos Naturales antes del receso del 29 de abril, que se extenderá hasta el 10 de mayo.

«No descarto nada», indicó ayer Rob Bishop (Utah), quien en las últimas horas ha reconocido que quizá el 1 de mayo no es el «armagedón» que algunos pronosticaron.

El Gobierno de Puerto Rico ha indicado que negocia un acuerdo de indulgencia para aplazar el pago de $120 millones del servicio de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), dando a entender que podrá cumplir con los otros $300 millones que tiene que pagar de esa institución el 1 o 2 de mayo.

Aunque piensa que serán cambios menores los que sufrirá la legislación, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó ayer que entre los ajustes posibles en el lenguaje está la forma en que se harían los nombramientos de los siete miembros de la junta federal, que bajo el proyecto presentado por el republicano Sean Duffy (Wisconsin) permite a los líderes republicanos del Congreso recomendar cuatro.

También se le ha reclamado al speaker Ryan y al congresista Bishop que se reduzca de cinco a cuatro el total de miembros de la junta que tiene que autorizar poder llevar ante el tribunal un proceso de reestructuración de la deuda de una dependencia del gobierno en contra de la voluntad de los acreedores.

Los demócratas han estado también insatisfechos con el lenguaje que requiere el visto bueno de dos tercios de los acreedores para poder lograr un acuerdo voluntario de reestructuración. Pero, debido a que en gran medida ese lenguaje fue calcado del código de quiebras, parece más difícil de lograrse cambiar.

Aunque escucha los reclamos demócratas, las preocupaciones de Ryan deben estar todavía en decidir si tiene que echar hacia delante un proyecto en contra de una posible mayoría de los miembros de su caucus republicano.

Lamborn, quien estuvo ayer también por la oficina del speaker, afirmó que sigue opuesto a la legislación por entender que va a ser injusto con los acreedores.

La campaña publicitaria del grupo conservador Centro para la Libertad Individual (CFIF, en inglés) – que se cree financiada por fondos de inversiones opuestos a la legislación-, también ha llegado a su distrito, dijo.

«No son anuncios de televisión, como le ha sucedido a Bishop como presidente de la comisión, pero sí en la radio», sostuvo Lamborn. Sus primarias son en junio.

Como también denuncian firmas de inversiones con bonos de obligaciones generales, republicanos del Comité de Recursos Naturales, como Lamborn, Tom McClintock (California) y John Fleming (Luisiana), denuncian que la legislación sienta «precedentes peligrosos» por permitir la posible reestructuración de la deuda de un gobierno estatal, una petición que temen hagan después estados en crisis económica.

La presión de los conservadores hacia Ryan genera también críticas de los demócratas, que ven una repetición de la presidencia de John Boehner, quien dejó su cargo en octubre pasado tras no poder contener a la derecha republicana.

Tras una conferencia de prensa en el Capitolio federal, el congresista demócrata Xavier Becerra (California) reitero las críticas en contra de Ryan, quien inicialmente prometió tener una propuesta legislativa antes de que terminara el primer trimestre de 2016 y ahora no pudo lograr un proyecto antes del 1 de mayo.

«Los republicanos se han quedado dormidos. Como mayoría corresponde a los republicanos dirigir el proceso. Son los que pueden aprobar o matar un proyecto de ley», indicó Becerra (California), número cuatro de la minoría en la Cámara baja como presidente del Caucus Demócrata.

En el liderato demócrata hay confianza de que hay un acuerdo para sacar del proyecto el lenguaje que permitiría la transferencia al gobierno de Puerto Rico de 3,100 acres de los antiguos terrenos militares en Vieques

Aunque los demócratas aún objetan apartados de la legislación, como el poder y la composición de la junta federal que se crearía y la reducción del salario mínimo para los que tienen 25 años o menos, Becerra sostuvo que como mayoría son los republicanos los que pueden «aprobar o matar» una legislación.

El congresista Becerra reafirmó la oposición demócrata a que se reduzca de $7.25 por hora a $4.25 por hora el salario mínimo federal para los que tienen 25 años o menos en Puerto Rico.

«Los republicanos aún me tienen que explicar qué hizo una persona que gana el salario mínimo federal para causar la crisis fiscal de Puerto Rico», indicó Becerra.