El funcionario de este desgobierno que crea que a partir de enero de 2017 el pueblo y el gobierno de Puerto Rico le pagará los servicios de abogados para defenderse de las cientos de demandas que surgirán en los tribunales como consecuencia de sus decisiones abusivas para provocar impagos de obligaciones constitucionales y contractuales, se equivoca. Tendrá que pagar sus abogados con su propio dinero. También se equivoca aquel funcionario que crea que se pagará con fondos públicos la totalidad de las compensaciones económicas que puedan otorgar los tribunales en esas demandas. El funcionario tendrá que aportar con sus bienes y dinero personal la parte que le corresponda. Más se equivoca aquel funcionario que crea que quedará protegido por las inmunidades ilegales que se han autolegislado al aprobar leyes abusivas y que, evidentemente, son contrarias a la Constitución y a obligaciones contractuales asumidas con anterioridad. Ellos y ellas saben que esas inmunidades no valen el papel donde están escritas. Todas sus acciones abusivas e irresponsables deben tener, y tendrán, consecuencias.
Por Medio Siglo el PPD ha sido regalos a sus Amigos del Alma Sin Obras – Siempre Ha Sido Embrollones y MalaPaga. El que Mal Use Fondos Públicos o Viole la Constitución o Leyes Intencionalmente, será investigado y responderá personalmente. Promesa de TRS y el PNP. Se acabó la PPDImpunidad.
Mal-Usado Fondos Públicos,
Los contratos leoninos de personajes como Jim Milstein, el bufete Cleary Gottlieb y Lisa Donahue, entre otros, que en los últimos tres años le han facturado al pueblo de Puerto Rico más de $140 millones por “consultorías” que nos han llevado a desastres cada vez peores, también serán profundamente examinados.
Aquí hay funcionarios de alto nivel que se están otorgando así mismos licencias poéticas e inmunidades al tomar decisiones irresponsables que provocarán enormes demandas contra el pueblo de Puerto Rico por parte de acreedores, debido a que el gobierno incumpliría con obligaciones constitucionales y contractuales, incluyendo violaciones de derechos civiles. Esa actitud envalentonada de estos funcionarios surge porque, hasta hoy, la Ley 9 de 1975 dispone que se paguen con fondos públicos los abogados que los defenderán de esas demandas y hasta las compensaciones económicas que los tribunales les otorguen a los acreedores. Acreedores que sufrirán violaciones a sus derechos civiles como la privación de sus propiedades y ahorros sin el debido proceso de una ley que sea válida constitucionalmente. Y las principales víctimas de esos abusos serían decenas de miles de bonistas individuales puertorriqueños que trabajaron, pagaron las tasas contributivas abusivas del ELA, ahorraron con lo que les sobró y prestaron sus ahorros comprando bonos de Puerto Rico.
Pues a todos esos funcionarios les anticipo que, a partir de enero de 2017, la ley cambiará. Legislaremos para que esos funcionarios irresponsables tengan que pagar sus abogados con su propio dinero y también las compensaciones que los tribunales les otorguen a los acreedores, hasta donde lleguen los recursos económicos personales de cada uno de esos funcionarios. El resto de las compensaciones deberá pagarlas el pueblo de Puerto Rico, según nuestro ordenamiento.
La Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975, establece que un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal por actos u omisiones incurridos dentro del marco de sus funciones que constituyan violaciones a los derechos civiles de los demandantes, puede solicitar que el Estado le provea representación legal y pague la sentencia que en su día pueda recaer. Esta ley también protege a los funcionarios, aún después de cesar en sus funciones públicas y mientras los litigios se encuentren en trámite judicial.
Si esos funcionarios, incluyendo al gobernador, han planteado que la crisis fiscal justifica el incumplimiento de obligaciones constitucionales y contractuales, entonces no podrán alegar que la Ley 9 es un derecho adquirido, pues derechos adquiridos tienen todos los acreedores del gobierno y ellos mismos han menoscabado esos derechos alegando una crisis fiscal. El pueblo de Puerto Rico no tiene por qué pagar millones de dólares en los abogados de esos funcionarios que tomaron decisiones irresponsables y tampoco la porción de las sentencias que ellos deberán pagar hasta donde lleguen sus propios recursos económicos y propiedades.
Cuidado. Cada acción irresponsable tendrá sus consecuencias, principalmente los abusos que se cometan en contra de los bonistas individuales de Puerto Rico.
Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado
Moratoria para los contratos de asesores
En la caja del Departamento de Hacienda y en la bóveda del Banco Gubernamental de Fomento falta el dinero y sobra el espacio. Pero las campanas de registros en las firmas de asesores no paran de sonar, mientras se engrosan las facturas en busca de una reestructuración que en agosto de 2015 no consideró evitar el impago de los bonos de apropiación -no asegurados- de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC).
Ahora, a cuatro días para cumplir con el pago de $422.8 millones en vencimientos de notas no garantizadas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el consenso general es que se oficializará el segundo mayor impago del Estado Libre Asociado (ELA). Esto ocurre al cabo de dos años de gestiones, reuniones, tanteos, propuestas, contrapropuestas, arrimos y retiros de la mesa de negociación, al mando de sofisticadas firmas asesoras que -por ahora- le han costado a los contribuyentes más de $25 millones.
Solo hablamos del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, especializados en reestructuración de deuda, y Millstein & Co., que hace lo propio, firmas que han facturado $13,911,489 y $11,563,580 entre los años fiscales 2014 al 2016, respectivamente.
Si bien en el caso del PFC, a la intención de buscar algún acuerdo apenas se le dio atención; en lo referente al BGF hay un trabajo concreto que en la víspera del impago no alcanza a mostrar resultados. Lo que se espera es un acuerdo, el ya famoso “forbearance agreement”, similar al de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya firma asesora en reestructuración Alix Partner, ya suma en su cartera $36.8 millones en 19 meses. El contrato de Alix Partner y su oficial Lisa Donahue, para dar seguimiento al plan de reestructuración de la AEE (el mismo que le aumentará de tanto en tanto la factura a los abonados) vence el 15 de agosto.
El costo de la deuda de Puerto Rico, no los $70 mil millones -poco más o poco menos- que se deben, sino los gastos asociados al manejo de este asunto, entre asesores, preparación de estudios y auditorias, gestiones particulares, viajes continuos de funcionarios y ayudantes, peritos, papeleo, comidas, alojamiento y todo lo que sea, ya debe sumar cifras inimaginables que indudablemente seguirán escondidas y en ascenso.
El referente de cómo crece el gasto en procesos de reestructuración y con resultados no siempre a los esperados, lo encontramos en Argentina, donde el gobierno desembolsó unos $400 millones solamente para el bufete Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, en un periodo de 12 años. Se trataba de lo que denominaron la defensa frente a los fondos de cobertura, esos que el matrimonio Kirschner bautizó como “fondos buitres”, a razón de honorarios de $1,000 y $1,300 por hora.
Con el cuadro claro de la no transparencia en los procesos gubernamentales, sobre todo en lo que atañe al manejo de la crisis fiscal y la “estrategia” para atender la situación, es altamente probable que nunca tendremos un número certero de cuánto nos cuesta a todos “la crisis”.
Como reportó EL VOCERO en su edición del pasado martes 26 de abril, aunque la Oficina del Contralor tiene en sus archivos varios de los contratos del gobierno con Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y con Millstein & Co., “no todos los contratos -y sus correspondientes enmiendas- están registrados”. EL VOCERO solicitó al BGF copia de todos los contratos, pero al cabo de varias semanas, nunca fueron entregados. De hecho, desconocemos si algunas cláusulas de esos u otros contratos incluyen bonificaciones para las firmas contratadas, sujetas a la cantidad de deuda que alcancen a reestructurar.
Hasta ahora, la reestructuración municipal más costosa en la historia de Estados Unidos ha sido la de Detroit, estimada en $178 millones, esto en gastos de asesores, defensa legal y demás. La deuda pública en la quiebra de Detroit era de $18 mil millones y en el proceso logró recortarla en $7 mil millones. La firma legal con la mayor facturación fue Jones Day, con unos $57.9 millones.
La incertidumbre prima desde hace ya demasiado tiempo. Sigue el reclamo de transparencia, ese elemento fundamental de las democracias y obligación de cumplimiento para los que reciben en sus manos la confianza de administrar los caudales públicos, pero que en esta Isla no termina de honrarse. Y eso sin contar con que los estados financieros “AUDITADOS” todavía no están listos.
Editorial, EL VOCERO
Consecuencias del impago de los bonos que vencen el lunes
Por Istra Pacheco04/28/2016 |09:00 a.m.
Gobernador revela que no tiene los $470 millones que necesita para pagar la deuda que vence el 1 de mayo.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo ayer que Puerto Rico incurrirá en un impago de los bonos que vencen el próximo 1 de mayo.
“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, expresó el mandatario.
“No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que no hemos encontrado hasta ahora”, afirmó.
El primer ejecutivo advirtió que los acuerdos en los que trabaja su equipo con los acreedores tampoco evitarán el fallo en el pago del 1 de mayo.
“Estamos trabajando unos acuerdo con los acreedores para que Puerto Rico se vea menos perjudicado”, sostuvo. “Pero, un acuerdo que impida por completo un impago, no creo que se logre”.
Los esfuerzos de conseguir enmiendas que le permitieran a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal no tuvieron éxito.
La medida que se maneja actualmente en el Congreso es un proyecto de ley que contempla una reestructuración de la deuda pública a la vez que crearía una junta federal de control fiscal.
Aunque han circulado borradores, todavía la comisión que lo trabaja en la Cámara de Representantes federal no ha emitido un informe, por lo que no se espera que quede tiempo suficiente para que se apruebe un proyecto de ley, que luego vaya al Senado y finalmente sea firmado por el presidente Barack Obama.
De hecho, reportes de la prensa de las pasadas horas en los Estados Unidos reflejan expresiones de congresistas, como Kevin McCarthy, y del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, con las que se responsabilizan mutuamente ambas ramas por la dilación del proceso.
A preguntas de la prensa sobre el retraso en la votación, García Padilla señaló que “mientras más tarde, más humanitaria se va a tornar la crisis. Eso lo tiene que entender el Congreso”.
Sus expresiones tuvieron lugar cuando salía de los predios del castillo San Felipe del Morro de la actividad de reconocimiento del Regimiento del 65 de Infantería, particularmente, por sus actuaciones en la Guerra de Corea.
Allí, García Padilla aprovechó su discurso para hacer un llamado al Congreso a que tome acción para ayudar al Gobierno de Puerto Rico con medidas que permitan reestructurar la deuda que asciende a sobre $72,000 millones.
Y, ¿cuáles serían las implicaciones de un impago? Los economistas José Alameda y Gustavo Vélez analizan el impacto de esta decisión.
En la economía
Situaciones de impago hacen que empresarios e inversionistas pierdan confianza en el país y su posibilidad de superar la crisis fiscal y económica.
Un impago como el que se dará el 1 de mayo hará igualmente que se afiance la imagen de que Puerto Rico no cumple sus compromisos.
Alameda anticipó que dentro de ese escenario podría cancelarse incluso la expansión de industrias que ya están ubicadas en la Isla.
Los bonistas puertorriqueños, tenedores de bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), perderán el dinero invertido en bonos y eso afectará los ahorros que muchas de estas personas habían destinado para su jubilación.
En una situación de impago gubernamental la banca también será más exigente a la hora de otorgar financiamiento a los individuos que quieran iniciar un nuevo negocio en la Isla.
El clima de incertidumbre también puede provocar que más personas decidan emigrar para buscar una mejor calidad de vida fuera de este País.
¿Y en los servicios?
La acción tomada por el Gobierno de no pagar los $470 millones que debe el BGF está fundamentada en un interés de proteger los servicios esenciales que recibe el pueblo de Puerto Rico en las áreas de seguridad, educación y salud, entre otros.
Vélez dijo que otros servicios que ofrece el Estado podrían afectarse a consecuencia del impago del Banco Gubernamental de Fomento y del anticipado impago de otras obligaciones del Estado que están pautadas para julio.
Una reducción en el presupuesto del próximo año fiscal podría redundar, por otro lado, en un recorte de las aportaciones que el gobierno le brinda a diversas organizaciones sin fines de lucro.
Estas organizaciones le ofrecen servicios directos a la ciudadanía en áreas de trabajo social, educación y otras.
Efecto en el gobierno
Cualquier posibilidad de tener acceso a tomar dinero prestado se le cierra a Puerto Rico por el impago del próximo 1 de mayo.
El gobierno tampoco tendría acceso a los préstamos a corto plazo que se toman al inicio de cada año fiscal, los famosos Trans.
Sin ese dinero -el de los Trans- se agravaría el flujo de caja del Gobierno y se seguirían atrasando, entre otros, los pagos a los suplidores del Estado.
El impago traerá como secuela una degradación adicional del crédito de la Isla, que ya está en malísimas condiciones.
Es posible, según el economista Gustavo Vélez, que el próximo presupuesto sufra un recorte de entre $600 a $800 millones.
Un presupuesto ajustado de esa manera podría implicar la eliminación de algunas agencias, principalmente aquellas que no brindan servicios esenciales, como podrían ser las Procuradorías, y otras, de acuerdo con el economista.
El economista José Alameda no descartó que haya despidos de empleados públicos en medio de la crisis o que se envíe al retiro a algunos trabajadores del gobierno.
“Lo de jubilar empleados es peligroso, porque te ahorra un dinero un sitio, pero te afecta los Sistemas de Retiro del Gobierno”, afirmó Alameda.
¿Qué pasará ahora?
Alameda y Vélez anticipan que el impago del próximo 1 de mayo provocará una avalancha de demandas de parte de los bonistas del BGF, con la intención de revertir la decisión tomada por el gobernador Alejandro García Padilla.
Es posible que los bonistas también procuren el embargo de cuentas del Estado, entre ellas las del Departamento de Hacienda.
Esto último ocurriría pese a que el Gobierno central sacó sus depósitos del Banco Gubernamental de Fomento y los colocó en la banca privada para protegerlos, indicó Alameda.
“Pueden embargar las cuentas de Hacienda que están en el Banco Popular. Por el hecho que tú las traslades, no quiere decir que no son embargables”, explicó el economista.
Se espera que el gobierno no le ponga freno a sus esfuerzos de negociar una reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
También se anticipa que se siga insistiendo en una acción congresional que viabilice esa reestructuración, gestión que hasta ahora ha resultado infructuosa.
¿Qué nos salvará?
¿Cómo podemos salir de esta crisis que parece infinita?
Ese es el gran reto que tiene el gobierno de Puerto Rico.
Según los economistas Alameda y Vélez, existe la posibilidad de que el impago provoque que los bonistas lleguen a unos acuerdos con Puerto Rico, que puedan resultar aceptables para ambas partes.
“Ellos (los bonistas) podrían pensar que peor es perderlo todo¨, acotó Alameda.
Hay sectores que también piensan que una Junta de Control Fiscal federal ayudaría a solucionar de forma definitiva los problemas fiscales de Puerto Rico.
Otro sector considera que esa no es la opción porque creen que la junta federal lo único que procuraría es que Puerto Rico le pague a los acreedores.
Alameda se apuntó entre los que piensan lo segundo, que a la junta lo que le interesaría es pagarles a los bonistas.
A más largo plazo, lo que la Isla necesita es desarrollo económico, un desarrollo económico que haga llegar más ingresos al Estado y de ese modo este se libere de su déficit fiscal, apuntan los expertos.
Gobernador asegura que incumplirá con pago de la deuda el lunes
Por Frances Rosario y Alex Figueroa Cancel04/27/2016 |12:43 p.m.
«No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que no hemos encontrado hasta ahora”, expresó.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo este miércoles que Puerto Rico incurrirá en un impago de los bonos que vencen el próximo 1 de mayo.
“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, expresó el mandatario luego de la ceremonia de presentación de la Medalla de Oro del Congreso a los “Borinqueneers” celebrada en el Castillo San Felipe del Morro.
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“No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que no hemos encontrado hasta ahora”, afirmó ante la prensa del país.
“No creo que de aquí al lunes encuentre $470 millones que eviten un impago y no creo que esté sobre la mesa un acuerdo que impida un impago”, reiteró.
El primer ejecutivo advirtió que los acuerdos en los que trabaja su equipo con los acreedores tampoco evitarán el fallo en el pago del 1 de mayo.
“Estamos trabajando unos acuerdos con los acreedores para que Puerto Rico se vea menos perjudicado”, sostuvo. “Pero, un acuerdo que impida por completo un impago, no creo que se logre”.
Los esfuerzos de conseguir enmiendas que le permitieran a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal no tuvieron éxito. La medida que se maneja actualmente en el Congreso es un proyecto de ley que contempla una reestructuración de la deuda pública a la vez que crearía una junta federal de control fiscal.
Aunque han circulado borradores, todavía la comisión que lo trabaja en la Cámara de Representantes federal no ha emitido un informe, por lo que no se espera que quede tiempo suficiente para que se apruebe un proyecto de ley, que luego vaya al Senado y finalmente sea firmado por el presidente Barack Obama.
De hecho, reportes de la prensa de las pasadas horas en Estados Unidos reflejan expresiones de congresistas, como Kevin McCarthy, y del portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, con las que se responsabilizan mutuamente ambas ramas por la dilación del proceso.
A preguntas de la prensa sobre el retraso en la votación, García Padilla señaló que “mientras más tarde, más humanitaria se va a tornar la crisis. Eso lo tiene que entender el Congreso”.
Sus expresiones tuvieron lugar cuando salía de los predios del castillo San Felipe del Morro de la actividad de reconocimiento del Regimiento del 65 de Infantería, particularmente, por sus actuaciones en la Guerra de Corea.
Allí, García Padilla aprovechó su discurso para hacer un llamado al Congreso a que tome acción para ayudar al Gobierno de Puerto Rico con medidas que permitan reestructurar la deuda que asciende a sobre $72,000 millones.
El gobernador comparó el deber que tienen los congresistas de prestar atención a Puerto Rico con el mismo compromiso que los soldados del mencionado regimiento que arriesgaron y muchos perdieron sus vidas para salvar a soldados estadounidenses que quedaron atrapados durante la Guerra de Corea.
“Ellos podían decir que ellos no fueron los que cayeron atrapados por los chinos: ‘Allá los Marines que se defendieran’. No eran puertorriqueños. No estaban segregados. No eran sometidos a cortes marciales por no hablar perfectamente el inglés. ‘Que se la resuelvan ellos. En el problema se metieron ellos’, pudieron decir los Borinqueneers. Pero no. Dieron el frente y sacaron la cara por los que se metieron en el lío”, reflexionó García Padilla.
“Yo podría decir que no fui el que pidió los préstamos. El Congreso podría decir que: ‘no fuimos nosotros los que pedimos los préstamos’. Que el Congreso defienda ahora a Puerto Rico como los Borinqueneers defendieron a los Estados Unidos en la Guerra de Corea para que este homenaje sea completo”, añadió
Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, también aprovechó la ocasión para exigir acción congresional con relación a la deuda pública de Puerto Rico.
“Este reconocimiento debe poner en perspectiva el hecho de que el pueblo de Puerto Rico siempre ha estado ahí para Estados Unidos, en las buenas y en las malas”, manifestó Pierluisi. “Ahora, digo de corazón que es tiempo que el Congreso y el presidente (Barack Obama) digan presente y nos apoyen en momentos desafío”, puntualizó Pierluisi.
Ejecutivo reclama unidad ante el Congreso
Casi al mismo tiempo en el que el gobernador se expresaba sobre este tema, el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, pronunciaba un discurso similar ante periodistas en La Fortaleza.
Ortiz enunció que, a cinco días del vencimiento del término para que el gobierno de Puerto Rico tenga que realizar el millonario pago a los bonistas, el Ejecutivo no tiene dinero y que depende de las negociaciones que realiza el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) con los acreedores para evitar el impago.
“Si no llegamos a un acuerdo, no tenemos dinero para emitir un pago. La única herramienta que tendríamos es la Ley de Moratoria”, recientemente aprobada por la Legislatura, señaló.
Sin embargo, en un tono un poco más optimista que el empleado por el primer mandatario, el secretario de Asuntos Públicos sostuvo que se insistirá en las negociaciones con los bonistas.
“Las negociaciones continúan y se está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo antes (del 1 de mayo, fecha para la cual se producirá el impago)”, expuso en una conferencia de prensa.
Asimismo, Ortiz dijo que, ante la amenaza del impago, la administración de García Padilla reclama del pueblo unidad. La idea es que se haga un frente común para lograr que el Congreso conceda una solución a la crisis fiscal que enfrenta la Isla.
El polifacético artista de raíces puertorriqueñas, Lin Manuel Miranda, fue el ejemplo que utilizó de los esfuerzos que deben realizarse desde distintas esferas para lograr que el Congreso actúe. La referencia la hizo al traer a colación el rap que realizó el reconocido creador de la obra Hamilton -premio Pulitzer por drama- en el programa de John Oliver, transmitido por HBO, para llamar la atención a la crisis humanitaria que atraviesa la Isla por la grave situación fiscal del gobierno.
“Lo que eso ilustra es que necesitamos que ese frente común continúe los esfuerzos de llevar ese mensaje a Washington de que necesitamos acción ya, que es importante que el Congreso actúe y que la situación es crítica y que si no se toma una acción pronto, Puerto Rico va a tener serias dificultades para cumplir con sus servicios y poder cumplir con la deuda, que no tenemos dinero para hacerlo. Necesitamos más voces que se unan a ese llamado”, sentenció.
De hecho, Ortiz resaltó que el gobernador agradeció anoche a Miranda el gesto que ha tenido para con los boricuas de usar su fama para ayudar a Puerto Rico.
El mensaje, publicado en la red social de Twitter, indica lo siguiente: “Muy agradecidos del respaldo que hemos recibido por el reportaje de @LastWeekTonight con @iamjohnoliver y @Lin_Manuel. ¡Muchas gracias!”
Poco específico sobre los esfuerzos para evitar el impago
La conferencia de prensa realizada por el secretario de Asuntos Públicos para supuestamente hacer expresiones sobre el estado en que se encuentra el gobierno estuvo demarcada por las imprecisiones en cuanto a las gestiones que se realizan para evitar el impago.
Ortiz, por ejemplo, expresó que la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, y asesores del gobierno continúan inmersos en negociaciones con los acreedores para llegar a acuerdos ante la imposibilidad de emitir el pago de $422.8 millones que vence el próximo domingo. No obstante, aludió a que los detalles de la negociación son privados.
“Es un proceso bien complejo. Sabemos que estamos contra el reloj. Ya se han dado varios intercambios de propuestas y contrapropuestas. Nos encontramos trabajando en esa contrapropuesta que hizo el Banco. La negociación es continua”, habló.
Tampoco pudo precisar cuándo finalmente el gobierno podrá producir un documento en el que se certifique la deuda que enfrenta ni cuándo se llenarán las vacantes en la Junta de Gobierno del BGF.
Ortiz, asimismo, alegó que el problema que han denunciado algunos suplidores y políticos de la oposición por los cambios de los cheques conferidos por el BGF no se debe a la falta de fondos, sino a un alegado problema “procesal” por el cambio de cuentas a la banca privada. Dijo que son pocas las personas que han enfrentado esta situación.
Por otro lado, Ortiz no especificó si García Padilla se presta a firmar el proyecto que enmienda la Ley de Moratorias para proteger los bonos que tienen las cooperativas en el BGF.
Aclaró, sin embargo, que esta propuesta no estaba implicada en la promesa del veto que hizo García Padilla la semana pasada. Dijo que las expresiones se limitaban a las enmiendas que limitarían las facultades del gobernador al excluir las obligaciones generales y las deudas garantizadas por fuentes de recaudos a través de fideicomisos, el cual beneficia a los municipios.
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