Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
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García Padilla presentó ante la Legislatura su presupuesto recomendado para el año fiscal 2016-17. Este presupuesto tiene la desgracia de ser pionero en cosas que no halagan. Primero, es el presupuesto que más tarde se presenta ante la Legislatura, casi 30 días antes de su vigencia. Segundo, es el primer presupuesto que recomienda violentar la Constitución al no destinar los fondos para las Obligaciones Generales. Por último, es el primer mensaje de presupuesto que es enlatado y no se ofrece de frente a los legisladores. Por eso el Pueblo quiere Junta.

Iván, por más que duela, el último presupuesto de Fortuño con cargo al fondo general fue de $9,076 millones. El primero del PPD tuvo cerca de $750 millones más con alrededor de $9,800 millones. Este año corriente se presentó uno de $9,800 millones con proyecciones para recaudar una suma igual. Esas sumas infladas reclamaron su espacio y cargamos hoy un déficit de cerca de $500 millones. O sea, aprobamos gastar $9,800 millones pero solo teníamos ingresos para $9,300. Por eso hay Junta. En esos gastos, este presupuesto corriente tiene asignaciones para el pago de la deuda pública constitucional con poco más de $1,000 millones.

Ante este escenario, lo sensato hubiera sido recomendar ajustar los gastos del gobierno. Bastaba con reducir los gastos por esos $500 millones y así pagar todas nuestras obligaciones. El presupuesto recomendado solo asigna $209 millones para las Obligaciones Generales, cantidad que debió ser poco más de $1,000 millones. Ante una reducción de $800 millones a una partida del presupuesto vigente ($1,000M – $209M), esperarías una reducción en igual extensión en el total. La matemática de Alejandro no funciona así. El presupuesto solo se reduce en $200 millones (de $9,300M a $9,100). ¿Los otros $600M? Baile, botella y baraja.
Se justifica el impago con la excusa de que otros países destinan el 7% de para la deuda. Lo que no dice es que en este presupuesto solo se recomienda asignar el 2%. El 7% sería una cantidad más cercana a la necesidad actual. Pero no, queremos el caos y las demandas. Iván, estamos presupuestado un desastre.
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Lcdo. Iván Rivera
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Ramón, el gasto real del último año fiscal de Fortuño fue de $11,300 millones. Es muy fácil hablar de reducción presupuestaria cuando se incrementa el gasto público de manera artificial con prestamos sin fuente de repago. Ahora bien, eso es historia pasada.

Tengo que admitirte que la administración actual de mi partido ha realizado un vago ejercicio presupuestario. Además de las deficiencias que señalas en el mismo, con énfasis en la inobservancia constitucional que describes, existe un problema mayor. El presupuesto presentado se allana a las circunstancias presentes del país sin muestra de un esfuerzo analítico real para manejar la misma levantándonos sobre nuestros propios pies. Eso es lo que junto contigo en Hablando Claro he categorizado como “pereza gubernamental”. Lamentablemente, nuestros administradores de turno se han resignado a que alguien en la metrópoli nos resuelva el problema. Por lo tanto, es contradictorio quejarse de imposiciones coloniales si nos comportamos como colonizados.

El resultado neto del presupuesto presentado es un incremento en el gasto operacional del Estado de alrededor de $800 millones que de manera alguna se justifica bajo el fundamento del incremento natural de costos. No podemos perder de perspectiva que ese incremento representa casi un diez por ciento del total de los gastos operacionales.

La precaria situación fiscal y económica del país amerita un ejercicio de análisis profundo sobre distintos escenarios alternativos y medidas que por lo menos pudieran salvaguardar el orden de prelación sobre la deuda constitucionalmente protegida manteniendo las operaciones fundamentales del Estado. Existen varias alternativas legales para ello. Desde, (1) la consolidación de funciones gubernamentales que nos permitan ahorrar dinero en esas operaciones, (2) pasando por el traspaso de fondos destinados a pago de otras deudas que carecen de la protección constitucional antes mencionada –por ejemplo los de COFINA –, (3) la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento junto con la creación de un nuevo ente fiscal puertorriqueño que se atempere a los tiempos, hasta (4) medidas más drásticas, como por ejemplo, la reducción de jornada en aquellas áreas que no puedan ser catalogadas como esenciales