Si el Congreso de EE.UU. no aprueba antes del viernes, el proyecto federal Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (PROMESA), el escenario económico de la Isla se complicaría significativamente, ya que los tenedores de bonos de Puerto Rico, principalmente los de las Obligaciones Generales, garantizados por la Constitución, demandarán al País, con un fallo que finalmente obligará al gobierno a pagar.
Dicha determinación, pudiese reducir el presupuesto disponible en más de $1,000 millones, lo que sugeriría que el gobierno tendrá que hacer mucho más con mucho menos dinero.
Dicha determinación, al final del día, representará recortes y ajustes en todos los servicios que ofrece el País, sin descartarse los servicios esenciales de salud, seguridad y educación. A ello se suma el impacto que tuviese en los sistemas de retiros, principalmente en momentos en que la población puertorriqueña se sigue reduciendo, dejando a su paso una población cada vez más envejecida.
El economista Sergio Marxuach aseguró que el futuro de la Isla en estos momentos depende estrictamente del Congreso. Si aprueban el proyecto, se aplazan todas las demandas y se crea espacio para negociar. “Técnicamente la Isla no entraría en un impago y se establecerían las negociaciones. Obviamente la Isla no tendría crédito a corto plazo, por lo que el gobierno tendría que hacer sus ajustes en la operación diaria. Si no se aprueba nada antes del viernes, se complica el escenario. Proliferarán las demandas, principalmente, de los tenedores de los GO’s, y al final, el tribunal exigirá el pago”.
En torno al efecto inmediato para el ciudadano de a pie, indicó que áreas medulares como el servicio de salud se pudiese afectar ante la falta de pago a los proveedores; el comienzo de año escolar se pudiese atrasar ante la falta de pago al personal y la falta de materiales, el sistema de pago a los pensionados y otros servicios básicos, ya que tendrán que priorizar unos gastos sobre otros.
Para el economista Alfredo González, el impago es uno inminente, pero coincide con el gobierno en la urgencia de evitar una desintegración de la sociedad. “Si el gobierno sacrifica salud, seguridad y educación, la Isla caería en una desintegración de la sociedad, lo que da cabida a que los males sociales ataquen. Existe una responsabilidad de pagar y hay que hacerlo, pero en estos momentos no hay de otra que no sea la intervención del Congreso antes del viernes. De no ser así, se desatará un desorden en los tribunales, porque cada acreedor demandará al gobierno, lo que se diseminaría tanto, que generaría un desorden descomunal”.
El licenciado y analista John Mudd, aseguró que no pasará nada por los próximos tres a seis meses ante la posibilidad de un impago el próximo viernes mientras se dilucidan las demandas en los tribunales y se le exige al gobierno pagar. “Mientras tanto, los bonistas no cobran su dinero, lo que deja menos dinero circulando en la economía. El gobierno está mintiendo. El que se les obligue a pagar no implica que vayan a dejar de proveer los servicios esenciales al País. En las áreas de seguridad, educación y salud hay puestos que no representan servicios esenciales. Esta determinación la tendrá que tomar el gobierno, y lo más probable es que sí hayan despidos en el gobierno”.
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