Puerto Rico está en quiebra debido a la monstruosa deuda de $73 billones que nuestros gobernantes nos han legado por irresponsablemente gastar más de lo que los recursos han permitido, particularmente en cosas que en nada adelantan nuestro bienestar colectivo sino sus intereses electoreros. La mayor parte de los expertos en materias fiscales y económicas consideran que esta situación es imposible solventarla sin ayuda congresional. Así lo entiende también el 85% de nuestro pueblo, según una encuesta científica llevada a cabo por una universidad privada local.
La Junta de Control o Supervisión Fiscal federal propuesta en el proyecto del Congreso HR 4900 es una iniciativa urgentemente necesaria para que el gobierno federal mediante su peritaje y supervisión permita crear un mecanismo de reestructuración de deuda, que logre restablecer nuestra credibilidad ante los mercados financieros para obtener acceso a estos bajo términos razonables, que imponga la necesaria disciplina fiscal, que provea medidas de desarrollo económico y la solución del presente estatus colonial, todo lo cual nos permita salir del hoyo negro en que nos encontramos, evitando así una crisis humanitaria de proporciones catastróficas. Vergonzoso como es para Puerto Rico, hay que admitir que en estos momentos nuestra triste realidad así lo requiere.
Pero ante esta situación, los ineptos, acomplejados, politiqueros, antiamericanos locales han salido haciendo uso de los trillados discursos patrioteros de pacotilla, manifestando la humillación e indignación que dicen sentir por la legislación sometida. Lo que verdaderamente rechazan y les indigna es que se les acabe la jauja de repartir el presupuesto a gusto y gana para comprar votos y tener que aceptar, además, que con este proyecto se evidencia categóricamente que somos una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso. Que el Congreso es quien manda aquí y que no habrán de tolerar la continuación del actual desorden y caos en las finanzas públicas de la Isla.
La actual administración Popular, nacionalista, chavista y antiamericana de la Universidad de Puerto Rico, uniéndose a los cánticos de los politiqueros independentistas locales, mediante certificación de su Junta de Gobierno determinó oponerse a dicha legislación y, además, enviar al Congreso a un grupo de estudiantes para oponerse también a esta porque a su juicio limita la autonomía de la Isla. Los estudiantes viajaron a Washington DC con gastos pagos por la Universidad. No hay dinero para que los profesores viajen, pero hay miles para darle becas presidenciales y plazas docentes a los amigotes de Tony y para pagarle a un selecto grupo de sus empleados costoso hospedaje en el lujoso hotel Mayagüez Resort & Casino para disfrutar de las Justas de la Liga Atlética Universitaria (LAI).
Estos estudiantes se unieron al Presidente Uroyoán quien viajó también a Washington DC por instrucciones de Fortaleza – como si este fuera parte del gabinete del ejecutivo – para recorrer los pasillos del Congreso acompañando al séquito del gobernador para oponerse al proyecto.
Después de varios días en la capital federal, a su regreso a la Isla, Uroyoán le sometió a la comunidad universitaria una comunicación para llevar a cabo – por profesores separatistas – un ciclo de charlas de supuesta orientación (adoctrinación) sobre la Junta de Control Fiscal junto a las organizaciones separatistas: Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Federación Laboristas de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez y el Sindicato de Trabajadores. “Para que toda nuestra comunidad universitaria pueda asistir a las charlas autorizo a las Rectoras y los Rectores a decretar un receso académico y administrativo en sus respectivos recintos. Esto cubrirá el periodo de tiempo pautado por los organizadores de este evento para llevar a cabo esta actividad. Como hemos manifestado desde la Oficina del Presidente y nuestros once recintos: nos oponemos tenazmente a la imposición de una JCF, porque representaría una estocada a la autonomía universitaria”.
Quisiera saber qué consulta se llevó a cabo en los 11 recintos para determinar la oposición de todos ellos a la JCF para atribuirse el Presidente representar su sentir, y además qué propone para si la legislación propuesta no se lograra y en los próximos dos meses la Isla enfrentara un impago, demandas multimillonarias, un cierre del gobierno local, con una parálisis de los servicios básicos de educación, salud, seguridad, etcétera. En fin, una hecatombe social nunca antes experimentada. Ante este – el peor de los escenarios – no habrá otra opción congresional que un“bailout” con la toma de control total de la Isla por un síndico nombrado por el Congreso.
Entonces sí habrá una estocada, no solo a la autonomía Universitaria sino a la UPR completa.
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