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Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. (AP)

WASHINGTON- Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., afirmó que “en los próximos días” se debe presentar la nueva versión del proyecto de ley que colocaría una junta federal de control fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico, con poder para reestructurar la deuda pública.

Por tercer día consecutivo, la jefatura republicana de la Cámara de Representantes aplazó ayer la presentación de una medida con la cual hubiese querido haber terminado en abril, complicando las posibilidades de que el Congreso pueda haber aprobado una medida antes del proyectado súper impago del 1 de julio.

“La legislación de la Cámara de Representantes va a ser presentada en los próximos días”, indicó Ryan, quien ha supervisado la redacción del proyecto.

“Hay ideas irreconciliables sobre esa legislación. Cada vez que tratan de flexibilizar la reestructuración crean malestar en los republicanos. Lo mismo con los demócratas cuando tratan de apretar la reestructuración”, indicó Alfonso Aguilar, puertorriqueño que dirige la Alianza Latina Conservadora y le escribió esta semana al Congreso para rechazar la legislación, por entender que permitiría incumplir con bonistas y le arrebataría a la Isla su limitado gobierno propio.

Poco antes del mediodía de ayer, el presidente del Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), dijo que “sería la persona más sorprendida del mundo” si la medida no se radicaba antes de terminar el día.

Dos horas después, El Nuevo Día confirmó que el tranque en torno al lenguaje sobre la reestructuración seguía vigente. Una nueva reunión sobre el texto de la legislación tenía lugar en ese momento en la oficina del speaker Paul Ryan (Wisconsin), entre sus ayudantes que han trabajado con la medida, funcionarios del Tesoro y asesores de la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California).

En comparación con el proyecto 4900, que fue frenado hace justo un mes –el 13 de abril–, Bishop indicó que “habrá pequeños cambios, pero no en los temas principales”.

Según fuentes legislativas, desde el lado demócrata –junto con los temas adicionales, como la transferencia de terrenos de Vieques y la reducción de beneficios laborales–, hay mucho énfasis en que se reduzca de cinco a cuatro el número de miembros de la junta federal de control fiscal que tiene que aprobar forzar una reestructuración de deuda por la vía judicial.

Entre los republicanos hay fuerte oposición a que el lenguaje de la medida sea suficientemente flexible como para permitir que se les otorgue cierta prioridad en los pagos a los sistemas de pensiones públicas, que tienen una deuda de $44,000 millones, adicional a la del gobierno, que ronda los $70,000 millones.

“Todavía hay unos asuntos que hay que atender y ese proceso continúa. Por tanto, la presentación del proyecto será pospuesta para la semana próxima, y se trabajará durante el fin de semana para llegar a acuerdos sobre lo pendiente.  Todo el mundo entiende que tenemos que aprobar un proyecto balanceado”, indicó, por su lado, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Raúl Grijalva (Arizona), portavoz demócrata en el Comité de Recursos, reafirmó su oposición a las “píldoras venenosas” de la legislación, entre las que incluye el poder de la junta federal propuesta para pasar por encima de las decisiones fiscales del gobierno electo de Puerto Rico, Vieques y el autorizar que el gobernador pueda reducir de $7.25 a $4.25 por hora el salario mínimo de los que tienen 25 años o menos.

Tanto el tema de Vieques como el del salario mínimo han sido considerados concesiones a los conservadores en un proyecto que desde el comienzo les ha causado jaquecas.

Antes de la nueva posposición, Bishop aspiraba a que la nueva legislación –que tendrá otra vez como coautor al republicano Sean Duffy (Wisconsin)– pudiera ir a votación el miércoles.

El liderato cameral salió ayer del Capitolio pensando que la medida puede ser presentada el lunes. Pero, todo apunta a un retraso de una semana en el proceso de votación en el Comité de Recursos Naturales, que quizá no pueda considerar la medida hasta la semana del 23 de mayo.

Para complicar las cosas, la Cámara baja tiene previsto un nuevo receso legislativo –con ocasión del Día de los Caídos en la Guerra– desde el 26 de mayo hasta el 7 de junio.

Bajo el calendario actual, si el liderato republicano pudiera aplacar la rebelión interna o conseguir que su caucus no demande la regla ‘Hastert’ que exige una mayoría dentro de la mayoría legislativa para echar hacia adelante medidas controvertidas, quizá no sea hasta la semana del 7 de junio que el pleno de la Cámara baja pueda considerar la medida.

Eso dejaría al Senado con solo tres semanas para decidir qué hacer con la medida antes del 1 de julio, cuando el Gobierno de Puerto Rico puede incumplir con el  servicio de deuda de $2,000 millones, incluidos $744 millones de obligaciones generales.

El presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), dijo recientemente a El Nuevo Día que si la Cámara baja aprueba un proyecto de ley, el liderato de las tres comisiones con jurisdicción le haría enmiendas, pero trataría de enviarlo directamente al hemiciclo senatorial.

“La alternativa –que no haya proyecto– es insostenible. Sigo creyendo que podemos llegar a un compromiso bipartidista. Hacerlo bien –dijo Pierluisi– es mejor que hacerlo rápido”.

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