El nuevo proyecto PROMESA fue aprobado con mi apoyo, de forma mayoritaria y bipartidista, en la Comisión de Recursos
Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de la cual soy miembro. Esto significa un paso al frente en un esfuerzo para ayudar a los 3.4 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico, cuyo gobierno se encuentra a punto del colapso y cada día está más cerca de incumplir con sus obligaciones medulares hacia sus ciudadanos y sus acreedores.
La junta supervisora propuesta, si sabemos trabajar con ella, puede ser una buena herramienta para estabilizar las finanzas públicas, asegurar disciplina fiscal y reestructurar nuestras deudas de forma justa para todas las partes.
Este proceso no ha sido fácil. Si Puerto Rico fuera un estado no estaríamos en esta situación precaria y este tipo de legislación congresional no sería apropiada ni necesaria. Pero así estamos y así es. En este momento, muchos están halando cada cual para su lado, yo siempre voy a halar para el lado de Puerto Rico. Darle el apoyo a este proyecto de ley—aunque es un proyecto bueno, sólido y justo—es retador para mí personal y políticamente. Pero es lo correcto, y por eso continuaré luchando por PROMESA sin miedo ni titubeos.
Se están diseminando muchas objeciones al proyecto a base de información equivocada o de posiciones idealistas. Yo tengo la responsabilidad de atender los problemas de Puerto Rico con seriedad, por lo que el pueblo puede contar con que todas mis acciones están dirigidas a mejorar la calidad de vida en nuestra isla y a lograr que Puerto Rico vuelva a la ruta del progreso.
Tengo que reiterar que el gobierno federal tiene responsabilidad compartida en la crisis porque es el resultado del trato desigual que recibe Puerto Rico a causa del indigno estatus territorial de la isla. Ese trato desigual se tiene que acabar y ese es mi compromiso.
En cuanto al impacto de PROMESA sobre el estatus de Puerto Rico, el proyecto, al promover la creación de una Junta de Supervisión Fiscal, no altera ni modifica la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ahora bien, hace explícito y manifiesto lo que los estadistas siempre hemos denunciado: que desde 1898 hasta el presente, Puerto Rico ha estado y continúa estando sujeto a los poderes plenarios del Congreso al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.
Todos los días lucho para sacar a Puerto Rico del poder de la Cláusula Territorial y lograr la igualdad al convertirlo en un estado soberano de Estados Unidos. El Proyecto PROMESA abre por fin las puertas para la descolonización de Puerto Rico, elimina al ELA como opción real y autoriza la celebración de una consulta de estatus, que yo propongo sea sobre la admisión de Puerto Rico como un estado.
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