De cada cien niños en Puerto Rico, se estima que 57 viven bajo niveles de pobreza; 52 en familias monoparentales, la mayoría liderada por la madre; 20 tienen un progenitor desempleado o fuera del campo laboral; 12 no van a clases por sentirse inseguros en o camino a la escuela. Doce nacieron bajo peso.

Multipliquemos. Se estima que 475,000 menores y jóvenes viven la pobreza en nuestro suelo, de acuerdo al Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ, juventudpr.org). Más de 360 mil de ellos tienen 8 años o menos, según el Censo Nacional y la proyección citados en el Plan Estratégico del Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niñez en Edad Temprana, en 2015 (bit.ly/1rkQGcj).

Sumémoslo a informes del Departamento de la Familia: en lo que va de cuatrienio, han recibido y fundamentado 603 incidencias de abuso sexual infantil; recibieron 27,163 querellas de maltrato y abuso infantil en 2015, y en menos de cuatro meses – lo que va de 2016 – 7,521.

Según el IDJ, la tasa de nacimientos en mujeres entre 15 y 19 años es de 49%. Los hogares liderados por jefas de familia encabezan los que viven en pobreza. La mediana de ingreso familiar en hogares con menores es de $20,500; en hogares con jefas de familia es de $9,170.

Estas vidas se levantan en un país en quiebra económica. La quiebra es también social y moral cuando ante esa realidad insostenible que revelan las cifras, apenas asoman acciones integradas e inmediatas para revertirla. Un esfuerzo para lograrlo es el Plan Estratégico presentado el año pasado. Falta implantarlo. En el documento, el Consejo Multisectorial identifica la situación económica del país como una amenaza al proyecto.

¿Y si empezamos a verlo al revés, como motivo suficiente para darle fuerza?

La realidad injusta descrita atenta contra quienes la padecen y contra nuestra sobrevivencia como país. Por eso, la coyuntura económica exige otorgar prioridad y recursos a la implantación del Plan. Debe ser un pilar de cualquier nuevo modelo de desarrollo que haga al país verdaderamente sostenible.

La atención a la niñez temprana ha padecido la limitación que tantos otros retos colectivos: la fragmentación. Lo reconoce el Consejo. Repetimos el patrón cuando hablamos de desarrollo económico como algo separado del desarrollo social. Hablemos de desarrollo integral, del desarrollo humano que pone el bienestar de las personas como centro y razón de las políticas públicas.

De la atención que pongamos a la niñez depende el Puerto Rico que tendremos en las próximas décadas.

La ciudadanía, en los diálogos sobre familias organizados por Agenda Ciudadana, ha coincidido en que para lograr una transformación real y duradera de cultura y de sistema, hay que atajar la desigualdad asociada a la pobreza, la violencia y la competitividad brutal  (agendaciudadanapr.com/publicaciones/). Y en que hace falta renunciar a la mentalidad asistencialista para dar paso a la co-responsabilidad social y la acción individual.

El Estado no puede ni debe hacerlo todo. Pero sí fortalecer la integración de iniciativas. Las de sus agencias entre sí y las interagenciales con las del sector sin fines de lucro.

Todos los sectores deberíamos estar de acuerdo en que nos urge atender de forma holística y profunda una población vital y vulnerable. Y eso incluye a los aspirantes a gobernar, quienes deberían comprometerse a continuar lo empezado, siempre con acompañamiento multisectorial.

Encaminémonos para asegurar un futuro distinto. Invertir en ello ahora, nos producirá ahorros sin precedentes. No solo monetarios. Ganaremos, sobre todo, vidas productivas y forjadoras de un país maduro, próspero y competente. Muchas, de esas vidas que hoy corremos el riesgo de perder por la indiferencia ante la desigualdad.