El Speaker Paul Ryan expresó que el proyecto de ley para establecer una Junta Fiscal Federal es constitucional, impone responsabilidades y trae orden a la restructuración de la deuda. Aun así, existen áreas que requieren enmiendas para lograr apoyo bipartidista del Congreso y en el Senado, donde se percibe oposición bilateral comenzando con Orrin Hatch.

Si el gobierno federal no toma acción para ayudar a levantar la economía de Puerto Rico será muy difícil crear condiciones para un futuro mejor. El Presidente del Comité a cargo de la Legislación dijo que si no intervienen ahora con la crisis y la deuda pública de la Isla habrá un impago total y entonces sería necesario “considerar un rescate financiero (bailout)” que no tendría apoyo en el Congreso.

Concurro con el editorial de El Nuevo Día:  “Un rechazo del Congreso en crear un organismo con autoridad para supervisar la administración de las finanzas locales y dar paso a la reestructuración de la deuda pública, convertiría en grandes perdedores al pueblo puertorriqueño, a los bonistas y al propio gobierno estadounidense”.

Estoy de acuerdo con otro editorial de ENDI, “Mas allá de la Junta”, que expresa que “Con este instrumento organizador y fiscalizador de las finanzas gubernamentales, Puerto Rico podrá pagar su deuda, reestructurar su operación gubernamental y revitalizar su actividad económica, de manera que nuevos empleos en el sector privado impulsen el desarrollo económico y social”.

El comisionado Pedro Pierluisi ha insistido en que “La función principal de la junta sea temporal para proporcionar una supervisión general de la política fiscal en Puerto Rico”, que “de ninguna manera sustituirá a los líderes electos del territorio”, que “provea un mecanismo de reestructuración de la deuda, le proporcione al gobierno un aplazamiento temporal en los litigios y pueda crear un ambiente para las negociaciones voluntarias con los acreedores”.

El economista Gustavo Vélez respalda la Junta Fiscal Federal porque la crisis requiere que “el Congreso provea incentivos y herramientas para rehabilitar la capacidad de crecimiento de la economía local y la atracción de inversión nueva a la isla”.

Si algún gobierno requiere y se merece una Junta de Control Fiscal, es el actual que ha llevado a Puerto Rico al colapso fiscal, económico y político. El régimen de García Padilla, en vez de crear un mecanismo que nos provea los instrumentos para comenzar a resolver la crisis mediante acuerdos voluntarios con los acreedores, aprobó una ley para una moratoria unilateral y dictatorial del pago de las deudas.

La Junta Editorial de The Wall Street Journal acusó a García Padilla de amenazar con un impago e imponer una moratoria que tendrá graves consecuencias para Puerto Rico en los mercados financieros y exhortó al Congreso a usar sus poderes para lograr una reforma fiscal y gubernamental.

Pierluisi dijo que la “Ley de Moratoria” está reñida con nuestra Constitución y nuestras leyes y representa un ejercicio ilegítimo de poder”; Jenniffer González denunció que “le confiere al gobernador poderes totalitarios”; y Elías Gutiérrez dijo que “pone en peligro la economía, credibilidad y palabra de Puerto Rico”.

La crisis fiscal tiene su base en un modelo político que promueve la dependencia, rechaza la igualdad, le niega a Puerto Rico los poderes, derechos, beneficios y obligaciones de los cincuenta estados, incluyendo la representación proporcional con voto en el Congreso y el voto presidencial. En otro editorial,  El Nuevo Día, aunque no menciona el triunfo de la estadidad en 2012, enfatiza que “El Congreso tiene que solucionar el status”.

A Puerto Rico le esperan tiempos muy difíciles y las acciones del régimen territorial han convertido el “paraíso en tierra de desesperanza”. Aun así, tenemos la expectativa de que el nuevo gobierno de 2017 cumpla los compromisos, rescate la economía y el crédito de la Isla, atraiga nuevas inversiones, desarrolle alianzas público privadas, detenga la pérdida poblacional, levante el nivel de vida, y exija la solución del status.