Por: Prof. Andrés L. Córdova, Facultad de Derecho UIAPR
Luego de un proceso injustificadamente expedito por parte de la Asamblea Legislativa, el Gobernador Alejandro García Padilla firmó el 6 de abril de 2016 la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico la cual le concede poderes al Gobernador de declarar una moratoria en el pago de la deuda pública, entre otros extremos. Esta peligrosa y destemplada ley pone de manifiesto – otra vez – el menosprecio de la presente administración a la idea misma del estado de derecho. Una lectura desapasionada de la medida levanta tantas interrogantes de naturaleza constitucional – menoscabo de las obligaciones contractuales, separación de poderes, obligación de pago de la deuda pública – que uno se tiene que preguntar en que estaban pensando los legisladores de la mayoría cuando votaron a favor de ella. El reclamo genérico de razón de estado y el bienestar de la ciudadanía no es suficiente justificación para eximir el cumplimiento con lo expresamente dispuesto en la Constitución.
Cuando uno echa la mirada a la forma y manera en que esta administración ha atendido los asuntos públicos se observa una tendencia a ignorar a su conveniencia las limitaciones que impone la legalidad a la cosa pública. Estas limitaciones, hay que subrayar, están predicadas en la idea que el poder político no debe – ni puede – ser omnímodo, y que la causa de la libertad está mejor servida cuando se fracciona institucionalmente. Como señalaba Lord Acton, el poder, corrompe; y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta es la intuición filosófico-jurídica que late en el concepto de estado de derecho. En nuestro ordenamiento republicano de gobierno, la Constitución es el principio-límite de las facultades del Estado, y sus tres ramas de gobierno con sus pesos y contrapesos están formadas e informadas por ella.
En los últimos tres años y medio esta administración ha legislado, o intentado legislar, en múltiples ocasiones de manera oportunista, ignorando el estado de derecho. A modo de ejemplo piénsese en los siguientes ejemplos, por mencionar los más conocidos: La ley reestructurando las pensiones de retiro de los maestros y los jueces que fue declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Supremo por menoscabar los derechos contractuales; la llamada Ley de Quiebra Criolla declarada a nivel de distrito y circuito de Apelaciones Federal como inconstitucional por haberse ocupado el campo – hoy ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos -, y quizás en una segunda ronda por menoscabar los derechos contractuales; la llamada Ley Wal-Mart declarada inconstitucional por el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico por violar la cláusula del comercio interestatal.
Hay una evidente contradicción en esta administración cuando reclama por una lado la necesidad de arrogarse poderes para atender la crisis fiscal y por fiat legislativo pretenden dejar sin efecto la Constitución; mientras que por el otro lado reclama un “frente unido” para proteger la solvencia de la Constitución del ELA frente a la probabilidad de la imposición de una junta de control fiscal federal. Hace unas semanas, con motivo de la confirmación de la hoy juez presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, argumentaba públicamente de la necesidad de bajar su nombramiento por descargue para evitar su selección por la mayoría del Tribunal Supremo – aún cuando no había evidencia alguna de ello – y salvaguardar las prerrogativas constitucionales del Senado de un golpe judicial. ¿Y quién va a salvaguardar nuestras prerrogativas ciudadanas de este golpe legislativo y ejecutivo? Con esta medida de moratoria, esta administración se ha puesto al margen del estado de derecho.
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