Nueva PROMESA para Puerto Rico

{El proceso legislativo congresional es lento, complicado, trabajoso y conciliar los intereses de la mayoría es difícil. AGP dificultó esta legislación al essconder sus manejos turbios con $15 Billones que no se sabe en qué los han usado. Pierluisi es la persona seria, responsable, con la credibilidad en el Congreso y Casa Blanca que representa los mejores intereses para Puerto Rico-USA.}

Nueva PROMESA para Puerto Rico

La junta de supervisión fiscal podrá vender propiedades del gobierno, consolidar agencias del gubernamentales y reducir la cantidad de empleados públicos de ser necesario

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>Archivo/ EL VOCERO

Tan pronto como en sus primeras páginas, el resumen ejecutivo de la nueva legislación presentada ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, deja al descubierto que la junta de supervisión fiscal federal tendrá supremacía sobre cualquier ley del territorio puertorriqueño.

Se trata del H.R 5278, proyecto presentado al filo de la medianoche de ayer, que sustituirá al H.R 4900, aunque mantuvo el mismo nombre: ‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stabilization Act (PROMESA).

La nueva PROMESA establece que la junta de supervisión fiscal podrá ejecutar medidas para garantizar que el gobierno de Puerto Rico presente presupuestos balanceados. Al mismo tiempo, podrá vender propiedades del gobierno, consolidar agencias del gubernamentales y reducir la cantidad de empleados públicos.

Además, la junta de supervisión podrá intervenir con la ejecución de legislación, ordenes ejecutivas, reglamentos, y contratos que atenten contra las medidas de desarrollo económico.

Asimismo, el proyecto de ley indica que cualquier ajuste de la deuda debe respetar “las leyes y gravámenes aplicables por la Constitución, otras leyes, o acuerdos que estaban en efecto antes de que entre en vigor la ley. Los acuerdos de reestructuración deben ser voluntarios y provee una pared para los acreedores protegidos por la Constitución y las pensiones.

La Ley también provee para la suspensión de los litigios con la intención de crear un ambiente favorable para negociaciones consensuadas pero asegurando que el gobierno de Puerto Rico continúe pagando los intereses programados de las deudas.

Además, la medida permite que el gobernador exima del salario mínimo federal a los menores de 25 años contratados después de aprobada la ley.

En el resumen ejecutivo de 22 páginas en poder de EL VOCERO -debido a que durante esta madrugada la medida todavía no había sido divulgada- se deja claro que el alcance de la medida no representa un rescate ni el acceso para Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. Asegura además que esta ley no podrá ser utilizada como precedente por otro algún estado de Estados Unidos.

El gobernador de Puerto Rico podrá ser un miembro ex oficio o designar un miembro en la junta de supervisión. Los integrantes tendrán términos de tres años.

Durante al menos tres días consecutivos había trascendido que la medida sería presentada formalmente para llevar a votación en el Comité. EL VOCERO supo que el tranque principal para la presentación de la legislación había sido la composición de la junta de supervisión o control fiscal y una fecha límite para nombrar a los integrantes de esta junta o de lo contrario quedaría sin efecto la ley.

Fuentes de este rotativo aseguraron que la fecha límite dispuesta era el 3 de enero de 2017 para evitar que un nuevo Senado – potencialmente dirigido por los demócratas – obtenga una mayoría en la junta que va a supervisar al gobierno de Puerto Rico. Al menos en el resumen ejecutivo no se pudo identificar esta disposición.

De inmediato, el comisionado residente Pedro Pierluisi, emitió declaraciones escritas y adelantó que “la nueva versión del proyecto de ley no es perfecta”.

“Como todo producto de una negociación bipartidista, aún contiene disposiciones a las que me opongo o que considero innecesarias, y mantengo la esperanza de que las mismas puedan ser modificadas o eliminadas a medida de que avance su trámite legislativo”, adelantó Pierluisi.

“No obstante, la esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la Junta de Supervisión—se han acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo”, agregó el congresista puertorriqueño.

Pierluisi agregó que durante los próximos días continuará “consultando con el liderato congresional y el Departamento del Tesoro antes de tomar la decisión final de si apoyaré o no este proyecto cuando vaya a votación en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal”.

“Espero que todo miembro del Congreso tenga en cuenta de que el colapso de este proyecto de ley podría significar el colapso del Gobierno de Puerto Rico.  La historia los juzgará severamente si no actúan con agilidad y sabiduría”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Estados Unidos, Paul Ryan había puesto el tema de Puerto Rico en agenda para principios de año, pero luego de que se presentaron varias versiones de legislación, aún no se ha concretado uno que pueda lograr los votos necesarios. La idea central en los proyectos congresionales es establecer una junta de control fiscal federal con amplios poderes sobre la Isla y su presupuesto. Esto, con miras a que se pague la deuda pública de la Isla que sobrepasa los $70,000 millones.

De acuerdo a una publicación ayer de Politico.com, previo a la presentación de la medida los bonistas mantuvieron un intenso cabildeo en el Congreso para evitar que se reestructure la deuda o se facilite a Puerto Rico acogerse a una quiebra.

El portal indica que el representante Connie Mack, un republicano de Florida, es identificado como un “representante de la industria” de bonos.

Esta semana, Mack envió correos electrónicos a legisladores solicitando que se opongan a la reestructuración de la deuda de la Isla. Además, el congresista conservador Andy Barr, circuló una carta solicitando apoyo para un proyecto que prohibiría un rescate a la Isla o a cualquier estado o jurisdicción.

Para leer el resumen ejecutivo del nuevo PROMESA pulse aquí.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.

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Pierluisi dice que el nuevo proyecto se acerca a sus condiciones

Pero reconoce que es una vergüenza la imposición de lo que describe como una «junta de supervisión»

jueves, 19 de mayo de 2016 – 12:00 AM   Por José A. Delgado

Pierluisi dice que el nuevo proyecto se acerca a sus condiciones (semisquare-x3)
Pierluisi ha insistido en que aunque la junta tendrá las decisiones últimas sobre presupuesto y planes fiscales, ese poder se torna académico si el gobierno de Puerto Rico se adhiere a su plan de largo plazo. (Xavier J. Araújo Berríos)

WASHINGTON –  El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, afirmó esta noche que los cambios hechos al proyecto de ley que impulsa imponer una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico se acercan a las condiciones que ha demandado para poder respaldarlo.

«La esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la junta de supervisión—se han acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo», indicó Pierluisi, en una declaración escrita.

Con el número 5238, el liderato republicano de la Cámara de Representantes  sometió esta noche la nueva medida que busca colocar una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico y autorizar procesos de reestructuración de la deuda pública.

Pierluisi ha insistido en que aunque la junta tendrá las decisiones últimas sobre presupuesto y planes fiscales, ese poder se torna académico si el gobierno de Puerto Rico se adhiere a su plan de largo plazo.

«Ahora bien, que todos estén claros, personalmente esto no me agrada de manera alguna.  Me avergüenza que Puerto Rico haya llegado a un punto en el que se contemple una Junta como ésta.  Yo, como fiel defensor de la estadidad para Puerto Rico, lo que quiero son plenos derechos democráticos para nuestro pueblo, no menos derechos.  Sin embargo, ante la situación en que nos encontramos, una Junta, siempre y cuando esté debidamente calibrada, pudiera servir como puente hacia un mejor futuro para Puerto Rico, un futuro que incluya la estrella número 51 en la bandera americana», indicó Pierluisi.

La medida, que sustituye el 4900 provee mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la deuda y la exclusión del controvertido lenguaje que permitía transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares en Vieques al Gobierno de Puerto Rico, confirmó El Nuevo Día.

Hasta el último momento, el punto de la discordia entre el speaker Paul Ryan y el Tesoro fue el nombramiento de los miembros de la junta. La medida es producto de una negociación entre los líderes del Congreso y la administración del presidente Barack Obama.

Lee en este enlace el proyecto de la junta federal de control fiscal.

Radican nuevo proyecto que impone la junta federal de control fiscal

Es producto de una negociación entre los líderes del Congreso y el Tesoro

jueves, 19 de mayo de 2016 – 12:30 AM

Actualizado en: jueves, 19 de mayo de 2016 – 6:18 AM   Por José A. Delgado

Con amplios poderes la junta de control fiscal (semisquare-x3)
El presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, negoció directamente los últimos acuerdos de la medida. (Archivo / AP)

WASHINGTON –  Después de múltiples retrasos, el liderato republicano de la Cámara de Representantes presentó anoche la nueva versión del proyecto que impondría una junta federal de control fiscal sobre el Gobierno de Puerto Rico, el cual los demócratas confían podrá viabilizar mejor los procesos de reestructuración de la deuda pública de la Isla.

A solo seis semanas de que el Gobierno de Puerto Rico incumpla con gran parte de un pago de $2,000 millones que tiene programado para el 1 de julio, la legislación 5278 sustituye, con cambios y nuevo número, el 4900 que fue frenado el pasado 13 de abril por republicanos y demócratas del Comité de Recursos Naturales.

Los cambios –negociados con los demócratas y el Tesoro, y en medio de un avivamiento del fuerte cabildeo de firmas de inversiones– proveen mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la deuda y la exclusión del controvertido lenguaje que permitía transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares en Vieques al Gobierno de Puerto Rico.

Aunque  la medida puede tratarse de llevar a votación en algún momento de la semana próxima, fuentes republicanas advirtieron que los acuerdos  entre los líderes demócratas y republicanos de la Cámara baja y la administración del presidente Obama, no significan necesariamente que la legislación tenga todo el camino despejado en la Cámara baja.

Tras ser radicado, ahora se reanuda la búsqueda de votos y la gran tarea para el speaker Paul Ryan -quien negoció directamente  los últimos acuerdos con la portavoz de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), y el Departamento del Tesoro- es conseguir respaldo dentro de su caucus, pues muchos de sus miembros han estado  renuentes  a autorizar cualquier reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

«Vamos hacia adelante, hay un acuerdo», afirmó en horas de la tarde de ayer  el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), a la publicación Politico.

La composición de la Junta 

Hasta el último momento, el punto de la discordia entre el speaker Ryan y el Tesoro fue el nombramiento de los miembros de la junta.

Como el proyecto 4900, la junta va a estar formada, por siete miembros, seis de ellos propuestos por los líderes del Congreso.

Los miembros de la junta, uno de los cuales deberá tener residencia o negocio primario en Puerto Rico, deberán ser expertos en finanzas o negocios, no ser funcionarios del gobierno ni exfuncionarios electos ni tener conflictos de interés.

A última hora, en vez de obligar al presidente a seleccionar los nombramientos entre los propuestos por el Congreso de EE.UU., el proyecto indica que el inquilino de la Casa Blanca debe considerar escoger entre los recomendados por el speaker cameral (dos), el líder de la mayoría del Senado (dos), la  portavoz  de la minoría cameral (1) y el líder de la minoría del Senado (1).

Pero, el presidente de EE.UU. no  estará obligado a aceptar las recomendaciones del liderato congresional. El proyecto 5278 excluye al gobernador de Puerto Rico de la junta. En el 4900 era miembro sin derecho a voto.

Moratoria

Otro paso de avance para los demócratas sería el lenguaje del borrador que permite extender la moratoria en el cobro de deudas del Gobierno de Puerto Rico, la cual  se impondría tan pronto el proyecto sea aprobado por el Congreso.

La legislación 4900 proponía que la moratoria se extendiera hasta el 15 de febrero de 2017. Bajo el nuevo proyecto puede alargarse hasta el 1 de mayo de 2017, si la junta de control fiscal lo entiende necesario, de acuerdo a fuentes legislativas con conocimiento directo de la legislación radicada anoche.

Por medio del  proyecto, la junta federal solo necesitará borradores de auditoría de una dependencia gubernamental y negociaciones voluntarias «de buena fe» para cinco de los siete  miembros de la junta poder llevar un proceso de reestructuración de una dependencia pública ante un juez.

No a un rescate

En busca de suavizar los temores de los más conservadores, que a mediados de abril lograron frenar el proyecto 4900, el vicepresidente del Comité de Estudio Republicano (RSC), Andy Barr (Kentucky), anunció ayer que  revivirá un proyecto independiente para prohibir expresamente por ley rescates financieros a gobiernos locales, estatales o territoriales, confirmó su portavoz, Rick VanMeter.

Barr sostuvo que «quieren enviar el mensaje de que no vamos a rescatar a Puerto Rico, pero tampoco a Illinois, California y otros estados con grandes problemas para pagar sus deudas».

El RSC, que reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara baja, ha sido enfático en rechazar el acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

Fuerte control fiscal 

Al igual que la versión anterior, la nueva medida propone retener  el amplio  poder de la junta para tomar las decisiones últimas sobre los asuntos presupuestarios y fiscales de Puerto Rico.

Así mismo, la legislación obliga al gobernador a rendir cuentas a los miembros de la junta, cada tres meses, sobre el balance de ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico.

La junta podrá revisar toda legislación aprobada en la Isla, aunque, según el proyecto, quedarían exentas las medidas que lleguen con un análisis de costo.

Al igual que el 4900, la legislación  indica que la nueva autoridad federal que se quiere colocar por encima del Gobierno de Puerto Rico estaría a cargo de cualquier nueva emisión de deuda.

La legislación propone además  autorizar la junta a  hacer recomendaciones de política pública y obtener respuestas porescrito del gobierno en torno a si implantará o no esas recomendaciones.

Para poderse eliminar la junta, tendrá que certificar que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con cuatro presupuestos equilibrados consecutivos. Es decir, que prácticamente estaría vigente por lo menos todo el próximo cuatrienio.

Beneficios laborales

Si el poder de reestructuración de la junta seguirá creando jaquecas entre los republicanos, la permanencia en la legislación de la reducción de beneficios laborales alejará votos demócratas.

Por ejemplo, en  la legislación se queda la autorización al gobernador de Puerto Rico para reducir durante cuatro años el salario mínimo –de $7.25 por hora a $4.25 por hora– de los que tienen 25 años o menos.

Todos los sectores políticos en Puerto Rico  –que en su mayoría han rechazado el poder de la junta sobre el Gobierno de Puerto Rico– se oponen también a ese apartado de la legislación.

Igualmente, sigue en la medida la exclusión de Puerto Rico de la norma  ejecutiva que  acaba de oficializar el presidente  Obama para permitir que personas que ganen hasta  $47,476 tengan acceso al pago de horas extras.

Hasta esta semana, el salario máximo que definía el pago o no de horas extras era de $23,660.

Aunque se excluye a la Isla de la directriz del presidente Obama, la medida ordenaría a la Oficina de Contraloría General (GAO) un estudio sobre su impacto en la economía de Puerto Rico y requiere el posterior visto bueno del Departamento del Trabajo de Estados Unidos  para poder implantarlo.

Desarrollo económico

Como prometió la semana pasada a la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico  el speaker Ryan, la legislación incluye la propuesta de crear un grupo de trabajo para estudiar alternativas de desarrollo económico para la Isla. Los miembros del task force deben ser designados 30 días después de la medida ser convertida en ley. Y el grupo de trabajo debe rendir un informe antes de que termine el año.

También se le pide a la GAO un estudio sobre la vigencia del programa HUBZone, de la Administración de Pequeños Negocios, en Puerto Rico.

Iniciativas de desarrollo económica ha sido una condición de autoridades del gobierno de Puerto Rico, incluido el gobernador Alejandro García Padilla y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, para poder respaldar una medida que consideran otorga demasiados poderes sobre la isla a siete funcionarios no electos por el pueblo.

Desde el pasado miércoles 18 de mayo, el liderato republicano cameral estuvo  aplazando casi diariamente la presentación de un proyecto que tiene el efecto de disminuir más la limitada autonomía del gobierno de Puerto Rico.

Reacciones

«Cualquier cambio futuro se hará en las reuniones públicas del comité», indicó el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah).

La medida tiene como autor principal al congresista Sean Duffy, y como coauspiciadores a Bishop y al también republicano James Sensenbrenner. Tanto Duffy como Sensenbrenner son de Wisconsin como el speaker Ryan.

En una declaración escrita, el congresista Duffy afirmó que «años de políticas públicas desastrosas han dañado completamente la economía de Puerto Rico» y que por ello «la Isla y millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una crisis humanitaria».

«Por eso debemos permitir una reestructuración responsable de la deuda pública de Puerto Rico, y hacerlo sin utilizar dinero de los contribuyentes de Wisconsin para un rescate financiero», sostuvo Duffy.

Sensenbrenner sostuvo que la legislación es una alternativa «astuta y fiscalmente prudente».

Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aunque considero que la junta «es una vergüenza» para Puerto Rico, sostuvo que «la esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la junta de supervisión—se ha acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo».

Lee en este enlace el proyecto de la junta federal de control fiscal

Cámara Representantes avanza con plan para Puerto Rico

La Isla ha estado inmersa en un estancamiento económico durante una década, y más de 200.000 personas han abandonado Puerto Rico en los últimos cinco años

Rob Bishop

AP

WASHINGTON (AP) — Después de semanas de retrasos, la Cámara de Representantes logró un avance en la preparación de una ley que ayudará a Puerto Rico a gestionar su deuda pública de 70.000 millones de dólares.

Una propuesta de ley revisada y presentada el miércoles por la noche crearía una junta de control para ayudar a administrar las obligaciones financieras del territorio estadounidense y supervisar la reestructuración de parte de la deuda. Aunque es la tercera versión del proyecto, esos objetivos se mantienen sin cambios.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, republicano por Utah, ha dirigido las negociaciones sobre la iniciativa y trabajado de cerca con el presidente de la cámara, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, con legisladores demócratas y con la Casa Blanca. El objetivo era redactar un texto que pueda aprobarse tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado antes de que Puerto Rico incumpla un plazo de deuda de 2.000 millones de dólares, que cumple el próximo 1 de julio.

El comité votaría la ley a partir de la semana que viene.

Bishop presentó una primera versión de la iniciativa el mes pasado, pero canceló una votación del comité ante las objeciones de ambos partidos. Desde entonces ha trabajado estrechamente con Ryan para ganarse a los conservadores, que temen que la medida siente un precedente ante los estados con problemas financieros, y a los demócratas a los que les preocupa que la junta de control sea demasiado poderosa y favorable a los acreedores.

La nueva versión del texto incluye concesiones a republicanos, demócratas y miembros que quieren asegurarse de que el Congreso tiene la última palabras sobre quién se sienta en la junta.

Bishop esperaba presentar la propuesta la semana pasada, pero el miércoles señaló que los retrasos se habían debido principalmente al nombramiento de los siete integrantes de la junta. Según el nuevo texto, el presidente Obama escogería a todos menos uno de los miembros de listas proporcionadas por los cuatro líderes republicanos y demócratas de la Cámara y el Senado. Si Obama no elige de entre esas listas, los candidatos requerirán confirmación del Senado.

Los legisladores se han esforzado para que el texto de la ley impida que Obama pueda rechazar fácilmente a los nominados y la junta se elija con rapidez.

La última versión también elimina una polémica cláusula que habría transferido al gobierno de Puerto Rico un terreno federal en la isla cercana de Vieques, una gran concesión a los demócratas, cuyos votos podrían hacer falta en la Cámara de Representantes.

El texto sí conserva una cláusula que permite al gobierno puertorriqueño bajar los requisitos del salario mínimo federal para algunos trabajadores jóvenes, algo a lo que también se oponen los demócratas.

Según el texto, la junta de control exigiría al gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, lo que incluye orientar al territorio para proporcionar financiamiento adecuado para las pensiones. La isla tiene un déficit de más de 40.000 millones de dólares en el financiamiento de pensiones públicas.

Los acreedores han expresado su preocupación por quedar segundos en la lista de pagos tras las obligaciones de pensiones, mientras que el Gobierno de Obama ha presionado para asegurarse de que se priorizan las pensiones.

Bishop dijo que el objetivo de la legislación es asegurar que se paga a todo el mundo.

“No estamos en el proceso de elegir ganadores y perdedores en esto, y es precisamente por eso por lo que está la junta, para que pueda hacer un proceso ordenado de eso”, dijo la semana pasada.

La Isla ha estado inmersa en un estancamiento económico durante una década, y más de 200.000 personas han abandonado Puerto Rico en los últimos cinco años, reduciendo la base fiscal de la isla. Los problemas financieros empeoraron como resultado de escollos en la economía estadounidense en general, y el gasto público en Puerto Rico continuó sin supervisión.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma. El servicio de la agencia se produce en cinco idiomas: inglés, alemán, holandés, francés y español.

Radican el nuevo proyecto que impone la junta federal de control fiscal

Es producto de una negociación entre los líderes del Congreso y el Tesoro

miércoles, 18 de mayo de 2016 – 11:34 PM  Por José A. Delgado

Congreso de Estados Unidos (horizontal-x3)
La medida, que sustituye el 4900, provee mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)

WASHINGTON.–  Con el número 5278, el liderato republicano de la Cámara de Representantes sometió esta noche la nueva medida que busca colocar una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Ric

La medida, que sustituye el 4900, provee mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la deuda y la exclusión del controvertido lenguaje que permitía transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares en Vieques al Gobierno de Puerto Rico, confirmó El Nuevo Día.

Hasta el último momento, el punto de la discordia entre el speaker Paul Ryan y el Tesoro fue el nombramiento de los miembros de la junta. La medida es producto de una negociación entre los líderes del Congreso y la administración del presidente Barack Obama.

Como el proyecto 4900, la junta va a estar formada, de acuerdo con el borrador más reciente, por siete miembros, seis de ellos propuestos por los líderes del Congreso. Los miembros de la junta, uno de los cuales deberá tener residencia o negocio primario en Puerto Rico, deberán ser expertos en finanzas o negocios, no ser funcionarios del gobierno, ni exfuncionarios electos ni tener conflictos de interés.

A última hora, en vez de obligar al presidente a seleccionar los nombramientos entre los propuestos por el Congreso de EE.UU., el lenguaje final indica que el inquilino de la Casa Blanca debe considerar escoger entre los recomendados por el speaker cameral (dos), el líder de la mayoría del Senado (dos), la  portavoz  de la minoría cameral (1) y el líder de la minoría del Senado (1). Pero, no estará obligado a ello.

Un paso de avance para los demócratas sería el lenguaje del borrador que permite extender la moratoria en el cobro de deudas del Gobierno de Puerto Rico, la cual  se impondría tan pronto el proyecto sea aprobado por el Congreso.

La legislación 4900 proponía que la moratoria se extendiera hasta el 15 de febrero de 2017. Bajo el nuevo proyecto puede alargarse hasta el 1 de mayo de 2017, si la junta de control fiscal lo entiende necesario, dijo una fuente legislativa.

Por medio del lenguaje más reciente, la junta federal solo necesitará borradores de auditoría de una dependencia gubernamental y negociaciones voluntarias «de buena fe» para cinco de los siete miembros de la junta poder llevar un proceso de reestructuración de una dependencia pública ante un juez.

Al igual que la versión anterior, la nueva medida propone retener el amplio poder de la junta para tomar las decisiones últimas sobre los asuntos presupuestarios y fiscales de Puerto Rico.

En  la legislación se queda la autorización al gobernador de Puerto Rico para reducir durante cuatro años el salario mínimo –de $7.25 por hora a $4.25 por hora– de los que tienen 25 años o menos.

Reacciones

«Cualquier cambio futuro se hará en las reuniones públicas del comité», indicó el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah).

El congresista Duffy, por su parte, afirmó que «años de políticas públicas desastrosas han dañado completamente la economía de Puerto Rico» y que por ello «la Isla y millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una crisis humanitaria».

«Por eso debemos permitir una reestructuración responsable de la deuda pública de Puerto Rico, y hacerlo sin utilizar dinero de los contribuyentes de Wisconsin para un rescate financiero», sostuvo Duffy.

Sensenbrenner sostuvo que la legislación es una alternativa «astuta y fiscalmente prudente».

Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aunque considero que la junta «es una vergüenza» para Puerto Rico, sostuvo que «la esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la junta de supervisión—se ha acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo».

Lee en este enlace el proyecto de la junta federal de control fiscal.

English Version: Extensive Powers for the Financial Control Board

The new draft bill preserves a board with a strong grip on the government of Puerto Rico, although it makes the debt restructuring more feasible

jueves, 19 de mayo de 2016 – 7:35 AM   Por José A. Delgado

Paul Ryan (horizontal-x3)
Paul Ryan (AP)

WASHINGTON – Last night, and after several delays, the Republican leadership of the House of Representatives gave the finishing touches to the new version of the bill that imposes a federal fiscal control board over the government of Puerto Rico. However, Democrats are confident that it will better aid the process of restructuring the island’s public debt.

Just six weeks before the Puerto Rican government defaults in a large portion of a $2-billion payment programmed for July 1st, the legislature will substitute, with changes and a new number, bill 4900, which Republicans and Democrats from the Committee on Natural Resources halted on April 13th.

Last night, El Nuevo Día confirmed that the changes—many of which were negotiated with the Democrats and the Treasury, and amidst a revival of strong lobbying efforts from investment firms—will include greater flexibility in the process to restructure the debt and will exclude the controversial language that allowed 3,100 acres of old military land in Vieques to be transferred to the government of Puerto Rico.

Although they could attempt to bring the measure to a vote sometime next week, Republican sources warned that the preliminary agreements they expected would allow for its submission do not mean the legislation has clear passage in the Committee or in the House of Representatives.

Now the search for votes continues, and, according to legislative sources, the big task for Speaker Paul Ryan—who negotiated the most recent agreements directly with Minority Leader Nancy Pelosi (D-California) and the Department of Treasury—is to obtain support within his caucus, since many of its members have been reluctant to authorize any public debt restructuring for Puerto Rico.

“We are moving forward — there is a deal,” stated the chairman of the Committee on Natural Resources, Rob Bishop (R-Utah), yesterday afternoon to Politico magazine. In spite of that, negotiations had to carry on.

Structure of the Board

Up until the last moment, the main bone of contention between Speaker Ryan and the Treasury continued to be the appointment of members of the board.

As it was in bill 4900, and according to the latest draft, the board will consist of seven members, six of which will be nominated by the leaders of Congress.

But the most recent language grants the President of the U.S., in the interest of safeguarding his power of appointment, the opportunity of rejecting the candidates nominated by Congress.

The other concern for Obama’s administration could be that, given the language promoted by the Speaker’s office, four out of the seven members of the board would be nominated by the Republican majority.

With the intention of smoothing over complaints from the White House, a preliminary agreement adopted early yesterday was aimed at allowing the President of the U.S. to reject the pre-candidates suggested by the leaders of Congress and to request a new list.

However, if he still would not accept the recommendations from Congress, then he would have to submit the appointments to approval by the Senate, which has a slight Republican majority (54-46).

To strengthen their perspective, Republicans stipulated that if by January 3rd, 2017 the Senate had not confirmed the appointments made by President Obama, the entire legislation would be cancelled. With this, they expect to deter the possibility that President Obama opts to send the appointments to the Senate.

Moratorium

Another step forward for Democrats would be the language of the draft bill that allows extending the moratorium on the collection of debts for the government of Puerto Rico, which would be enacted as soon as the bill is approved by Congress.

H.R. 4900 proposed that the moratorium be extended until February 15, 2017. Under the new bill, this period could be extended until May 1st, 2017 if the financial control board deems it necessary, as confirmed a legislative source.

According to the most recent language, the federal board will only need auditing drafts from government agencies and voluntary «goodwill» negotiations for five of the seven members of the board to be able to take the process of restructuring a public agency before a judge.

‘No’ to a Bailout

Seeking to assuage the fears from the most conservative, who in mid-April managed to halt H.R. 4900, the vice president of the Republican Study Committee (RSC), Andy Barr (Kentucky), announced yesterday that he will resurrect an independent project to expressly prohibit by law financial bailouts to local, state or territory governments, as confirmed his spokesperson Rick VanMeter.

Barr stated that they «want to send the message that we will not bail out Puerto Rico, but neither will we bail out Illinois, California and other states with major problems to pay their debts.»

The RSC, which gathers 171 out of the 246 Republicans of the lower House, has been emphatic in refusing access for the government of Puerto Rico to Chapter 9 of the U.S. Bankruptcy Code.

Strong Fiscal Control

As it was in the previous version, the new measure propounds to keep the extensive power the board possesses to make ultimate decisions about budgetary and financial issues in Puerto Rico.

Similarly, the legislation requires that the Governor render accounts to the members of the board every three months, regarding the balance of income and expenses for the government of Puerto Rico.

The board will be able to review all legislations approved on the island, although, according to the bill, the measures that include a cost analysis will be exempted.

Just like in H.R. 4900, the legislation states that the new federal authority they propose to impose over the government of Puerto Rico would be in charge of any new debt issuance.

The legislation also proposes to authorize the board to make recommendations on public policy, and to expect written responses from the government on whether these recommendations will be adopted or not.

Employment Benefits

If the powers granted to the board for debt restructuring have caused headaches among the Republicans, the prevalence of a reduction to employment benefits in the legislation will scare away the Democrat votes.

For instance, the legislation has kept the authorization for the Governor of Puerto Rico to decrease the minimum wage for four years—from $7.25 per hour down to $4.25 per hour—for those aged 25 or younger.

All political sectors in Puerto Rico—of which most have rejected the powers of the board over the government of Puerto Rico—also oppose this clause in the legislation.

Likewise, the measure has also kept the exclusion of Puerto Rico from the executive order that has just been formalized by President Obama, allowing those earning up to $47,476 to have access to overtime pay.

Up until this week, the maximum salary that determined whether overtime was paid or not was $23,660.

Although the island has been excluded from President Obama’s directive, the measure would require a study of its impact on the Puerto Rican economy from the General Accounting Office (GAO), and it would also require the subsequent approval from the U.S. Department of Labor to be able to enact it.

Economic Development

Like Speaker Ryan promised the Puerto Rico Private Sector Coalition, the legislation will include a proposal to create a task force that will evaluate, possibly within a 90-day period, alternatives for the economic development of the island.

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