El analista Mario Ramos comparó a Puerto Rico con varios estados para destruir la estrategia de los defensores del Estado Libre Asociado (ELA) que describen la colonia, “como el mejor de dos mundos” y “el progreso que se ve”, cuando la realidad es que la economía de la Isla siempre ha estado muy por debajo del estado más pobre.

La crisis y el impago de $367 millones de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y $2 mil millones que tienen que pagar el 1 de julio son resultado de políticas públicas equivocadas y gobiernos que dependen de transferencias federales, que conociendo la frágil liquidez no implantaron las reformas necesarias, y la negligencia administrativa e ineficiencia de las corporaciones públicas, y la corrupción gubernamental.

Según Gustavo Vélez, “la crisis es el resultado del colapso del modelo productivo que estuvo anclado en incentivos contributivos federales”.

Tampoco se ha cumplido con el requisito indispensable del Congreso de someter un estado financiero auditado para proseguir con legislación que provea las herramientas para reestructurar la deuda y crear una Junta federal para supervisar el desgobierno en Puerto Rico.

Ante la posibilidad de que se extienda el impago, es necesario mantener un diálogo con todo el pueblo en todos los niveles sociales y económicos; pero la comparecencia televisada del gobernador fue muy superficial y ausente de información esencial para comprender el propósito y alcance del impago.

Elías Gutiérrez sentencia que: “solo ha llevado al gobierno del ELA a enredarse en una guerra política”…

Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – de $27 Billones a $69 Billones Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre

Felicito a Ricardo Cortés Chico por su artículo “La larga agonía del impago”, para el que entrevista a los profesores Carlos Ramos y Mario Negrón, y a los economistas José Alameda, y Joaquín Villamil sobre los efectos del impago sobre la economía de la Isla.

Advierten que continuarán las degradaciones en la clasificación crediticia de Puerto Rico que cerrará las puertas a los inversionistas y afectará los fondos disponibles a los bancos, las cooperativas de ahorro y agencias que dependen de bonos para hacer proyectos importantes y necesarios.

El impago de Alejandro García Padilla podría causar un decrecimiento de 3% anual en la economía (contracción económica) y un aumento de 30% de desempleo. Miles de puertorriqueños han perdido sus ahorros de retiro en bonos del gobierno y en fondos mutuos en Puerto Rico. Como consecuencia, las entidades financieras tendrán que tomar medidas más estrictas para prestar dinero a los empresarios y se paralizará la inversión privada.

Además de las 200,000 unidades de viviendas cerradas o abandonadas, surgirán miles más por la migración masiva en busca de empleo y mejor calidad de vida y cada día habrá menos personas que puedan cargar con la desproporcional deuda pública.

Según el representante Rafael Hernández Montañez, “se abrirá una gama de reclamaciones legales” presentadas por los acreedores y complicaciones financieras que podrían terminar con un proceso de sindicatura en el BGF. Pierluisi predice que el impago traerá más inestabilidad e incertidumbre.

La política pública de García Padilla y su gobierno, incluyendo la “moratoria dictatorial”, han destruido la imagen de Puerto Rico ante el Congreso. Ni siquiera han cumplido su obligación de someter un Plan Fiscal y presupuesto que demuestre que tienen la intención y la capacidad

Y lo peor estrá Por Venir

para sacar a la Isla de la crisis fiscal. Según Joanisabel González, de El Nuevo Día, el economista Orlando Sotomayor enfatizó que, ante la renuencia del liderato local de hacer las reformas necesarias por ser “políticamente costosas”, se espera que vengan “los americanos a resolver el problema”.

La ausencia de poderes políticos nos pone en desventaja cuando el Congreso considera acciones que pueden afectar también a otros estados. Insisto en que tienen que someter los estados financieros auditados, el plan de cinco años, un presupuesto realmente balanceado, una reforma para un desarrollo económico sostenible, y agilizar la solución del estatus de Puerto Rico para reclamar nuestro derecho a la igualdad constitucional como estado.