El gobierno de Puerto Rico emitió un documento judicial apelando en Boston la orden del juez federal José Fusté, quien declaró inconstitucional el impuesto aplicado a la multinacional Wal-Mart en el mes de marzo.

El gobierno solicitó que el Primer Circuito revoque la decisión del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico que declaró inconstitucional varias disposiciones de la Ley 72-2015 y del Código de Rentas Internas de Puerto Rico relacionadas a la Contribución Alternativa Mínima aplicable a transacciones que contribuyentes corporativos como Wal-Mart PR, entre otros, realizan con sus afiliadas.

“El Estado demostró que el tribunal federal no tiene jurisdicción sobre una demanda como la de Wal-Mart PR, en la que se pretende interferir con el importante poder e interés del ELA en la recaudación de impuestos”, reza el documento judicial.

“El juez Fusté erró en conferirle capacidad para demandar (“standing”) a Wal-Mart PR en el foro federal, a pesar de queWal-Mart PR no tiene una causa de acción válida bajo las leyes estatales en asuntos contributivos y no existía una controversia madura para adjudicación”, añaden.

El ELA también estableció en su alegato, que luego de asumir jurisdicción, el juez de distrito resolvió erróneamente que la Ley 72-2015, de su faz, violenta la Cláusula de Comercio en su vertiente durmiente, la Ley de Relaciones Federales y la Igual Protección de las Leyes.

“El juez de distrito ignoró los hechos y argumentos presentados por el Gobierno y acogió la posición desacertada de Wal-Mart, llevándolo a enfocarse en un análisis incorrecto del propósito y efecto de la Contribución Alternativa Mínima en el comercio interestatal”, alegaron.

Según el gobierno, la determinación del juez federal de asumir jurisdicción sobre el caso es contraria a dos estatutos federales -el Butler Act y el Tax Injunction Act- que le impiden a los tribunales federales paralizar los efectos de estatutos contributivos estatales o  locales. Igualmente, principios de equidad y de cortesía judicial a los procesos y leyes estales en asunto contributivos, requerían la abstención del foro federal.

“El Estado demostró que si Wal-Mart desea impugnar la Ley 72-2015, debe pagar la contribución y luego agotar los remedios disponibles ante el Departamento de Hacienda y los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero el juez tenía el deber de desestimar la demanda para respetar a las autoridades locales sobre asuntos contributivos”, dijeron en el alegato.

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Paola Arroyo Guzmán, EL VOCERO

Periodista digital de El Vocero de Puerto Rico desde diciembre del 2014. Graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón (USC).