El Senado de Estados Unidos podría votar en los próximos días sobre el proyecto de ley conocido como PROMESA, que crearía una Junta Federal de Control Fiscal que tiene entre sus propósitos principales asistir a Puerto Rico a superar la crisis fiscal, balancear nuestros presupuestos y recuperar el acceso a los mercados financieros. PROMESA podría convertirse en ley la próxima semana, antes del plazo crítico del 1 de julio cuando la Isla se enfrente al impago de al menos $1,900 millones.

En múltiples ocasiones en las páginas de EL VOCERO hemos examinado y discutido las diversas circunstancias que llevaron a Puerto Rico a la encrucijada en la que ahora se encuentra; al borde de un impago billonario y a punto de ser prácticamente gobernado por un grupo de personas que no será elegido por los puertorriqueños. La corrupción, la falta de transparencia, presupuestos desbalanceados y la imposición de impuestos a diestra y siniestra a individuos y empresas, son factores importantes que ayudan a explicar el caos financiero que hoy nos agobia. Vale destacar, sin embargo, que la causa principal de la debacle económica ha sido y es la incapacidad de nuestros líderes políticos para formular los consensos necesarios en vías de crear proyectos estratégicos que trasciendan cambios de administración y que efectivamente eviten la caída libre al precipicio fiscal.

A la luz de los acontecimientos de los últimos meses, y en la víspera de la creación de una Junta Federal de Control Fiscal, cualquier análisis razonable concluiría que en esta ocasión nuestros políticos, especialmente aquellos que se intercambian el poder cada cuatro años, sentarían cabeza y de una vez por todas dejarían la guerra partidista para beneficio del Pueblo. Nada más lejos de la verdad. La nueva discusión en torno al estatus político y nuestra relación futura con Estados Unidos deja algo claro: nuestros líderes no aprenden por cabeza ajena, ni por la propia tampoco.

A raíz del alegato del procurador general de los Estados Unidos y la decisión del Tribunal Supremo Federal en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, en el que se determina que la Isla carece de soberanía política y que estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso estadounidense, el tema del estatus vuelve a ser principal en la discusión pública. Sin embargo, el discurso que genera cada frente político es de confrontación y de trinchera, lo que evitará que se produzcan consensos que adelanten una solución al limbo colonial en el que vivimos.

El pasado domingo, en entrevista exclusiva con EL VOCERO, el presidente de PPD, David Bernier reiteró su sorpresiva propuesta de celebrar un referéndum estadidad sí o no, el cual se llevaría a cabo en 2017 de este ganar las elecciones generales de noviembre. Líderes de su propio partido, entre ellos pasados gobernadores, se oponen a la idea. Lo que más sorprende es la
oposición que han expresado los líderes del PNP quienes en el pasado habían exigido una consulta similar.

El nuevo liderato del PNP, encabezado por el doctor Ricardo Rosselló, practica la semántica y propone por su parte una consulta estadidad o independencia a celebrarse el día de las elecciones generales el 8 de noviembre. Su propuesta fue derrotada anoche por la mayoría popular en el Senado. También ofrecen el Plan Tennessee como vía para lograr la estadidad.

Por su parte, el senador estadista Thomas Rivera Schatz llama “independentista encubierto” a Bernier y lo reta a no esperar a 2017 para celebrar el referéndum.

Mientras tanto, en la última sesión de este cuatrienio se pretendió revivir la discusión sobre la Asamblea Constitucional de Estatus, un compromiso programático de Alejandro García Padilla, que al igual que el plan para celebrar el primer plebiscito de estatus patrocinado por el gobierno federal (aprobado por el Congreso en diciembre de 2013) nunca se gestionó porque el gobernador pospuso la discusión de estatus ante la inminencia de la crisis fiscal.

En unos meses, una nueva generación de líderes tomará las riendas de Puerto Rico y estos tienen la responsabilidad moral y política de reconocer los errores del pasado para poder encarar el futuro con una nueva forma de hacer gobierno que no excluya el diálogo y el consenso. Estos tiempos exigen líderes que tengan la capacidad de trabajar un proyecto de país, a pesar de las hondas diferencias ideológicas que los distinguen.

De lo contrario, si no logramos pronto ponernos de acuerdo en el régimen procesal para atender nuestro futuro político, una Junta de Definición de Estatus no está tan lejos de la realidad.

El gobernador Alejandro García Padilla prolongó su viaje a Nueva York para sostener reuniones con asesores fiscales, días antes de que su administración se enfrente al impago más grande en la historia del Estado Libre Asociado, por alrededor de $1,900 millones que vencen el 1 de julio.

Originalmente, la Oficina de Prensa de La Fortaleza había informado que el gobernador iría a deponer en la vista del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas que ocurrió el lunes.

Informaron también que el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, estaría en la Gran Manzana “atendiendo reuniones relacionadas a la situación fiscal” de las cuales también participarían el secretario de Estado, Víctor Suárez; el secretario de Justicia, César Miranda; la secretaria de la Gobernación, Grace Santana; y el secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz.

El subsecretario de la gobernación, Eduardo Vergara, indicó ayer que el gobernador se encontraba reunido con congresistas y “grupos fiscales que asesoran al gobierno”, aunque no ofreció mayores detalles. La Oficina de Prensa de La Fortaleza aseguró que estaría ofreciendo detalles sobre las reuniones más adelante durante el día de ayer pero la información no se produjo más allá de informar que el primer ejecutivo había llegado a la capital federal ayer en la tarde.

Estas reuniones con congresistas surgen días antes de que el Senado federal lleve el proyecto congresional H.R. 5278 a votación, lo que según el portavoz de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ocurriría a fin de mes.

Simultáneamente, crece la oposición a la Junta de Control Fiscal federal con una resolución del Comité de Descolonización que reiteró el lunes el derecho de Puerto Rico al gobierno propio y la autodeterminación, luego de escuchar a 58 ponentes de distintas ideologías, incluido el gobernador. Grupos civiles también formaron una coalición compuesta por cientos de organizaciones, que convocaron a marchar el sábado 25 de junio.

Aunque la firma del presidente Barack Obama al proyecto de ley abreviado PROMESA podría ocurrir después del 1 de julio, los congresistas parecen estar despreocupados porque inmediatamente que se convierta en ley le cobijaría al gobierno de Puerto Rico una protección legal, que suspendería temporeramente los litigios, según fuentes de The Bond Buyer. No así los pagos del servicio de la deuda, que comoquiera estarían bajo la discreción de la Junta.