Ahora, cuando el proyecto que dispone para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico se encamina a ser considerado por la Cámara de Representantes para que luego pase al Senado de Estados Unidos, la responsabilidad del liderato político local y de sus aliados en el Congreso es cerrar filas con el bienestar de los puertorriqueños.

No hay lugar para divisiones que empañen el que, tras sudados esfuerzos, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara haya votado a favor de la medida que crea la Junta federal que encaminará la reestructuración de las obligaciones y supervisará los maltrechos asuntos fiscales de la Isla.

El cabildeo en Washington debe centrarse en buscar mejores condiciones para el estímulo económico de la Isla; no a destruir el instrumento de reorganización de la deuda.

Lo que corresponde es convencer a la Cámara y al Senado de Estados Unidos de que la legislación que crea la junta de supervisión fiscal debe proveer herramientas para la actividad económica, junto a la prevista reestructuración.

Hasta ahora la legislación no contiene disposiciones que provean mecanismos dirigidos a impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, que ciertamente son esenciales para su recuperación. Dispone para la
creación de un comité que estudie las necesidades de revitalización de la Isla.

La conciencia de que la recuperación económica del País es central en el esfuerzo de cabildeo, no debe confundirse con argumentos ideológicos y electorales. No es justo para el pueblo de Puerto Rico que líderes locales contaminen, con el estilo divisionista que practican en la Isla, al liderato congresional que ha abogado por la causa de Puerto Rico hasta ubicarla en este momento cumbre.

Sin menospreciar las inquietudes por el ámbito de poder que la legislación otorga a la Junta, lo propio en este momento es que los senadores y congresistas amigos de la Isla cierren filas con el liderato de la Cámara federal, republicano y demócrata, que sacó la legislación de reestructuración del peligroso estancamiento en que se encontraba.

Lo que no debe ocurrir es que en esta recta final se bloquee la legislación, ni en la Cámara ni en el Senado. Confiamos que, tras el voto de la Cámara, el Senado establezca un itinerario de trabajo rápido para que la legislación pueda regresar al cuerpo hermano y completarse en una versión final antes de la fecha crítica del 1 de julio, cuando Puerto Rico anticipa un impago de alrededor de $2,000 millones.

Tanto el senador demócrata Robert Menéndez como el precandidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders, senador por Vermont, y su colega por Massachusetts, Elizabeth Warren, se han expresado a favor de que el Ejecutivo federal provea asistencia a Puerto Rico más allá de apoyar la legislación congresional. Sanders ha planteado incluso la intervención de la Reserva Federal para aliviar la carga que representa la deuda estimada en cerca de $70,000 millones.

El hecho es que pararevitalizar la economía puertorriqueña se necesita crear un organismo federal con claro control y autoridad que garantice decisiones fiscales adecuadas para plantar los pilares del desarrollo económico y permitir que Puerto Rico recobre su credibilidad y la confianza de los mercados financieros.

Al mismo tiempo, Puerto Rico tiene la obligación de poner en marcha incentivos eficaces para atraer capital del exterior que impulse el desarrollo, medidas que permitan la revitalización del sector privado y una reforma real del aparato gubernamental.

Es un duro camino el que debemos emprender solidariamente hacia la recuperación. Mientras más pronto iniciemos la marcha, más rápidamente llegaremos a la meta, que es devolver al País a la ruta del progreso.

En momentos de crisis, la razón tiene que prevalecer sobre las emociones. De eso deben tomar nota los líderes locales y congresionales.