A tan solo nueve días de que Puerto Rico se enfrente al impago de al menos $1,900 millones, el equipo fiscal de la administración de Alejandro García Padilla confirmó ayer que se suspendieron las conversaciones con los acreedores, lo que aplaza la posibilidad de lograr un acuerdo de reestructuración voluntario y allana el terreno para más demandas.

Pocas horas después de que el gobierno confirmó que no había logrado acuerdos de reestructuración con los acreedores de deuda de Obligación General y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), un grupo de tenedores de bonos de Obligación General demandó al gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal por el Distrito Sur de Nueva York.

Y lo peor está por venir.

Jacana Holdings, Lex Claims, MPR Investors y RRW presentaron su de-manda con el propósito de invalidar la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera, que les impide reclamar el cobro de obligaciones hasta 2017.

Sin acuerdo y bajo asedio de demandas, el gobernador García Padilla y la secretaria de Gobernación, Grace Santana, urgieron ayer una vez más al Senado federal a aprobar el proyecto congresional H.R. 5278 que crearía una Junta Federal de Control Fiscal, a cargo de ordenar el pago y la reestructuración de la deuda, así como aplicar un plan de austeridad fiscal.

Las entidades demandantes compraron bonos de la emisión de $3,500 millones que hizo la administración García Padilla en 2014, a los cuales le concedieron garantía de entera fe y crédito de la Constitución del Estado Libre Asociado.

El asesor legal de los demandantes, el bufete Mark Stancil, de Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber LLP, aseguró que el gobernador “ha violado deliberadamente la primera prioridad garantizada a los tenedores de bonos de Obligación General por la Constitución de Puerto Rico y ha infringido protecciones constitucionales federales centenarias de derechos de propiedad y contractuales. La Ley de Moratoria es transparentemente ilícita”.

Ante estas declaraciones, la secretaria de la Gobernación, contestó que “Puerto Rico no puede pagarles” y que con esta demanda el grupo “de fondos buitres” pretende interrumpir la capacidad del Estado Libre Asociado de mantener sus operaciones y proporcionar servicios esenciales para los residentes en Puerto Rico.

Por su parte, Héctor Negroni, cofundador de Fundamental Advisors y experto en bonos municipales por más de 30 años, dijo: “Lamento los comentarios de Grace Santana confundiendo demandas con las negociaciones”. “Una no tiene nada que ver con la otra. Los bonistas constitucionales llevamos meses intentando negociar con la Fortaleza a pesar de los retrasos y cancelaciones. Hemos ofrecido varias propuestas para ayudar al gobierno a evitar un impago -el cual sería voluntario y selectivo por su parte- afectando negativamente a miles de bonistas locales por no decir que violaría abiertamente la Constitución de Puerto Rico. La última oferta sobre la mesa fue nuestra, por ende la pelota está en su cancha. Reiteramos que quedamos listos para nuevamente negociar cuando la administración lo esté”.

Otro grupo de tenedores de bonos de Obligación General hizo ayer una nueva propuesta al gobierno donde aceptaba el recorte del 11% del valor nominal existente de los $18 mil millones de bonos, lo cual estiman que reduciría el servicio de la deuda en $ 2,900 millones durante los primeros cinco años.

El asesor legal Andrew Rosenberg, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison LLP, pareció hablar directamente a los presidentes y candidatos a la gobernación de los dos partidos principales, David Bernier y Ricardo Rosselló, a quienes les aseguró que la propuesta provocaría un “respiro” al aplazar los pagos de principal y reducir las tasas de interés contractuales hasta julio de 2022, en que termina el cuatrienio.

Por lo pronto, los distintos grupos de acreedores pudieran correr al tribunal a reclamar que su pago sea prioridad sobre todas las demás obligaciones.

En la demanda presentada ayer se alega que la cantidad total de la deuda protegida por la Constitución es menos de $18,300 millones, lo que consideran “solo una pequeña porción de los $70 mil millones que Puerto Rico ha comunicado como su deuda total”.

Después de dos intentos del gobierno en presentar una propuesta y contrapropuesta a los acreedores durante una semana de negociaciones, anunciaron ayer que cesaron las conversaciones confidenciales.

Las propuestas del gobierno incluían un recorte de 19% del principal en el caso de los bonos de Obligaciones Generales y 20% en el caso de Cofina.

Estas negociaciones eran lideradas por las firmas asesoras de reestructuración Millstein & Co. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, cuya extensión de los contratos por $69 millones para el próximo año fiscal está siendo cuestionada por la Legislatura que pretende prescindir de sus servicios por no rendir el resultado esperado.

La suspensión de las negociaciones es cónsona con la postura de la administración García Padilla de esperar que el Congreso estadounidense apruebe una herramienta de reestructuración. El proyecto congresional H.R. 5278, que crearía una autoridad territorial a cargo de pagar y reestructurar la deuda, así como de exigir al gobierno de Puerto Rico la implantación de medidas de austeridad fiscal, fue aprobado en la Cámara baja federal y se supone pase a votación en el Senado a fin de mes, según el portavoz de la mayoría republicana, Mitch McConnell.

Un informe preliminar de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público revela que se emitió deuda que pudiera ser inconstitucional. Todo esto puede ser materia de litigio en los tribunales, admitió el director de la nueva Autoridad Fiscal y de Asesoría Financiera, Víctor Suárez, en declaraciones previas a EL VOCERO.