A la puerta del impago parcial que el gobernador anunciará oficialmente y con detalles, en o antes del lunes, el Centro para una Nueva Economía (CNE) clamó hoy en Washington urgencia para que el Congreso tome acción sobre Puerto Rico, y advirtió que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe proveer acceso a un mecanismo de reestructuración factible.

“Puerto Rico no necesita meramente legislación que logre los votos en el Congreso, lo que Puerto Rico necesita es legislación que funcione”, expresó Miguel SotoClass, presidente de CNE, quien realizó sus planteamientos esta mañana durante una sesión educativa dirigida a los miembros y el personal del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes estadounidense. El CNE fue invitado para ofrecer su peritaje sobre la crisis económica y fiscal de la Isla.

“La economía y el aparato fiscal de Puerto Rico están bajo una enorme presión y la Isla necesita acceso urgente a un mecanismo abarcador que le permita reestructurar su deuda y proteger los intereses de todos los actores envueltos en esta crisis”, destacó Soto Class en Washington, mientras en Fortaleza y el equipo económico del Primer Ejecutivo ultiman detalles de lo que será el anuncio al país.

El impago parcial incluye parte de la deuda del BGF y el incumplimiento del resto de los vencimientos pendientes de otros emisores al primero de mayo y que en total suman $469.4 millones. Como ya ha trascendido, los fondos de cobertura o “hedge funds” se encaminan aún hacia la formalización de un “forbearance agreement” para el recibo de unos $120 millones y extender pagos en lo que se desarrollan negociaciones siguientes. Mientras, en el caso de las cooperativas, que según algunas fuentes no ha sido menos difícil la negociación, deberán transar por $30 millones, una cantidad amplia si se considera que el BGF les debería pagar $48.5 millones a mayo.

Soto Class dijo hoy en la capital federal que “aún cuando CNE apoya el esfuerzo que está haciendo el Congreso para atajar la crisis en Puerto Rico, tenemos serias dudas de que el proceso de reestructuración – tal y como está esbozado actualmente en el (proyecto) H.R. 4900 – pueda funcionar en la práctica” y puntualizó que “el mecanismo que se propone es demasiado complicado”.

Aunque la atención inmediata ha estado centrada en la deuda mayor al primero de mayo, que es la del BGF por $422.8 millones, entidad que ha sido declarada en un periodo de emergencia, otros seis emisores del Estado Libre Asociado deberán emitir pagos.

Los otros pagos pendientes y en riesgo de impago son $1.5 millones en intereses de las obligaciones generales (lo cual deberá honrarse), poco más de $3 millones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), $2.6 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), $1.4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), la cual está en impago desde agosto de 2015, $23.9 millones del recién degradado Fideicomiso de los Niños, y $13.8 millones del Sistema de Retiro de Empleados Públicos.

Por su parte, Sergio Marxuach, director de Política Pública de CNE, señaló que “proveerle a Puerto Rico un mecanismo de reestructuración no es un rescate o ´bailout´. Por el contrario, es una forma sensata de proteger los intereses de los inversionistas y los contribuyentes de EEUU de las consecuencias imprevistas de una cadena de impagos desorganizados y caóticos. Reestructurar la deuda de Puerto Rico es algo necesario, y posponerlo solo provocará una destrucción mayor del valor de la inversión de los bonistas, así como niveles de recuperación más bajos provocados por nuevos préstamos insostenibles, tasas altas de interés y políticas fiscales restrictivas que solo agravarán la contracción de la economía”.

Marxuach añadió que la imposición de una junta de control fiscal fuerte “por sí sola” no solucionará el problema de la falta de credibilidad de Puerto Rico en los mercados de capital y resaltó que “la credibilidad no puede ser impuesta, sino que tiene que ganarse”.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.

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CNE to Congress: Debt Restructuring Mechanism for Puerto Rico Is Urgently Needed but must be Workable

Center For A New Economy info@grupocne.org via mail194.atl81.rsgsv.net

View this email in your browser CNE Statement on Washington D.C. Congressional Staff Briefing on April 28, 2016 The Center for a New Economy (CNE) has been invited by the Committee on Natural Resources of the U.S. House of Representatives to share its expertise on the complexities of the Puerto Rico fiscal and economic crisis with committee members and staff. In its briefing, CNE stressed the urgency for Congressional action, but cautioned that any bill approved by Congress must provide Puerto Rico with a debt restructuring mechanism that will actually work. “We appreciate the opportunity provided by the Committee to discuss the urgency of addressing the Puerto Rico crisis and the serious consequences that a series of disorganized defaults by the government of Puerto Rico would have for bondholders, creditors, U.S. taxpayers and the residents of Puerto Rico,” said Miguel Soto-Class, President of CNE. “Puerto Rico’s economy and fiscal foundation are under enormous duress and the island needs urgent access to a comprehensive debt restructuring mechanism in order to protect the interests of all stakeholders involved in this crisis.” “However, we must stress that while CNE supports the congressional effort to address the Puerto Rico crisis, we have strong concerns that the debt restructuring process as currently drafted in H.R. 4900 might not actually work. The debt restructuring mechanism as it stands in the bill is cumbersome and complicated,” cautioned Soto-Class. “Puerto Rico does not need a restructuring bill that can pass a House vote: it needs one that works.” Sergio Marxuach, Policy Director of CNE, stressed: “providing Puerto Rico with an effective debt restructuring mechanism is not a bailout. On the contrary, it is a sensible way to protect both mainland investors and taxpayers from the unforeseen consequences of a string of chaotic, disorganized defaults. Delaying a necessary restructuring of Puerto Rico’s debt will only lead to the destruction of bondholder value and lower recovery levels through additional unsustainable borrowings, high interest rates, and restrictive fiscal policies that amplify economic contraction. A court-supervised process would help ensure fair treatment to all parties, including small, retail investors currently not “at the table”. The alternative—an untested and potentially disorderly process with numerous creditor lawsuits and years of scorched-earth litigation—would depress the local economy, increase restructuring costs, and make long- term recovery harder to achieve. If that scenario were to become a reality, then the probability of a federal bailout would increase significantly as bondholder groups would insist that Congress intervene to rescue them.” Marxuach also highlighted that the imposition of a strong oversight board, in and of itself, would not address Puerto Rico’s lack of credibility with the capital markets. “Credibility cannot be imposed, credibility has to be earned,” stated Marxuach. Finally, the Policy Director remarked that achieving fiscal balance is only part of the equation, “Puerto Rico also needs to design and implement a new economic growth strategy based on restructuring obsolete economic institutions; identifying new sectorial opportunities; and implementing economy-wide policy reforms such as lowering energy costs, simplifying Puerto Rico’s complicated permitting and licensing systems, modernizing outdated labor policies, and substantially improving K-12 educational standards.” Versión en español If you want to learn more about the complicated nature of Puerto Rico’s debt structure and why a debt restructuring mechanism benefits all stakeholders see the following documents: Policy Paper: The Endgame Briefing to Congress Policy Priorities