El manejo de fondos públicos es una responsabilidad enorme que contraen los funcionarios –sean electos o designados—y no puede estar supeditada a absurdos reclamos de confidencialidad.

Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se administran los impuestos que pagan, así como el uso de las asignaciones federales que reciben las entidades de gobierno, sin excepción, porque la misma naturaleza del dinero público así lo exige.

Hemos sostenido reiteradamente que el gobierno tiene que ser transparente y creíble porque esa es la obligación que contrae cada cuatro años con los ciudadanos que lo eligen y lo sostienen.

En esa línea de transparencia se coloca el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entidad que acaba de inaugurar el portal transparenciafinanciera.pr, en el que ha colocado toda su información financiera, incluyendo los salarios de todo su personal, así como la cuantía de los contratos que mantiene.

El portal está disponible para todas las entidades del gobierno que, según se indica, solo tendrían que dedicar una hora al mes para recopilar los datos a ser incluidos en la página cibernética.

Lamentablemente, entidades tan neurálgicas como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) expresaron de inmediato su negativa a someterse al escrutinio público de sus finanzas usando argumentos baladíes que no se sostienen jurídicamente.

El director de OGP, Luis Cruz Batista, alegó que una ley de 2004 declara confidenciales los expedientes de sus empleados, que no están amenazados con esta iniciativa. ¿Cómo se le puede negar a la ciudadanía acceso a la información pública de cuánto cobra un empleado público o un contratista gubernamental?

En la misma línea, la directora de OEG, Zulma Rosario, dijo que la divulgación pondría en posición vulnerable a su personal frente a los funcionarios investigados. ¿Qué expectativa de privacidad sobre su remuneración puede tener un empleado o contratista de una agencia pública?

Si tomamos en cuenta que OGP maneja el presupuesto gubernamental y que en esta crisis se le ha dado autoridad adicional para retener asignaciones aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador, vemos que se trata de una agencia con poder amplio sobre los fondos públicos.

Mientras tanto, en el caso de OEG, que el público sepa a quiénes contrata y cuánto les paga aportaría a su credibilidad, una cualidad esencial de su función investigativa.

Creemos firmemente que Puerto Rico necesita ser creíble en sus esfuerzos por salir de la crisis y transparente en sus operaciones fiscales para que los ciudadanos recuperen la fe en sus instituciones.

Por eso, ahora que estamos al borde del precipicio fiscal, la transparencia y la credibilidad son las armas principales con las que Puerto Rico puede convencer a Washington y a los acreedores de que necesita reestructurar su deuda. Pero la lucha por conseguir las herramientas necesarias para ello está estancada, en gran medida, debido al incumplimiento del gobierno con la divulgación de sus estados financieros auditados correspondientes al año fiscal 2014.

Como señalábamos en un editorial anterior, si el gobierno se está viendo obligado a incumplir los compromisos con sus acreedores y a reducir gastos debido a la insuficiencia de fondos, no puede mantener a oscuras al Congreso, que tiene el poder para ayudarlo, ni a los ciudadanos, a los que les pide sacrificios y les impone cargas contributivas adicionales.

Ante la crisis fiscal actual, que se traduce en el impago y en la falta de liquidez para pagarle a suplidores y contratistas de servicios esenciales como son la educación especial y la salud, entre otras limitaciones, la rendición de cuentas es indispensable.

El primer paso para lograrlo es unirse a la iniciativa transparenciafinanciera.pr.

Sin excusas.