Si el gobierno no informa mañana, martes, que emitirá los pagos correspondientes a los proveedores que dan servicio a personas con dispacidades en el desarrollo, el juez federal Gustavo A. Gelpí podría ordenar el embargo de cuentas del Departamento de Salud.

A raíz de los acuerdos convenidos como parte de la demanda que presentó en 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado para hacer valer los derechos de la citada población, Gelpí ordenó citar al secretario de Justicia, César Miranda y a la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz.

A la reunión mañana, martes, también citó al secretario del Departamento de Hacienda, Juan C. Zaragoza. Además, deberá asistir el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista.

La convocatoria es a las 9:30 a.m. en el despacho del juez, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

“Con mucho disgusto, la moción del Estado Libre Asociado no me deja otra alternativa que no sea emitir una orden de embargo para que se pague a los proveedores de servicio de inmediato. Esta parece ser la única manera en la que los derechos constitucionales de las personas con necesidades especiales en este caso, que data de 1999, pueden protegerse. Si no, el efecto para estos individuos sería devastador y sin arreglo”, expuso Gelpí en la orden que emitió el viernes pasado.

Gelpí agregó que espera que se resuelva la situación en dicha conferencia, pero que de no ser así, abrirá sala para emitir las órdenes a corto y largo plazo “que ameriten”.

La determinación del juez surge luego de que el gobierno estatal informara que pagó a los proveedores hasta enero, pero que entiende que todavía está dentro del término de los 45 días para pagar las facturas de febrero y marzo. La moción informativa incluye una carta de Zaragoza asegurando que, “aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico atraviesa una situación fiscal sin precedentes, pondremos nuestro mayor esfuerzo en procesar los pagos dentro de los términos”.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos contestó que el monitor o Joint Compliance Coordinator (JCC), Javier Aceves, les alertó que el gobierno estatal no estaba pagando a los proveedores de servicio de manera eficiente y que esto conlleva un riesgo porque algunos tendrían que cerrar sus instalaciones.

Aclararon que los pagos deben hacerse mensualmente, pero que se aceptó el acuerdo del pago dentro de un término de 45 días para “ser razonables”.

El gobierno de Estados Unidos “ha repetido por varios años en las vistas de estatus que el pago a tiempo a proveedores es esencial para la salud y viabilidad del sistema comunitario. Pagos a tiempo, regulares y confiables son la línea de vida de los proveedores”, lee el escrito del gobierno federal, que agrega que la falta de pago o pagos tardíos provocaría el cierre de hogares, donde hay personas recibiendo servicios las 24 horas, y tendrían que echarlos a la calle.

Se informó que las facturas de febrero suman alrededor de $733,000, pero que para asegurar que es suficiente, requieren que el tribunal ordene el depósito de $750,000 mensual.

Ya anteriormente Gelpí había mandado a congelar los fondos para el caso de los centros de salud 330.

Recientemente, el Departamento de Salud solicitó una prórroga para pagar.

La demanda que presentó la División de Derechos Civiles de Justicia federal en 1999 contra el gobierno estatal para hacer valer los derechos de las personas con discapacidades de desarrollo continúa abierta, a pesar de acuerdos a los que llegaron en 2011.

Los departamentos de Justicia federal y local lograron un acuerdo en octubre de 2011 para que se cumplieran con varios requisitos referentes a personas con autismo y síndrome Down. Entonces, Gelpí nombró un monitor por tres años para velar que se cumpliera con lo establecido, y designó a Aceves como JCC, que es monitor judicial oficial independiente.

El acuerdo contemplaba aumentar la disponibilidad de hogares comunitarios, ofrecer empleos a esta población y mejorar la accesibilidad de actividades diurnas para ellos.

Los secretarios de Justicia y de Salud para aquella fecha, Guillermo Somoza y Lorenzo González, respectivamente, manifestaron que los participantes de la División de Servicios a la Población con Retardo Mental estaban en hogares custodios o participando en alguno de 52 centros comunitarios, donde reciben clases y terapias. Esto, luego de que padres y madres de 303 participantes se quejaran ante Justicia federal por las condiciones infrahumanas en las que se encontraban sus hijos en seis instituciones, con espacios para pacientes descritos como celdas.

Somoza destacó que el costo del programa originalmente era de $4 millones y que en 2011, aumentó a $40 millones para dar servicio a los 700 participantes de entre 19 y 68 años.

En ese momento, indicaron que de 64 recomendaciones que le ordenaron a Salud, faltaban seis, como localizar a 18 participantes pendientes, establecer más hogares comunitarios, ofrecerles empleos y actividades diurnas, dar seguimiento a servicios de salud, mejorar reporte y control de calidad.