Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés

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Los funcionarios en P.R. juran defender la Constitución y está dispone que cuando no hay dinero para pagar todos los gastos del Gobierno, se paga en primer lugar la deuda constitucional. La Constitución de Muñoz.

Dicha deuda constitucional con sus garantías representa 1/4 parte de toda la deuda pública que ronda los $68,000 millones. Existe otra deuda pública que no es protegida por la Constitución y cuyo repago nace de obligaciones contractuales con el Gobierno. En el caso del despido de empleados públicos (Ley 7-2009) y el de enmiendas a su retiro (Ley 3-2013), el Tribunal Supremo determinó que el Gobierno puede modificar relaciones contractuales en crisis fiscales. Esto aplica a la deuda no constitucional. Sin embargo, no aplicaría a la 1/4 parte de la deuda constitucional bajo el Artículo IV, Sección 8 de nuestra carta magna.

AGP dio a entender que había recomendado a miles como a Anaudi pero que no fue ilegal????

Conociendo esto, el representante Rafael “Tatito” Hernández afirmó que no votaría por el Proyecto del Senado 1591 porque contraviene la Constitución ya que permite el impago de la deuda constitucional. Entonces, muchos juristas y analistas apoyaron la posición de Tatito, incluyéndome, pues parecía haber alguien con cordura en el PPD. En menos de una hora, y luego de conversaciones con el Gobernador, Tatito le votó a favor a la medida que reconoció que era inconstitucional.

Tatito informó que el Gobernador le prometió nubes de algodón y, que si enmendaban la medida luego, no la vetaría. Ahora, el Gobernador dice que la va a vetar. Pero Tatito, ¿por qué votar por algo para enmendar luego? ¿Por qué no hacerlo de una vez si era tan importante? Pregunta más elemental aún, ¿por qué creerle al Gobernador? ¿Hablamos del Gobernador que iba a bajar el IVU de 7% a 6.5%? ¿El que no tocaría el retiro de empleados públicos y no pondría más impuestos? ¿El que salvó las finanzas o el que atendería el problema del estatus?

Hoy Tatito dice que el Gobernador no tiene palabra y el Gobernador le contesta que “tiene demasiado crédito en la cuenta de [su] cariño”. ¿Será el crédito chatarra de su Gobierno? Pobre Tatito, no lo cogieron… se dejó coger.

Rafael “Tatito” Hernández aprendió en menos de dos semanas que tal y como dice el refrán, “músico pago no toca bien”. A él le ocurrió con el Gobernador más o menos lo mismo de la experiencia públicamente renegada por éste último con la Alcaldesa de San Juan y el préstamo sugerido a dicha municipalidad a inicios de cuatrienio.

“Tatito” muy acertadamente ha planteado la importancia que tiene en medio de esta crisis fiscal la protección de la Sección 8 del Art. VI de nuestra Constitución como LA HERRAMIENTA idónea para en un futuro poder reinsertar a nuestro país a la coexistencia necesaria entre la función de estado y los mercados financieros mundiales resultante de la globalización económica. Sin embargo, en un acto de desprendimiento político, a pesar de estar convencido de eso y que la Ley 21-2016 es inconstitucional, votó a favor de la misma confiando en “la palabra” del Gobernador. No obstante, parece ser que últimamente la palabra del Gobernador tiene un valor similar al crédito del E.L.A. y al de algunas de sus corporaciones públicas.

Hablando del crédito de las corporaciones públicas, me parece harto contradictorio y demagógico de parte de algunos legisladores y portavoces a sueldo que planteen la incertidumbre jurídica de la “ley de quiebra criolla” como justificación para oponerse a las enmiendas promovidas por “Tatito”. La realidad es que dicha ley se diseñó y se aprobó para reestructurar (como es lógico y razonable dentro de nuestro orden constitucional) las deudas de esas entidades que desde su creación se diseñaron para obtener su crédito e ingresos de operaciones mercantiles y/o impuestos.

Nuestro ordenamiento jurídico ha decidido que es posible bajo análisis de menoscabo de obligaciones contractuales despedir empleados públicos (Ley 7-2009), así como enmendar las condiciones de sus pensiones (Ley 3-2013), si es una medida razonable. Eso es norma aquí y en derecho comparado; de igual manera se ha interpretado en otras jurisdicciones (véase www.constiutucionpr.com). El Gobierno debe concentrarse en reestructurar la deuda de las corporaciones públicas como por ejemplo COFINA en lugar de desechar nuestra Constitución. Así se cumple la palabra empeñada.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Columnistas, EL VOCERO

Son Tan y Tan Latinoamericanos que el PPD por «Juricidad Venezolana/Mejicana» dejaron sin efecto Constitución del ELA X Comentario en Constituyente??? Qué Inteligentes??? Brillantes o Desquiciados???

Sube de tono la guerra entre el Gobernador y Tatito por cambios a la ley de moratoria

Por Alex Figueroa Cancel04/19/2016 |06:56 p.m.

Ambos se acusan mutuamente de haber faltado a su palabra.

Barranquitas – El gobernador Alejandro García Padilla y el representante Rafael «Tatito» Hernández Montañez intercambiaron hoy acusaciones sobre falta de credibilidad en torno a supuestas promesas para aprobar enmiendas a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.

Después de que García Padilla anticipara que vetaría el proyecto de enmiendas que fue aprobado anoche en la Cámara de Representantes, Hernández Montañez cuestionó la credibilidad del primer ejecutivo al inferir que había faltado a su palabra.

“El principal activo de un funcionario electo es su palabra y el cumplimiento de la misma sentará las bases para la credibilidad de su país”, indicó Hernández a través de una de sus cuentas en las redes sociales.

Luego, en una emisora radial, señaló que «no hay que estar en la Asamblea Legislativa para uno entender que cuando no se cumple la palabra de una persona, las relaciones no fluyen igual».

García Padilla, por su parte, insistió en que el acuerdo alcanzado con Hernández Montañez, cuando se aprobó la Ley de Moratoria original, no fueron las enmiendas aprobadas en la noche del lunes.

El primer mandatario insistió en que el acuerdo era una enmienda que no le permitiría declarar la moratoria hasta cinco días antes del vencimiento de los bonos.

«Es decir, hoy (19 de abril) no puedo declarar moratoria del 1 de julio», dijo García Padilla. «Tomo por no dichas sus expresiones en mi contra en el día de hoy», argumentó.

«Él (Hérnández Montañez) sabe que la verdad es que me comprometí a firmar un proyecto de ley que restringía el vencimiento de los GO’s hasta cinco días antes del vencimiento de la deuda y le pedí que el texto de las enmiendas se trabajara con la división de legislación de la Fortaleza. No se hizo», agregó.

Recordó que ayer lunes, en la mañana, recalcó lo mismo en su reunión con el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, y que le advirtieron a Hernández Montañez su posición nuevamente, justo antes de la votación.

«Cuando fueron a votación, sabían que lo vetaría», sostuvo. «Sus razones tendrá», dijo García Padilla.

De todas formas, respondió con un «sí» cuando se le preguntó si esperaba que esas enmiendas no pasaran del Senado antes de llegar a su escritorio.

Así defendió el poder que invocaría a través de la medida, que considera como única opción para poder pagar la nómina y servicios de servicios esenciales, como la Policía, hospitales como los de Centro Médico y de los maestros, entre otros.

«No existe el dinero para pagar $2,000 millones que se vencen el 1 de julio, de los cuales más de $700 millones son de obligaciones generales», expresó García Padilla. «Tomaron el préstamo, se gastaron los chavos y no dejaron con qué pagarlo. Entonces se aprobó una medida para protegerlo», concluyó.